Esta semana se dio a conocer que el ministerio público citará a declarar a Giorgio Jackson, Miguel Crispi y Javiera Martínez en calidad de imputados por el caso Convenios. Obviamente, es una noticia preocupante, en tanto dos de los tres son funcionarios activos del gobierno, y el tercero es cercano al presidente Boric. Lo que revelen o no revelen en sus testimonios podría tener profundas consecuencias sobre el rumbo de la administración.
Pero más allá de las implicancias políticas que puedan venir en el mediano plazo, la selección de los tres personajes por parte de la Fiscalía es indicativa de algo más preocupante: las razones de por qué el gobierno ha fracasado en su gestión. Pues, de un modo u otro, cada uno de los imputados representa una razón por la cual el gobierno ha sido incapaz de hacer lo que dijo que iba a hacer.
Quizás lo más obvio tiene que ver con el exministro Giorgio Jackson, quien como titular de la Segpres no logró resultado alguno. Salvo la tramitación de dos proyectos, que por lo demás pasaron con votos de todos los sectores políticos, fue una gestión desastrosa, que se recordará por haber alejado al gobierno de la oposición, sabiendo de antemano que se necesitaban sus votos para poder avanzar el programa.
Jackson representa la doctrina del “todo o nada”. Como ministro nunca tuvo la capacidad de ceder y negociar. Nunca estuvo dispuesto a encontrar un camino medio y eso le terminó costando caro al gobierno. Por una parte, le costó el paso de proyectos en el Congreso, y por otra, le costó la unión, en tanto a raíz de esa gestión se terminó dividiendo al oficialismo en dos, como así lo demuestran las críticas que vienen del socialismo histórico.
Ante la ausencia de toda prudencia y capacidad de moderación, hubiese sido útil tener un contrapeso estratégico para enmendar el rumbo. Los estrategas de La Moneda mediante diagnósticos realistas, desapasionados y pragmáticos podrían haberlo hecho a tiempo, antes de que fuera tarde. Pero claramente no lo hicieron. De hecho, si algo hicieron, y siguen haciendo, es justamente en la dirección contraria.
Esto se debe principalmente al hecho de que asesores estratégicos como Miguel Crispi simplemente no actúan en base a intereses generales, actúan en base a intereses particulares. Primero como Subsecretario de Desarrollo Regional y después como jefe de asesores de Gabriel Boric, Crispi solo se ha preocupado de su corriente política. Ha hecho lo imposible por ajustar los intereses del país a los intereses de sus benefactores.
Las consecuencias son alarmantes. Crispi, y otros como Crispi, han alejado al presidente del realismo eficiente. Desde sus elegantes despachos, se han dedicado a hacer análisis político abstracto, FODAs que nadie lee y balances de poder que no han tenido impacto tangible. Como asesores, han fracaso una y otra vez. Si no fuera por los lazos afectivos que los unen con los tomadores de decisiones, habrían sido removidos de sus cargos hace tiempo.
Es la historia de Crispi. Por ser amigo del presidente, no perdió su salario, solo fue reubicado de oficina. A todas luces, fue una mala decisión. No solo no hay indicios de que Crispi le sirva al gobierno como asesor, a pesar de que él les diga que sí, sino que más encima los está perjudicando abiertamente. Mediante su estrategia ha contribuido a degradar la imagen de un gobierno que ya venía con problemas.
Pero el fracaso no solo se debe a decisiones intencionales, sino que también a la poca preparación de quienes gobiernan. En parte, era predecible: cuando llegó a La Moneda era una coalición debutante, sin mucha materia prima de la cual escoger. Pero, por otra parte, no tuvo que ser así. Boric pudo haber escogido a personas con más experiencia fuera de su coalición. Pero, no. Lamentablemente, privilegió la inexperiencia por sobre el oficio.
Este es el caso de Javiera Martínez, quien ha estado significativamente bajo el estándar que fijaron sus antecesores. Como directora de presupuesto, ha cometido cuanto error se le ha presentado. No solo ha errado en cálculos básicos, como el que la llevó a sobreestimar la recaudación fiscal en 800 millones de dólares, sino que también ha faltado gravemente a la ética, como enseña su retardo en completar la declaración de patrimonio.
Más importante ha sido su rol central en el caso Convenios, una historia que quizás ni siquiera habría comenzado sin ella. Si la propia Martínez no hubiese bajado la barrera para transferirle fondos de forma directa desde el Estado a las fundaciones, no habría Democracia Viva. Así, su inexperiencia, para no asignarle intencionalidad, contribuyó directamente a la crisis de corrupción que ha volcado un gran número de personas en contra del gobierno.
En fin, la selección de las tres personas para ser imputadas por la Fiscalía permite entender por qué el gobierno ha fallado: es imposible obtener éxito cuando quienes gobiernan tienen la tozudez de querer conseguirlo todo sin negociar, la ambición de ocupar cargos de relevancia sin el bien común impuesto como objetivo y la osadía de poder cometer negligencias sabiendo que no tendrán que responder por los errores y sus consecuencias.
Quizás por lo mismo no sorprende tanto que sean esas personas, y no otras, las que están involucrados en el caso Convenios, el caso de corrupción más importante desde la transición a la democracia. Lo que sí sorprende, sin embargo, es la defensa corporativa que se le ha dado desde el mismo gobierno. Ministros supuestamente más moderados, capacitados y preparados, como Mario Marcel, Luis Cordero y Carlos Montes, se han inmolado por ellos.
El fracaso se debe no solo a la tozudez, la ambición y la negligencia, sino que también a la falta de correcciones y sanciones. Lo que bajo cualquier otro gobierno se hubiese tildado de inaceptable, en este gobierno se ha premiado. La mediocridad se ha galardonado y compensado elegantemente. Mientras se siga protegiendo a quienes la ejercen, el gobierno jamás saldrá del hoyo en que está.
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