-Izkia Siches dijo que “tenemos que hacer un trabajo público y un diálogo con todos los actores, incluso con la CAM”. Luego Gabriel Boric precisó: “Con todos quienes quieran retomar la paz nosotros vamos a tener diálogo y ahí nosotros tenemos que, como futuro gobierno, ser muy cuidadosos en esto”. ¿Fue una descoordinación o una evidencia de dos miradas al interior de la izquierda?
-Creo que el nuevo gobierno no puede dar señales confusas en una materia tan definitoria como esta. Lo que más importa, por supuesto, es la visión que tenga el mandatario electo, pues a él le corresponderá tomar las decisiones. Y no sabemos cuál será su línea de acción, puesto que como diputado votó en contra de la declaración del estado de emergencia en La Araucanía y el Bío-Bío, y no hemos olvidado su cuestionable actitud frente a la violencia en los días negros de la revuelta antidemocrática de 2019. A partir de marzo, él será responsable de la seguridad interior del Estado y tiene el deber de asegurar la paz y el respeto a la ley en todo el territorio. No es un asunto optativo: es su obligación. Fue elegido presidente dentro de un orden constitucional que debe ser el primero en respetar. Si su gobierno proclama que el único credo es el diálogo, alentará a los violentos y debilitará su propia autoridad. Negociar con la CAM y los otros grupos dedicados al bandolerismo sería un error catastrófico.
Así las cosas, el mandatario electo no puede dar a entender a las FF.AA., a Carabineros y a la Policía de Investigaciones que su gobierno tiene dudas respecto de un asunto cardinal en la conducción del Estado: dar eficacia al Derecho. Y ello está vinculado naturalmente al monopolio de la fuerza por parte del Estado. El nuevo gobierno enfrentará pruebas difíciles en este terreno, la primera de las cuales será el 29 de marzo (día del joven combatiente), frente a lo cual no puede mostrar una posición vacilante. En la macrozona sur, lo que corresponde es mantener el estado de emergencia y desarticular a los grupos armados.
-El senador Francisco Huenchumilla se sumó a la polémica al apoyar el diálogo con la CAM, con el objetivo de saber bajo qué condiciones está dispuesta a dejar las armas y “neutralizarla” con una política de reparación. ¿Qué le parece tal estrategia?
– Lo peor que hace Huenchumilla es describir un conflicto inexistente entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche, y regalar a Llaitul y la CAM, como a los otros grupos armados, la representación del pueblo mapuche. Se trata de una falacia resistente que ha servido para justificar todas las tropelías que sufren a diario los habitantes de la Araucanía y el Bío-Bío. Esos grupos representan el desprecio por la comunidad y el intento de dominar por el terror, no otra cosa. ¿De qué viven los miembros de la CAM? ¿Trabajan a alguna hora? Todo indica que están dedicados en jornada completa a martirizar a la población, parapetados detrás de la bandera mapuche. Son los falsos representantes de una falsa lucha de liberación, verdadera coartada para robar, quemar y atentar contra las personas. Y muchas víctimas son familias mapuches que quieren vivir en paz.
Huenchumilla dice que el dialogo con la CAM permitiría “saber con certeza en qué circunstancias y bajo qué condiciones está dispuesta a deponer ese camino (el de la violencia), incompatible con la democracia, para que el gobierno tenga un completo panorama del escenario en que tendrá que abordar el proceso de reparación…” ¡Es una vergüenza que sostenga eso! Lo que propone es una negociación, que permitiría que el Estado recibiera el pliego de peticiones de Llaitul al que habría que acceder para que sus guerreros no sigan haciendo lo que hacen. Lo lamentable es que otra gente, por ejemplo, los rectores universitarios de la zona, repiten esto del diálogo como fórmula milagrera, con lo que le dan alas a los violentos.
– Huenchumilla dijo también que la totalidad del pueblo mapuche exige una reparación, pero la diferencia está en el método. La violencia, según el parlamentario, es rechazada por la mayoría de los mapuches. ¿Qué términos de reparación serían razonables?
