Como hemos dicho, el primer año del gobierno de Salvador Allende dejó un balance positivo y se reflejó en un aumento del apoyo popular al gobierno. El panorama parecía alentador: “el PNB creció en un 8,6%, la cesantía disminuyó considerablemente a un 4,2% (…) la producción industrial aumentó en un 13% y la inflación se redujo de un 34,9% en 1969, a un 22,1% en 1971. Los sueldos del sector público aumentaron en un 35%, los salarios en el sector privado, en un 50%[1]”.
A ello se agregaba el hecho que el gobierno parecía avanzar decididamente en el cumplimiento de sus promesas: el cobre fue nacionalizado con apoyo unánime del Congreso Nacional, casi la totalidad de la banca fue estatizada y se conformó una base importante para el área de propiedad social de la economía sobre la base de la intervención de cerca de 150 grandes fábricas y empresas, al amparo del Decreto Ley 520 del año 1932.}
Sin embargo, miradas las cosas desde otra perspectiva, el sobre calentamiento de la actividad productiva, la política de expansión del gasto público y de aumento de los salarios mostraría en corto plazo sus consecuencias inflacionarias. El boicot norteamericano a la economía chilena empezaría a tener sus efectos y, por otro lado, a pesar que el gobierno aumentaría considerablemente su base electoral en las elecciones municipales de 1971 el apoyo parlamentario empezaba a escabullirse de las manos.
El 50% de los votos obtenidos por los partidos de la UP en 1971, según Joan Garcés[2], era la oportunidad para que el presidente Allende pudiera impulsar los cambios institucionales que eran necesarios para mejorar la posición del gobierno para realizar y consolidar las reformas y mejorar la correlación de fuerzas en el parlamento, así como también -claro que esto lo vemos desde el futuro- modificar los términos de la relación del presidente con los partidos de la Unidad Popular, dándole el poder de decisión que nunca tuvo por la regla de unanimidad con que se constituyó el comité político de la UP. Según Garcés, los partidos de la Unidad Popular rechazaron la idea de convocar a un referéndum, lo que le impidió a Allende retomar la iniciativa política, especialmente buscando sustraer a la DC de su acercamiento a la derecha.
La derecha, si bien estaba debilitada, nunca se resignó al ingreso de Salvador Allende a La Moneda. A poco andar inició una política de resistencia que comprendía desobediencia civil, acciones violentas por parte de grupos de ultraderecha, radicalización discursiva, polarización y una inédita -para ella- experiencia de movilización de masas, que incluía paralizaciones, concentraciones y marchas, todo lo cual llevó a socavar profundamente el orden público y la capacidad de abastecimiento del país, abriendo un poderoso mercado negro que dispararía más aún la inflación y echaría por tierra los avances del primer año.
A ello se agregó la acción de la ultraizquierda. En junio de 1971 la Vanguardia Organizada del Pueblo, VOP, grupo cuyos militantes el gobierno había favorecido con un indulto presidencial, asesinó al ex ministro del interior del presidente Frei, Edmundo Pérez Zujovic, provocando un hecho político mayor que alejaría irremediablemente a la Democracia Cristiana de la izquierda, que sin embargo había contribuido hacia pocos meses a la elección de Allende por parte del Congreso Nacional y hasta entonces se mostraba partidaria de una política de colaboración.
La Unidad Popular sufrió su primera derrota electoral en manos de la oposición unida en las elecciones complementarias de julio 1971 en Valparaíso, lo que Allende intentó evitar solicitando infructuosamente a la UP que apoyara a un candidato del sector tomicista de la DC. En noviembre de ese mismo año, la oposición envalentonada organiza la primera manifestación masiva de la oposición al gobierno movilizando a mujeres en la Marcha de las Cacerolas. El evento es importante porque por primera vez la derecha muestra su capacidad de movilización autónoma, forzando a la democracia cristiana a salir a las calles, lo que ocurre en el contexto de la visita al país de Fidel Castro, una visita que si bien era esperada con entusiasmo por los partidarios del gobierno, se extendió al punto de enervar a sus adversarios (y alentar estrategias distintas a las que buscaba dar forma el presidente Allende).
