Agosto 31, 2023

Senador Juan Luis Castro (PS): “El gobierno no se ha colocado en el estatus de crisis de salud que hoy tenemos”

Alexandra Chechilnitzky
Créditos: Agencia Uno.

Despachar del Senado a la Cámara de Diputadas y Diputados en septiembre el proyecto de ley corta de Isapres. Esa es la meta de la comisión de Salud de la Cámara Alta. El problema es que en el camino se han sumado nuevos factores: Al fallo inicial de la Corte Suprema, se sumó uno nuevo que ordena dejar sin efecto el reajuste de la prima GES de las Isapres . Y Además las clínicas denunciaron que Fonasa les debe más de $300 mil millones, lo que se suma a la deuda de las Isapres por alrededor de “$500 mil millones”, dice Juan Luis Castro, presidente de la comisión de Salud. Por eso, el senador plantea que hay “muy poco” tiempo para atajar esta crisis”. 


Qué observar. La próxima semana, cuando se cumplan 4 meses desde que el gobierno ingresó el proyecto de ley corta de Isapres, la comisión de Salud del Senado espera tener encima de la mesa una propuesta del Comité Técnico que está trabajando en la mejor forma de abordar el fallo de la Corte Suprema de noviembre del año pasado.

  • La idea es traducir la sentencia de la Suprema, tener un diagnóstico del estado financiero presente y futuro de las Isapres, y a partir de esa propuesta del Comité Técnico —instancia integrada por 16 personas— se tramite finalmente un proyecto de ley.
  • Dicho documento también incluiría el último fallo de la Suprema en que ordena dejar sin efecto el alza y reajuste por parte de las Isapres de la prima GES.
  • “Lo más importante es definir un camino que permita resguardar el cumplimiento de la sentencia, la viabilidad del sistema y la no interrupción de las prestaciones a las personas”, explica Juan Luis Castro, presidente de la comisión de Salud del Senado.

Castro: “Debe aplicarse una sentencia más allá de las interpretaciones”. Pero sobre el aumento de la prima GES y el fallo de la Suprema ha existido mayor controversia y este miércoles el Colegio de Abogados dio a conocer una carta en que plantean que no corresponden sentencias con carácter general. “En opinión del Consejo, las políticas de salud pública no son materia de los Tribunales de Justicia”, dice parte del documento.

  • Para el senador Castro dicha carta “es preocupante” y plantea que “han habido opiniones de juristas en el mismo sentido, esto es una crítica, una cierta impugnación que se le hace a la Corte Suprema en cuanto que el artículo 3 del Código Civil podría estarse vulnerando al legislar a partir de sentencias”.

-¿Está de acuerdo con la carta? 

-Creo que también es conveniente analizar la doctrina que ha tenido la Corte Suprema en materia de seguros privados. La evolución temporal es que la Suprema, y eso lo graficó bien el ministro Luis Cordero, pasó de una mirada de seguros privados en relación al derecho a la vida y el derecho a la salud de las personas, a tener una doctrina más de seguridad social.

-¿En qué escenario queda el Poder Legislativo con esta carta?

-Los fallos judiciales son los fallos judiciales y el escenario legislativo en que estamos es el escenario en que debe aplicarse una sentencia más allá de las interpretaciones de que algunos discrepen del origen de por qué se falla en determinadas materias de una forma o de otra.

La crisis del sistema. En medio de la discusión por la ley corta de Isapres surgió un nuevo problema para el Ejecutivo en esta materia. La asociación de Clínicas de Chile —que representa a 40 prestadores en Santiago y regiones—, detalló que la deuda que Fonasa mantiene con las clínicas privadas bordeaba los $382 mil millones al 30 de junio de 2023. Red Dávila demandó a Fonasa y a 2 servicios de salud, detalló el Diario Financiero.

  • Castro explica que las clínicas atienden a más de 5 millones de persona de Fonasa y 3 millones que están afiliadas a las Isapres, y que a la deuda del Fondo Nacional liderado por Camilo Cid, se suman “$500 mil millones aproximadamente de las Isapres”.
  • “La situación de las clínicas amerita mucha atención porque están en una situación muy compleja de sobrevivencia”, señala.

-¿Qué pasa si quiebra alguna Isapre?

-De quebrar alguna Isapre va a impactar duramente en el mundo de las clínicas y al impactar en las clínicas ya no es una crisis en burbuja aislada de las Isapres, sino que empieza a impactar directamente en el sistema de seguridad social porque sin clínicas hoy día hay 5 millones de personas de Fonasa que dejarían de atenderse. Ese es un dato muy sensible y donde la autoridad económica, vale decir, el Ministerio de Hacienda, percibo que no ha tenido un rol más directo para decir cómo se pagan estas cosas. Que le digan a una clínica que la primera cuota se la pagan en el primer trimestre del próximo año, no es la forma del comportamiento financiero del Estado.

-Con estos fallos de la Suprema sumado a las deudas de Fonasa y las Isapres con las clínicas, ¿no es una tormenta perfecta para un colapso del sistema?

-Sí, yo creo que se están conjugando demasiados factores que son potencialmente explosivos en cuanto a que el mundo asegurador y prestador privado se encuentran en un espiral creciente de endeudamientos siderales, que yo creo que coloca en riesgo la estabilidad de la cobertura asistencial de las personas que usan el sistema privado de salud. Veo un riesgo en las prestaciones y si se interrumpe, se genera una crisis.

-¿Cuánto tiempo hay para atajar esta crisis?

-Muy poco. Por eso hicimos el seminario de este jueves con expertos de alto nivel para ver exactamente qué medidas concretas se pueden abordar. No se trata de diseñar una nueva reforma de la salud, sino de definir un camino.

-¿Cuál es ese camino?

-Hay que proponer un modelo a corto plazo, me imagino de 2 años, porque si alguien invita a las Isapres a pagar y al mismo tiempo a morir, lo que ellos debieran decir es que prefieren morir sin pagar. Es urgente que el gobierno tome cartas porque no se ha colocado en el estatus de crisis de salud que hoy día tenemos en el país.

-¿En cuánto tiempo se debe resolver esto para que no colapse el sistema?

-Meses. El 30 de noviembre se ejecuta el fallo. Eso coloca horizontes muy cortos y eso es lo que creo yo que hay que evitar y por eso hay que intervenir lo antes posible con propuestas no sistémicas, sino para que la complementariedad público privada siga siendo un eje esencial en la atención.

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