– La palabra “reparación” sirve como artimaña para mostrar al pueblo mapuche como víctima absoluta de la historia. No es poco lo hecho por el Estado chileno para favorecer a los pueblos originarios: les consta a los estudiantes de la Universidad de La Frontera que estudian con la beca indígena. Pero el negocio político es describir una deuda histórica que nunca terminará de pagarse. ¿Cuándo se hará el balance completo de la entrega de tierras que ha hecho la CONADI? ¿Es cierto que ese proceso se ha prestado para negocios muy rentables de gente que le sacó alta rentabilidad al apellido indígena? Se necesita hacer mucho más para promover el desarrollo de las comunidades mapuches y demás pueblos originarios, proteger su cultura, pero los mapuches, aymaras, diaguitas, rapanuis y demás etnias forman parte del pueblo chileno. Se trata de alentar la integración, no la segregación.
Huenchumilla sabe que, en los hechos, la CAM le ha declarado la guerra al Estado chileno, y que promueve la creación de una especie de Estado mapuche. Se trata de un proyecto abiertamente separatista; sin embargo, él no dice nada al respecto. ¿Es concebible acaso que el Estado de Chile entregue una parte del territorio a los guerreros de Llaitul? No, por supuesto. Y, sin embargo, a eso ha apuntado la consigna de “desmilitarizar la Araucanía”, voceada por parlamentarios desaprensivos como De Urresti. ¿Quiénes celebrarían la hipotética salida de los militares y los policías de la Araucanía sino los grupos que quieren tener el campo libre para establecer allí su dominio absoluto, entre ellos, las bandas del narcotráfico? Temucuicui es el modelo. Es evidente que esa torcida noción de “autonomía”, que algunos dan por seguro que será establecida por la Convención, se conecta con la idea de dividir el territorio nacional.
Llaitul y su gente expresan un tipo de nacionalismo étnico de inocultable raíz totalitaria. Con el pretexto de liberar al pueblo mapuche, encarnan en realidad una nueva forma de racismo. En la práctica, la CAM y los otros grupos armados constituyen una corriente reaccionaria, desembozadamente antidemocrática, que además ha dado apariencia justiciera a la actividad delictiva. Podemos imaginar lo horroroso que sería si, por diversas circunstancias, esos grupos llegaran a imponer su voluntad y su idea de justicia en el sur del país.
-¿Qué lecciones dejan otros casos de diálogo con grupos terroristas, como ETA en España? ¿O nunca se puede negociar?
-El exsenador Ignacio Walker planteó el problema en términos que comparto: “El Estado de Chile, cualquiera que sea el signo político del gobierno de turno, tiene que seguir el camino que las democracias han tomado al momento de hacer frente a la presencia y amenaza de grupos armados, aislarlos políticamente, bajo ningún respecto dialogar o negociar políticamente, aplicar en su contra toda la fuerza de la ley, y solo sentarse a la mesa de conversación para pactar los términos de su disolución y la entrega de las armas” (El Mercurio, 05/01).
Aislar políticamente a estos grupos es absolutamente crucial. Ha durado demasiado tiempo el equívoco de aceptar en la prensa, en la TV, en las universidades, en el Congreso, que los pirómanos de la macrozona sur representan al pueblo mapuche. Lo mínimo que habría que pedirles a los periodistas es que, cuando informen de los actos terroristas. dejen de repetir el cliché de son manifestaciones de “la causa mapuche”.
-El ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dijo que “no debiera conversarse con la CAM en las actuales condiciones, pero mañana puede ser otra cosa”. ¿Cuáles podrían ser las condiciones que permitirían un diálogo?
-No cabe dialogar hoy ni con la CAM, ni con la Resistencia Mapuche Lafquenche, ni con la Resistencia Mapuche Malleco ni con el Weichan Aukamapu u otros grupos semejantes. No sabemos cómo serán las cosas mañana, pero yo creo que Rodrigo Ubilla tiene claro que, si el Estado es desafiado en el terreno de la fuerza, simplemente no puede retroceder.