En febrero de 1972 se realiza una reunión de jefes de partidos de la UP, el Cónclave de El Arrayán, en que los líderes de la coalición gobernante enfrentan autocríticamente la evolución política del país, advirtiendo sobre las consecuencias negativas “del burocratismo y la deshonestidad” y viendo el deterioro electoral anuncia “una dura batalla ideológica en el seno de las masas, que lleve a la comprensión integral del proceso revolucionario que estamos viviendo. Y en eso reconocemos que hemos sido remisos” Acto seguido, reafirmando una mirada iluminista, la UP sostiene que “el pueblo no siempre adquiere conciencia de que esta batalla ideológica es el enfrentamiento entre quienes defienden la mantención de un estado de cosas que nunca lo favoreció y quienes buscan el progreso de la mayoría y la abolición de los privilegios”[3].
La Unidad Popular acuerda entonces profundizar la implementación inmediata de su programa, especialmente en el ámbito institucional, pero comienza a exteriorizar la existencia de “dos almas” en su seno que terminarían a corto andar paralizando al gobierno.
En efecto, sólo semanas después de El Arrayán, en junio se realiza un nuevo Cónclave, esta vez en Lo Curro para enfrentar la profundización del deterioro electoral reflejado en las elecciones de rector de la Universidad de Chile y las cada día más sonoras divergencias estratégicas.
La creciente consolidación de la alianza entre la democracia cristiana y la derecha y las graves consecuencias de los problemas económicos que empezaba a enfrentar el país, fuerzan al gobierno a intentar una corrección de la política económica que encabezaba el ministro Pedro Vúskovic, nombrando al comunista Orlando Millas como Ministro de Hacienda. Esta sería probablemente la más importante oportunidad para reencauzar la situación política y el curso del proceso chileno, pero la falta de acuerdo con la democracia cristiana en el tema de las áreas de la economía frustró unas negociaciones que parte de la democracia cristiana buscó hacer naufragar. Por otro lado, el gobierno y la Unidad Popular tampoco se mostraban convencidas de tomar esa camino.
Fue decisivo en Lo Curro la explicitación de dos estrategias enfrentadas en el seno de la UP y de la izquierda en general. Allende y el PC manifestaron la necesidad de “Consolidar los logros del primer año para avanzar”, abriendo las conversaciones con la DC, mientras el PS, MAPU y el MIR proponían “Avanzar sin Transar”, levantando la consigna del poder popular y creando pocos días después la Asamblea del Pueblo en Concepción y el Cordón Industrial en Maipú y Cerrillos.
El sector a la izquierda de Allende, distanciándose de los criterios de la “vía democrática y constitucional” instaló la idea de la necesidad de la toma del poder total, incluso de la necesidad del enfrentamiento armado sembrándose así una fuerte división de las fuerzas de apoyo al gobierno -entre reformistas y revolucionarios- que terminó quebrando la unidad de la coalición. El enfrentamiento entre las dos izquierdas se tornó cada día más virulento. A modo de ejemplo, el diario El Siglo hablaba de “ la jauría ultraizquierdista, que buscaba desacreditar al Partido Comunista (…) estaba empeñada en que el pueblo echara por la borda los logros históricos, y en vez de tener una política de clase adecuada, adoptara una línea criminal de provocaciones que ha sido siempre extraña a la conducta del proletariado nacional y que a nada conduce. Esto se reflejaba en que los voceros del MIR llamaban a “incendiar Chile por los cuatro costados” y a formar “ejércitos populares” que pondrían al país en estado de conmoción” (El Siglo, “Irresponsabilidad peligrosa”, 17 de mayo de 1972)”[4].
Es evidente que a la luz de lo ocurrido en septiembre de 1973 la política del Partido Socialista, MAPU y MIR era completamente fantasiosa, una idea romántica de la revolución para la cual nunca Chile ni ellos estuvieron preparados. De hecho, el 11 de septiembre, con la excepción heroica de los miembros del GAP y algunas escaramuzas en la zona sur de Santiago, no hubo ni poder popular ni ejército popular ni resistencia armada, salvo la de Salvador Allende en La Moneda que explícitamente convocó al pueblo a no exponerse inútilmente.
