Convención: Por qué la coalición de Boric rechazó en el pleno la figura de un Fiscal Nacional “sin dientes”

Jorge Poblete
El convencional Fernando Atria conversando con Pedro Muñoz en el pleno de este martes 3 en el ex Congreso. Foto: Karin Pozo / Agencia Uno.

Con algunos votos en contra del PC, el FA y abstenciones del Colectivo Socialista —que se sumaron a los rechazos de Chile Vamos y el Colectivo del Apruebo— el pleno devolvió este martes a la comisión las normas que creaban un Consejo Superior encargado de designar al fiscal nacional y codirigir el Ministerio Público. Los abogados Atria (FA) y Sepúlveda (PC) manifestaron su rechazo a entregar el mando de la institución a una figura colegiada, pese a las críticas del oficialismo al actual fiscal nacional por sus reuniones con senadores cuando fue designado en 2015.


Qué observar: El pleno devolvió este martes a la comisión de Sistema de Justicia las normas relativas a uno de los temas álgidos del debate desde la campaña de mayo del año pasado para elegir a los 155 integrantes de la Convención Constitucional (quedan 154): el futuro del fiscal nacional.

  • La materia se instaló en la Convención a raíz de las críticas surgidas en los últimos años a la elección de Jorge Abbott como fiscal nacional en 2015, luego de que el Senado visara la propuesta realizada por la entonces Presidenta Michelle Bachelet.
  • El tema llegó a la campaña presidencial en agosto del año pasado, cuando el entonces candidato Gabriel Boric reaccionó a una entrevista dada por Abbott a CHV donde admitió haberse reunido con senadores, pero asegurando que esto no afectó en sus decisiones como cabeza del Ministerio Público. “En 2018 intentamos destituir al fiscal Abbott por su complicidad con la corrupción y perdimos”, tuiteó Boric. “Nos faltaron votos en la Suprema”.
  • Ese año, diputados del Frente Amplio (FA), el Partido Comunista (PC) y la Nueva Mayoría presentaron una solicitud de destitución de Abbott por una reunión mantenida en diciembre de 2017 con el entonces senador Hernán Larraín (UDI), donde éste le habría pedido agilizar la causa del senador Iván Moreira (UDI), imputado en el caso Penta. Moreira sería sobreseído más tarde.
  • En este contexto es que la comisión de Sistema de Justicia elaboró un informe que suprimía la figura de fiscal nacional y la reemplazaba por un Consejo del que parte de sus integrantes eran nombrados por el Congreso. El pleno rechazó el informe en su votación en general del 14 de abril, tras lo cual la comisión reinstaló la figura del fiscal nacional a fin de mes, pero como un co-director del Ministerio Público. Una de las funciones del Consejo sería nombrar al fiscal nacional.
  • La figura de este nuevo fiscal nacional, que convencionales de distintos sectores describieron como “sin dientes”, fue devuelta este martes a la comisión, con el apoyo de la coalición oficialista. A algunos rechazos del Partido Comunista (PC) y del Frente Amplio (FA) se sumaron abstenciones del Colectivo Socialista. Desde Chile Vamos y el Colectivo del Apruebo también rechazaron la fórmula.

Los motivos de la coalición oficialista para rechazar la figura: Los convencionales Fernando Atria (FA) y Bárbara Sepúlveda (PC) explicaron su rechazo a entregar el mando de la institución a una figura colegiada.

  • “No creo que ni el Ministerio Público ni la Defensoría Penal Pública deban tener órganos directivos colegiados, por eso voté en contra. La responsabilidad debe estar concentrada en una persona, que dirija al organismo”, dijo Sepúlveda.
  • “Creo que es una mala idea que el Ministerio Público tenga un órgano colegiado a la cabeza, entiendo por qué lo hacen, entiendo la preocupación, que la institucionalidad hasta ahora no ha funcionado, pero la solución es que el legislador sea más eficaz, que los mecanismos de rendición de cuentas funcionen de una manera más eficaz”, dijo Atria.
  • “(El fiscal nacional) tendría que poder ser llamado a rendir cuentas, a explicar sus actuaciones, eso es lo que hoy no pasa y todo queda oculto tras un velo, y por eso la tesis de la comisión es que eso se compensa o soluciona con colegialidad. Yo no creo eso”.
  • “Era esperable que esto ocurriera por cuanto no existía acuerdo en torno a que fuera el Consejo Superior del Ministerio Público el que dirigiera la institución y con tan pocas atribuciones para el fiscal nacional”, dijo el convencional Andrés Cruz (Colectivo Socialista), quien es parte de la comisión y votó en favor de las normas, a diferencia de algunos de sus compañeros de colectivo que se abstuvieron.
  • “La mayoría de los convencionales que votaron en contra o se abstuvieron pretenden fortalecer la figura del fiscal nacional y dejar a un lado al Consejo Superior del Ministerio Público, disminuir las atribuciones que tiene, y establecer un sistema de designación del fiscal nacional que sea diferente”.

Lo que viene: La coordinación de la comisión planteó que el consejo debiera reformularse, pero sin eliminarlo.

  • “Creo que esta figura va a tener que aprobarse, pero la señal del pleno es que probablemente se va a tener que revisar cuáles son las atribuciones de este Consejo, por ahí podría ir la nueva conversación”, dijo la coordinadora Vanessa Hoppe (Movimientos Sociales Constituyentes).
  • “En buena hora se han rechazado las normas que creaban un Consejo Superior del Ministerio Público y que dejaban al fiscal nacional como un verdadero adorno institucional”, dijo el convencional Ruggero Cozzi (RN), miembro de la comisión. “Esperamos que se aproveche esta oportunidad y que en esta tercera y última posibilidad de corregir esta norma podamos tener un Ministerio Público con un fiscal nacional que dirija la institución”.

Las objeciones del ex fiscal regional Guerra: El exfiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, detalló 3 objeciones a la propuesta de la comisión de Sistema de Justicia.

  1. Ralentizaría el trabajo: “Yo he sido contrario a la existencia del Consejo, tanto el del Ministerio Público como el Consejo Superior de Justicia (encargado de nombrar jueces) porque el Ministerio Público es un organismo que trabaja muy parecido en el día de lo que podríamos llamar una atención de urgencia de un hospital: requiere que se trabaje de forma expedita y rápida, y si uno va a radicar decisiones como los nombramientos, la evaluación, los concursos, la promoción, los ascensos, más la resolución de las reclamaciones que se puedan efectuar por los distintos intervinientes, a este Consejo, creo que no va a ser lo expedito que se requiere”.
  2. Defensas corporativas: El Consejo, de acuerdo con la propuesta, estaría integrado por 7 miembros, 3 de los cuales serían fiscales elegidos entre sus pares y uno por los funcionarios. Guerra sostuvo que con esto existe “un riesgo de que se privilegien decisiones corporativas internas por sobre lo que son las necesidades de la comunidad. Ahí puede haber un tema de naturaleza de protección de intereses laborales”.
  3. Politización: Los otros 3 miembros del Consejo, según la propuesta, serían elegidos por el Congreso, a partir de ternas elaboradas por el Consejo de Alta Dirección Pública. “Aquí entraba el riesgo de politizar la función de los fiscales y que al evaluarse pudieran influir factores ajenos a lo técnico y jurídico”, dijo Guerra.
  • “Las mejoras que debía haber habido eran limitar la duración de los cargos o discutir que ciertas decisiones pudieran someterse a un control más exhaustivo por organismos como la Contraloría o el propio Congreso a partir de la acusación constitucional”, sostuvo.

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