Desde fines del año pasado el gobierno del presidente Milei viene impulsando un programa de fuerte ajuste económico. El objetivo inmediato es reducir el déficit fiscal y su financiamiento por parte del Banco Central, levantar controles de precios, y eliminar diversas regulaciones sectoriales. En esta ocasión, a diferencia de la gradualidad aplicada por el gobierno del presidente Macri, se ha optado por un ajuste rápido y ambicioso.
La implementación de este programa será costoso para muchos hogares en los próximos meses. Aunque el 2024 puede traer algunos “vientos de cola” para la economía argentina, por el fin de la sequía y la entrada en operación de inversiones energéticas, se anticipa un año contractivo debido a la desaceleración en el consumo y el gasto público. Además, la liberalización de precios y la corrección cambiaria han llevado a una inflación que supera el 200% anual.
El éxito del programa de ajuste no está garantizado y enfrenta desafíos tanto políticos como económicos. En el ámbito político, las principales interrogantes son la duración de respaldo popular para el programa de ajuste, y si este respaldo será suficiente para generar los apoyos políticos necesarios en el Congreso para implementar las reformas.
Entre los desafíos económicos destaca la necesidad de anclar las expectativas inflacionarias y evitar una espiral inflacionaria, donde los recientes incrementos de precios alimenten subidas adicionales. Otro desafío es cambiario. Luego de una fuerte depreciación inicial, se estableció un esquema de depreciaciones mensuales del 2%. Sin embargo, de no bajar la inflación se corre el riesgo de una sobrevalorización del tipo de cambio real, lo que debilitaría la recuperación económica y dificultará la recomposición de reservas internacionales y el cumplimiento con las obligaciones al exterior. De hecho, una explicación para el alza reciente en la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo es que el mercado sigue apostando a depreciaciones mayores.
En este contexto, tanto las señales desde Banco Central argentino como las señales sobre futuro son importantes. Inicialmente, el foco han sido los anuncios coordinados de ajuste entre el presidente del Banco y el ministro de Economía. Sin embargo, para anclar expectativas se requiere conocer la estrategia a medio plazo y de señales sobre la independencia del Banco Central.
El que parte del plan económico se ha ido ajustando después de las elecciones, complica la evaluación. ¿Está descartada la dolarización como objetivo de política de mediano plazo? De ser así, ¿se está considerando fortalecer la autonomía del Banco Central?
Basta recordar que durante parte de los años noventa el marco legal de autonomía del Banco Central de Argentina no difería mucho del Banco Central de Chile, pero con el tiempo se erosionó con la introducción de nuevos objetivos y el debilitamiento de las restricciones de financiamiento al fisco.
Muchas preguntas abiertas. Lo cierto es que a corto plazo los costos económicos serán elevados, incluso si se superan los desafíos políticos y económicos.
En este escenario, es bueno tener en mente que la dolarización no es una bala de plata. En primer lugar, la dolarización no garantiza el balance fiscal, que es el problema de fondo hoy en Argentina. Un ejemplo es Ecuador que cayó en déficits fiscales una vez que se acabó el ciclo de altos términos de intercambio. De igual manera, Panamá ha enfrentado múltiples problemas fiscales en las últimas décadas a pesar de su uso del dólar desde su independencia. Segundo, en el caso de Argentina, la pérdida de autonomía monetaria que implica la dolarización sería más costosa que en otras experiencias regionales. Argentina es un productor de commodities, con una menor vinculación comercial y de flujos de remesas con Estados Unidos que Panamá y El Salvador.
El nuevo ajuste por el que está pasando Argentina es un recordatorio de la importancia de la estabilidad macroeconómica para el bienestar de la población y el crecimiento económico. En términos de crecimiento, son particularmente complejas las distorsiones que se fueron introduciendo progresivamente y en múltiples mercados para intentar mitigar los impactos en de la alta inflación.
En las últimas cinco décadas, nuestra región ha experimentado varios episodios similares: altos déficits fiscales financiados con deuda en dólares a corto plazo o con emisión por parte de los Bancos Centrales. Muchos países de la región recogieron las lecciones de las crisis que siguieron al déficit, y fueron construyendo un marco macroeconómico más robusto. En el caso chileno el marco que se ha ido construyendo descansa en tres pilares: una política fiscal prudente, un tipo de cambio flexible con un régimen de metas de inflación y un esquema adecuado de regulación financiera. Estos tres pilares funcionan en forma interdependiente – de manera que el cumplimiento de cada uno facilita el cumplimiento de los otros.
Este marco se sustenta en bases legales que se han ido construyendo progresivamente: un Banco Central autónomo (con prohibición de financiamiento directo al fisco), leyes de responsabilidad fiscal y un recientemente creado Consejo Fiscal Autónomo. Además, se han fortalecido progresivamente a las entidades supervisoras del sector financiero, otorgándoles mayores herramientas y mayor autonomía. Esta base legal juega un rol importante en la credibilidad del marco de políticas y para abordar los problemas de consistencia temporal.
Sin embargo, el marco legal no es suficiente. Los acuerdos políticos básicos sobre el marco macroeconómico son importantes. Una consecuencia no deseada del éxito en la prevención de episodios de inestabilidad es la tendencia a olvidar lecciones del pasado y a dar prioridad a otros objetivos. La experiencia reciente de nuestros vecinos en Argentina es un recordatorio claro de la importancia de no ser complacientes y de cuidar y fortalecer estos acuerdos.
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— Ex-Ante (@exantecl) January 29, 2024
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