La dinámica de los acontecimientos, la crisis económica, el desabastecimiento y la inflación puso en pie de combate no sólo a poderosos sectores directamente afectados por las expropiaciones y tomas, sino que también le enajenó al gobierno el apoyo de amplias capas de sectores medios y de trabajadores que, asustados o afectados por la creciente polarización, se sumaron a una activa oposición de masas al gobierno que tendría su máxima expresión ese mismo año en el Paro de Octubre.
El paro de Octubre es probablemente la coyuntura más importante del período ya que pone de manifiesto la capacidad de la derecha de activar a sectores medios en contra del gobierno, imbuidos de una perspectiva autoritaria y crecientemente radicalizados contra “la amenaza del marxismo”. Octubre es el momento en que las capas medias, afectadas por la crisis y conducidas gremialmente, se radicalizan y su representación política principal, la democracia cristiana, se ve obligada a seguirles la pista para no verse desahuciada políticamente en las próximas elecciones de marzo 1973.
Un aspecto clave en la evolución del período estuvo dado por la reforma constitucional de los senadores democratacristianos Juan Hamilton y Renán Fuentealba que creaba las tres áreas de la economía: la estatal, la privada y la mixta y establecía que las empresas del área estatal y mixta debían ser definidas por la ley. El proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados y el Senado a principios de 1972, creaba también las empresas administradas por los trabajadores.
El gobierno asumió que el articulado de la reforma le habría impedido cumplir con su programa al dejar en manos de la ley, del parlamento en realidad, la intervención o expropiación de empresas, por lo que el presidente anunció que vetaría algunos artículos claves. Para la interpretación constitucional del gobierno, el veto solo podía rechazarse por dos tercios de los parlamentarios, mientras que la oposición sostenía que la mayoría simple podría hacerlo. En los hechos se instaló un conflicto de interpretación de las normas constitucionales que no se pudo resolver. Inclusive, el Tribunal Constitucional, requerido para pronunciarse, se declaró incompetente. El historiador Joaquín Fernandois dice que “A partir de ese momento se iría acentuando el aire de confrontación y la tendencia a que los líderes de ambos bandos se consideraran los legítimos representantes de la idea de legalidad”[5].
En medio de la mayor escalada opositora y la peor crisis política derivada del paro del transporte, del comercio y de los colegios profesionales, en octubre de 1972, y estando la democracia cristiana, a diferencia de 1971, ya claramente instalada en la oposición bajo la hegemonía de Eduardo Frei, y Chile bajo estado de excepción constitucional, Allende, con la oposición de parte de los partidos de la Unidad Popular, debió incorporar a los comandantes en jefe de las FFAA a su gabinete para romper el equilibrio de fuerzas de la “guerra civil política” en que estaba sumido el país.
En el plano de las fuerzas que apoyaban al gobierno, la respuesta al paro de octubre motivó una enorme movilización de estudiantes en trabajos voluntarios para asegurar el abastecimiento y de trabajadores para mantener las empresas produciendo. Tal proceso de movilización y radicalización política adquirió su propia dinámica con la extensión de las tomas de empresas, los Cordones Industriales y los Comandos Comunales, que se proclamarían como origen de un poder popular, algo que algunos desde las posiciones más radicales de la UP interpretaron como la fuente de un poder dual alternativo a la “institucionalidad burguesa”, que paradojalmente, encabezaba Salvador Allende.
El ingreso de las fuerzas armadas al gobierno permitió poner término al paro de octubre y los militares, capitaneados por el general Carlos Prats como ministro del interior, garantizaron la realización de las elecciones parlamentarias de marzo 1973. Sin embargo, su inclusión en el gobierno también aceleró la politización de los altos mandos militares llevando la discusión política a los cuarteles, echando por tierra el carácter hasta ahí prescindente y profesional de los institutos armados, una de las claves de la “vía chilena”.
