Mi columna de hace un mes se titulaba: ¿Un estallido social en las urnas? En ella, junto con comentar que nada hacía previsible que el resultado del plebiscito se “diera vuelta”, arriesgaba una conjetura: un triunfo holgado del “En Contra”, sumando al macizo rechazo de 2022, supondrá una suerte de estallido social en las urnas.
Finalmente, la diferencia fue de 11,5 puntos porcentuales en favor del “En contra” y la pregunta sigue botando. Más allá de las críticas al texto y a la dinámica identitaria impuesta por Republicanos en el Consejo Constitucional, ¿cuánto de estallido social sin violencia tuvimos el domingo pasado en las urnas? O, ¿cuánto más de estallido en las urnas estaremos teniendo con voto obligatorio?
Si algo caracterizó al estallido social de 2019 fue un enérgico (y violento) relato impugnador hacia los partidos y políticos que gobernaron la Transición. “No son 30 pesos, son 30 años” rezaba la consigna que buscaba poner contra la pared a una clase política salpicada por casos de financiamiento ilegal y conflictos de interés. Pero, ante todo, una élite política indolente frente a la falta de crecimiento económico y más preocupada de confrontarse que de poner la política pública al servicio de la ciudadanía.
Desacoplada: ese fue el adjetivo más recurrente entre analistas y académicos para describir a esa élite que parecía vivir en un mundo paralelo al de la mayoría que vivía angustiada por deudas, falta de empleo y carente de seguridad social.
Pues bien, si algo caracterizó al proceso constituyente II, desde su origen hasta el mismo día del plebiscito del pasado domingo, fue el completo desacople entre las élites políticas -antiguas y nuevas ahora- y una ciudadanía hastiada y asqueada con la insistencia constitucional.
Una desconexión brutal, agravada por la extensión del arco político cuestionado. Si antes se impugnó a la centro izquierda y la centro derecha, luego de dos procesos constitucionales fallidos, ahora la impugnación irradió a la izquierda y la derecha completas.
Visto así, si en gran medida el estallido social de 2019 fue una impugnación rabiosa y violenta a las élites políticas, ¿qué nos estarán diciendo las urnas que, elección tras elección, desde hace 14 años, van expulsando a los incumbentes, optando por opciones nuevas dentro del sistema político y, ahora último, rechazando dos propuestas constitucionales?
La apuesta social por esta suerte de ensayo y error presidencial partió en 2010 con el primer gobierno de Sebastián Piñera y no ha parado hasta la elección del presidente Boric, marcada por la llegada a la recta final de dos coaliciones (Frente Amplio y Republicanos) que no habían gobernado antes.
Esa fue la señal más contundente de una sociedad que voluntariamente andaba en búsqueda de lo nuevo, lo emergente, de los outsiders. La más contundente, pero no la primera. Como olvidar el millón de votos de “La Lista del Pueblo”.
A poco andar del gobierno de Boric, y ya con voto obligatorio, vino otra señal igual de poderosa. Para la segunda patita constitucional, la mayoría del país optó, de seguro que por novedoso e impugnador, por el proyecto de los hasta entonces outsiders Republicanos.
En eso estábamos cuando llegamos al 17 de diciembre de este año. El resultado mostró, una vez más, que la mayoría se fue “En Contra” de la propuesta de los incumbentes. El team de Kast, antes outsiders, ahora con el sartén por el mango, recibió un mayoritario No.
A todas luces, pareciera ser que el cabreamiento con la política institucional se está expresando en las urnas y, posiblemente, se expresará con más fuerza ahora con voto obligatorio. Un reciente informe de la plataforma Decidechile (Unholster, 2023) analizó los resultados del plebiscito de salida del 17-D comparando votantes de las últimas tres elecciones con voto obligado.
De acuerdo al informe, un 27% de quienes votaron rechazo en 2022 ahora votaron En contra. Más de 2 millones de personas (el 13% del padrón electoral y 16% de los votantes) que concurrieron a las urnas a decir NO a la propuesta de la izquierda y la de la derecha.
El 7 de mayo, en tanto, el 22% de los votantes -2,6 millones- concurrieron a las urnas para anular al no sentirse representados por ninguna de las ofertas políticas de la papeleta.
Luego de una semana, la pregunta es otra, ¿se busca un nuevo outsider?
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