-El reconocimiento es otra demanda importante del pueblo mapuche. Uno de los aspectos que seguramente incluirá la nueva Constitución será el de plurinacionalidad. ¿Puede ser el proceso constituyente parte de la solución al conflicto?
-No todos entienden lo mismo cuando se habla de “reconocimiento”. Nadie se opone a una forma de explícito reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, lo cual está asociado a la preservación de su cultura y a propiciar políticas que favorezcan una vida digna. Pero el reconocimiento de la diversidad étnica, cultural, religiosa, etc. no puede cuestionar la unidad de la República de Chile. Estoy seguro de que la inmensa mayoría de los mapuches no dudan de que son chilenos.
La “plurinacionalidad” es otro término que sirve a los abanderados de la superstición identitaria para sembrar dudas sobre la nación chilena, aunque, curiosamente, dan por sentado que esa misma nación repartirá beneficios de todo tipo. Recordemos el desdén hacia los símbolos nacionales que se ha expresado en la Convención. Se trata de un terreno pantanoso, frente al cual han abundado los cálculos partidistas y el oportunismo. Dicho sea de paso, la Convención ha revelado cuán tóxica es la noción de escaños reservados por razones de raza. Fue una expresión de “pensamiento correcto” (moda conveniente, en realidad), a la que nadie osó oponerse en el Congreso, salvo cuando se sugirió que la elección de parlamentarios fuera igual que la de convencionales. Es absurdo creer que la raza, el sexo, el origen social o cualquier otro atributo define una identidad esencial que debe expresarse con cuotas de representación en los órganos democráticos. O sea, un mapuche solo puede votar por otro mapuche, un aymará lo mismo, etc. Es la irracionalidad completa. Contra los particularismos, es necesario reivindicar el universalismo; contra la separación identitaria, defender la igualdad. Es la idea de ciudadanía la que debe integrarnos a todos.
Después de todo lo que hemos visto, no cabe esperar gran cosa del proceso constituyente ni en este ni en otros ámbitos. Hay que procurar que la Convención no agregue nuevos elementos de confusión que debiliten el régimen democrático. Fue una torpeza descomunal que el Congreso Nacional (amedrentado por la revuelta) renunciara a su potestad constitucional y validara la elección de un segundo parlamento. ¡Es escandaloso que el Estado esté financiando hoy dos parlamentos! La Convención se ha convertido en un enorme foco de incertidumbre. Es la consecuencia de que nuestra democracia, forzada por la barbarie con rostro social, se haya disparado a los pies. Y aquí estamos ahora, casi pagando una penitencia. Tenemos que evitar que se produzcan nuevos daños y defender sin vacilaciones la estabilidad institucional.
-Poco antes de la primera vuelta, el 8 de noviembre de 2021, Gabriel Boric sostuvo en el matinal de CHV: “Para que haya paz, se requiere territorio y reconocimiento a la autodeterminación del pueblo nación mapuche”. ¿Qué opina al respecto?
–Una afirmación como esa no puede sino provocar enorme inquietud respecto de lo que él hará como mandatario. Habla de “territorio”, de “autodeterminación”, y de “pueblo nación mapuche”. ¿De qué otro modo puede interpretarse todo eso sino como el surgimiento de una entidad independiente? ¿Se trata acaso de la validación de un enclave étnico dentro de Chile, o directamente de un intento separatista? Tratando de seguir la lógica de tal formulación, hay que preguntar si habría un desplazamiento forzoso de todos los mapuches, que como sabemos viven en diversas regiones (un tercio en la Región Metropolitana), para concentrarlos en la zona “autodeterminada”. ¿Y tendrían que salir de esa zona todos los no mapuches? Esto sí que es jugar con fuego. Es hora de hablarle claro al país.
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