A partir de ese momento, las fuerzas armadas empezarían a ser el factor determinante en la evolución política del país y el comandante en jefe del ejército, el general Carlos Prats, el actor decisivo que buscó, inútilmente, acercar al gobierno con la democracia cristiana, siendo, sin embargo, su línea roja infranqueable para su actuación política, una división en el seno de las fuerzas armadas que a su juicio provocaría una guerra civil.
Prats, como militar que era, sabía perfectamente lo que significaría un golpe de estado: “Pienso en la terrible responsabilidad que han echado sobre sus hombros mis ex camaradas de armas al tener que doblegar por la fuerza de las armas a un pueblo orgulloso del ejercicio pleno de los derechos humanos y del imperio de la libertad. Medito en los miles de conciudadanos que perderán sus propias vidas o las de sus seres queridos; en los sufrimientos de los que serán encarcelados y vejados; en el dolor de tantas víctimas del odio; en la desesperación de los que perderán su trabajo; en la desolación de los desamparados y perseguidos y en la tragedia íntima de los que perderán su dignidad”(Carlos Prats, 11-IX-1973).
Con todo, como bien lo anota Tomás Moulian[6], a través de su incorporación al gabinete, las fuerzas armadas comienzan a visualizar su capacidad de hacerse cargo del gobierno sin arriesgar su unidad institucional.
En las elecciones parlamentarias de marzo 1973 la oposición unida en la Confederación Democrática, si bien obtuvo mayoría no pudo alcanzar los 2/3 necesarios para destituir legalmente al presidente Allende. Su frustrado y ambicioso objetivo dejó a la oposición -aunque era ganadora en las elecciones- con una sensación de derrota y a la UP, con su 44% de los votos, con la convicción de poder seguir controlando la situación.
Con ese resultado electoral el conflicto no hizo más que seguir profundizándose haciendo inclusive imposible la participación de las FFAA en el gobierno ya que empiezan a formar parte de las querellas políticas y a sentir la crítica y la presión de los sectores sociales medios con los cuales se identifican. En lo que se puede considerar una desconsideración a la correlación de fuerzas y un último error estratégico, el gobierno lanzó su propuesta educacional, la Escuela Nacional Unificada (ENU) provocando un rechazo unánime de la oposición, la iglesia católica -que hasta entonces tenía una relación amistosa con Allende- y los propios militares.
La crisis se profundizó con la huelga de trabajadores de la mina de cobre El Teniente, dejando al gobierno en una incómoda confrontación con trabajadores, algo que afectaba directamente su relato. El 29 de junio se desarrolló el “tanquetazo”, un intento de golpe liderado por el regimiento blindados Nº 2, que más allá de su resultado evidenciaba las dificultades del gobierno para seguir conteniendo el descontento en las fuerzas armadas y que, además, en cierta forma permitió a los jefes militares medir la limitada reacción popular y de los partidos de izquierda en caso de una intentona golpista definitiva, como lo reconoce posteriormente Augusto Pinochet en su intento por mostrarse ex post como el gran organizador del golpe del estado[7].
Hacia finales de julio se inicia lo que Garcés llama “la insurrección civil (…) que arrastra a lo largo de agosto al conjunto de las fuerzas sociales conservadoras, (lo cual) será el fenómeno decisivo”[8]. Ese movimiento insurreccional civil organizado por los gremios de grandes, medianos y pequeños empresarios toma la forma de un nuevo paro nacional acompañado de acciones terroristas, que esta vez sería definitivo, hasta la derrota y sustitución del gobierno por medio de la mano militar. Allende, bajo los auspicios del Cardenal Silva Henríquez, intentó infructuosamente llegar a algún tipo de acuerdo con Patricio Aylwin, entonces presidente de la democracia cristiana, pero las condiciones para ambos resultaron imposibles de aceptar. Especialmente para el presidente a quien se le exigía romper con la izquierda de su coalición.
