Mientras el fiscal nacional Jorge Abbott dijo que para iniciar una investigación contra el líder de la CAM se requiere de una querella del gobierno, Ángela Vivanco amplió el escenario jurídico. Su vocería se produce luego que desde La Moneda señalaran que no se perseguirán ideas y que el Ministerio Público puede indagar con las querellas interpuestas en años anteriores, en 2019 y 2020.
Qué observar. La vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, marcó una diferencia -desde el punto de vista jurídico- respecto de que el Ministerio Público puede investigar los dichos del líder de la CAM Héctor Llaitul solo si el gobierno se querella por Ley de Seguridad Interior del Estado, como señaló el fiscal nacional Jorge Abbott. Esto, pues precisó que existe “una batería de leyes, según sea el caso” que la Fiscalía podría utilizar. Asimismo, la ministra dijo que “no hay que confundir la libertad de expresión con la posibilidad de amenazar a otro con sabotajes, lesiones o venganzas”.
- La vocería de Ángela Vivanco, en representación de la Corte Suprema, ocurrió luego que el líder de la CAM señalara al sitio Werken Noticias que “la prioridad nuestra es canalizar la violencia hacia el sabotaje, hacia un sabotaje muy bien dirigido. Hacia insumos, hacia maquinarias (…)”.
- Al respecto, la vocera del gobierno, Camila Vallejo, dijo el martes en CNN que no presentarán una querella pues “en la medida que haya acciones constitutivas de delito, se suman a las investigaciones en curso”.
- La postura fue reiterada esta mañana por la ministra del Interior, Izkia Siches: “Como gobierno esperamos que el Ministerio Público, con las distintas querellas que ya están en curso, 2019, 2020, todas por Ley de Seguridad del Estado, por dichos de similares características, pueda cursar una investigación y dar cuenta”.
- Asimismo, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, en entrevista con CNN dijo que “si es que existe un incendio, un ataque incendiario, un ataque a las personas, el uso de armas y que se tengan las pruebas para poder hacer una querella, este Gobierno sí lo va a hacer”. Y agregó que “tal como lo dijo el Presidente, este no es un Gobierno que vaya a perseguir las ideas y eso es una línea que baja desde el Presidente en adelante”.
- Esto, mientras el fiscal nacional, Jorge Abbott, señaló que para poder investigar al amparo de la Ley de Seguridad el Estado, se requiere “una denuncia o una querella por parte del Gobierno”.
“Hay batería de leyes”. Sin embargo, la vocera de la Suprema amplió totalmente el escenario jurídico esta mañana respecto de los dichos de Héctor Llaitul.
- “Lo que dice el señor Abbott es correcto. Efectivamente, la Ley de Seguridad Interior del Estado requiere una querella que podría ser presentada por los delegados regionales o provinciales y, por supuesto, que para ello requiere una instrucción del Gobierno”.
- “Pero también es verdad otras dos cosas: que el Ministerio Público puede investigar directamente cualquier situación y si de esa situación que esté investigando surge una relacionada con la Ley de Seguridad Interior del Estado, entonces tendrá que dar la información necesaria y esperar que el gobierno vaya a querellarse o no. El Ministerio Público puede actuar dando una instrucción”.
- Y agregó: “Además de eso, el Ministerio Público cuenta también con otras herramientas legales que permiten atacar, y perseguir ciertas conductas. Si no es por la Ley Interior de Seguridad del Estado, es por otras leyes. Hay una batería de leyes según sea el caso”.
“Se trata de que no vivamos en un clima de amenazas o de inminentes delitos”. Respecto de si los dichos Llaitul constituyen ideas o amenazas, Ángela Vivanco dijo que “no hay que confundir la libertad de expresión con la posibilidad de amenazar a otro con sabotajes, lesiones, venganzas, etcétera” y recordó que el caso del líder de la CAM no es el único.
- Y aunque no lo mencionó, la alusión es al empresario Pedro Pool, luego que la Fiscalía de Osorno iniciara una investigación por el delito de amenazas en contra de dos ex convencionales, Fernando Atria y Jaime Bassa, respecto de quienes dijo en un programa de streaming que hay que fusilar “por alta traición a la patria”
- “Nosotros no tenemos una postura sobre lo que decida hacer o no el gobierno porque no nos corresponde. Sin perjuicio de eso quisiera destacar tres ideas importantes sobre este tema de las amenazas y de personas que se permiten andar amenazando con sabotajes, homicidios u otros, porque no solamente está el caso del señor de Llaitul, sino que hay otros casos más que han generado estas situaciones de amenazas”.
- “Lo que voy a decir no es lo que debiera hacer el gobierno, sino que lo tenemos que tener claro como ciudadanos de este país: no hay que confundir la libertad de expresión con la posibilidad de amenazar a otro con sabotajes lesiones, venganzas, etcétera”.
- “La libertad de expresión es un derecho constitucional, previsto en la Constitución del 80 y también en el proyecto de nueva Constitución (…) Pero no tiene nada que ver con que yo amenace realizar crímenes, delitos venganzas o cualquier otro tema. Este no es un tema de libertad de expresión, es un tema de amenazas y de cometer delitos”.
- ¿Cómo se canaliza eso? Con un recurso que tendrá que realizarse de acuerdo a la ley que establece en algunos casos que se requiere una querella, como el caso de la Ley Interior de Seguridad del Estado y, en otros casos, se puede hacer directamente, porque hay normas que no requieren de esas querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado”.
- “Como un tercer punto me parece muy importante destacar, y lo hemos dicho en numerosos fallos de esta Corte Suprema, que es importante que las autoridades se coordinen para cumplir su propósito. Aquí no se trata de tener una pelota que se va tirando de unos a otros, de que éste tiene que ser una cosa y éste otra. Es importante que todos aquellos encargados de la persecución penal se coordinen adecuadamente y que se haga uso de todas las herramientas y que no vivamos en un clima de amenazas o de inminentes delitos, sino que vivamos en un clima en que impere el Estado de derecho y la paz desde todo punto de vista”.
- Esos fallos de la Corte Suprema a los que se refiere Ángela Vivanco fueron citados por el ministro de Tribunal Constitucional, Miguel Ángel Fernández, en su voto de minoría luego que el TC rechazara, por cuatro votos contra uno, admitir a trámite el recurso del abogado Pablo Urquízar para declarar inconstitucional a la CAM y a otros tres grupos radicales que operan en la Macrozona Sur.
Fallo de la Suprema emite nueva señal por “falta de eficacia” en el combate a la violencia en la Macrozona Sur
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