El presidente Allende sabía que su defensa se basaba en la mantención del orden constitucional claramente subvertido por la derecha y los gremios, pero su propia coalición y las dinámicas de movilización social cuestionaban radicalmente esa estrategia impulsando el poder dual, los ataques a la propiedad privada, la formación de grupos de choque y la lucha por el poder total, incluso reivindicando la inevitabilidad del enfrentamiento armado y la necesidad de la dictadura del proletariado. Dividir al ejército y las fuerzas armadas era el sueño acariciado por la ultraizquierda, cerrar el Congreso Nacional era la consigna coreada por los manifestantes, mientras Allende predicaba sobre la necesidad de respetar la democracia y la Constitución. En ese contexto, no sólo la estrategia de la vía chilena fracasó estrepitosamente, sino que la propia concepción de un socialismo democrático y pluralista se vio cuestionada por los hechos y los discursos de sus partidarios.
Evitar la crisis del Estado, el conflicto del poder ejecutivo con el poder judicial y el legislativo era esencial para la mantención del orden institucional, pero los actores de la crisis avanzaban inexorablemente hacia un fin trágico y violento. “Mientras el sector dominante dentro de la UP no desarrolló en su plenitud las exigencias que requería evitar el estallido de la guerra civil, el sector minoritario actuaba según la lógica de la insurrección obrera (…) Es decir, en las circunstancias concretas del país, contribuía a precipitar la guerra civil”[9].
Es claro que el gobierno de Allende y la Unidad Popular no supieron resolver el problema estratégico de poner en juego una política anti insurreccional, de defensa de la institucionalidad democrática, lo que era lo único coherente con el camino que se había seguido para llegar al gobierno “y sobrevivir”. Así entonces, se selló la suerte de la Vía Chilena, primero políticamente, luego militarmente.
Para seguir leyendo columnas de Ex-Ante, clic aquí.
Ver esta publicación en Instagram
[1] Correa, Sofía y otros. Historia del siglo XX chileno” Editorial Sudamericana, Santiago, 2001. P.268.
[2] Garcés, Joan. Las Armas de la Política. Siglo XXI, Madrid. P.218
[3] Archivochile.com
[4] https://segreader.emol.cl/2022/09/27/A/O046C6BC/light?gt=160001.
[5] Fernandois Joaquín. La Revolución Inconclusa. Centro de Estudios Bicentenario. 2019.P.17
[6] Moulian Tomás, Democracia y Socialismo en Chile. Flacso. 1983.
[7] Pinochet, Augusto. El Día Decisivo. 11 de septiembre 1973. Ed. Andrés Bello, Santiago, 1979 p.97
[8] Garcés, Joan. Las armas de la política. Siglo XXI. 2013. P. 292
[9] Garcés, p. 306
Publicaciones relacionadas
En vísperas de la campaña municipal, midamos a nuestros alcaldes y alcaldesas por cuanto empleo permiten, por cuántas industrias y comercio formal atraen. La mejor manera de combatir al crimen organizado es dejar que la economía formal funcione, que progresen las empresas pequeñas, medianas y grandes. Las que se rigen por la ley, pagan patentes […]
Es importante dotar de mayores facultades al SII en el combate a la evasión, pero también es clave que se garantice la gestión eficiente de dichas facultades con estricto apego a los derechos de los contribuyentes. Aumentar la confianza en el sistema tributario debe ser un objetivo central.
No quisiera ser carabinero del GOPE o militar resguardando infraestructura o luchando contra narcos en la frontera con Bolivia, después que se dicte la ley RUF tal como va en el Congreso.
Llevar los casos que afecten a uniformados a los tribunales militares es sumamente polémico. En efecto, si hay algo que por definición es parcial es la justicia castrense conociendo casos entre uniformados y civiles. Es juez y parte, lo que se agrava por el hecho que ésta está normada por el antiguo sistema procesal, sin […]
Desde el inicio de la invasión a Ucrania, Vladimir Putin ha ido construyendo nuevas e importantes alianzas. Por ejemplo, reforzó su relación política y económica con la China de Xi Jinping, que se ha transformado en su principal aliado, en la medida que ambos comparten la visión de que Estados Unidos es su rival común.
