Mientras se discute la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente en el Senado, el Tribunal Constitucional se debiera pronunciar este jueves respecto de la admisibilidad del Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En la oposición consideran que pasa por encima de las facultades legislativas y que dificulta la tramitación de la reforma que, de todas maneras, no convence a los senadores de Chile Vamos.
Contexto. El miércoles 10 de enero, el Presidente Boric presentó la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (Evaluación Ambiental 2.0) a cargo de la ministra Maisa Rojas.
- El proyecto fue lanzado en medio de críticas que han existido al Gobierno por la llamada “permisología”, que se busca enfrentar con esta reforma y con la que modificar el Sistema Inteligente de Permisos, dependiente del Ministerio de Economía.
- El Ejecutivo decidió ingresar la reforma a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente por el Senado debido a que en la Cámara de Diputadas y Diputados se plantearon aprehensiones desde la oposición y el oficialismo respecto a la falta de claridad que había sobre el proyecto antes de que se presentara.
- Desde el oficialismo consideraban a comienzos de enero —y aún lo piensan— que las medidas para fortalecer la participación de las comunidades no se va a aprobar, dado que el Gobierno no tiene mayoría en el Congreso.
- La reforma pretende incentivar la participación ciudadana en las DIA (Declaración de Impacto Ambiental), eliminando como requisitos para abrir una etapa de participación la justificación de cargas ambientales para comunidades. “Con esta modificación, será suficiente que una solicitud sea formulada por 10 personas naturales directamente afectadas, o dos organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica, por escrito y dentro de plazo”, se indica.
- Para los expertos esta disposición estaría consagrando que virtualmente todas las DIA van a requerir participación ciudadana y que aquello en nada ayuda a destrabar los proyectos.
Un proyecto con reparos. La comisión de Medio Ambiente del Senado ya está discutiendo el proyecto y esperan comenzar la votación durante el próximo mes.
- El escenario para la ministra Rojas es complejo.
- En una parte de la oposición considera que la reforma no es del todo necesaria, toda vez que para avanzar en proyectos se requiere voluntad política y no necesariamente modificaciones a la normativa actual.
- A eso suman críticas al proyecto mismo.
- La reforma plantea que las reclamaciones queden radicadas en la Dirección Ejecutiva del SEA, ante lo cual algunos expertos estiman que difícilmente se logrará eliminar el criterio político de las resoluciones, ya que aquella dirección es designada por los gobiernos de turno.
- “Hay que tener mucho cuidado en concentrar demasiadas facultades en un órgano ejecutivo unipersonal”, afirma el senador Matías Walker (Demócratas), quien integra la comisión de Medio Ambiente.
- Otro punto que se cuestiona es la participación ciudadana en las Declaraciones de Impacto Ambiental.
- Se plantea que, tal como está escrito el proyecto, puede llevar a que todas las DIA tengan participación ciudadana, lo que podría retrasar inversiones, como se mencionó anteriormente.
- “No todos quienes han concurrido a exponer están contestes en que se van a reducir los plazos y eso es una duda que hay que despejar”, añade Walker.
Requerimiento en el TC. En paralelo a la tramitación de la iniciativa, el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse respecto de un requerimiento presentado por los senadores de oposición por el Decreto Supremo N°30/2023 para modificar el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
- El decreto fue publicado el primer día del receso legislativo, el 1 de febrero, y modifica el actual Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
- Uno de los cambios es que incorpora los Planes de Seguimiento de Variables Ambientales a las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).
- Hasta hoy, ese proceso estaba reservado a los Estudios de Impacto Ambiental (EIA).
- Para los expertos no tiene sentido que se haga un plan de seguimiento a este tipo de iniciativas, ya que el objetivo de hacer un seguimiento es medir los impactos significativos que pueda ir teniendo un proyecto grande.
- La decisión de la ministra Rojas de realizar esta modificación por decreto, y que no haya sido conversado con distintos actores políticos y publicado cuando los senadores tenían poco margen para reaccionar, generó molestia en la oposición.
- Lo ocurrido fue interpretado como un intento de impedir, o al menos de entorpecer, un eventual requerimiento al Tribunal Constitucional, ya que a juicio de la oposición tiene vicios de inconstitucionalidad.
- Este jueves, el Tribunal Constitucional se debiese pronunciar respecto de la admisibilidad del requerimiento.
Qué dice el decreto. El Decreto Supremo respecto del que se deberá pronunciar el TC especifica que “la Resolución de Calificación Ambiental de una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental, podrá ser revisada por el Servicio, excepcionalmente, de oficio o a petición del titular, del directamente afectado o de la Superintendencia del Medio Ambiente”.
- “Lo anterior procederá cuando, ejecutándose el proyecto, las variables evaluadas y contempladas en el plan de seguimiento o monitoreo, de cualquier clase, sobre las cuales fueron establecidas las condiciones, medidas, exigencias, acciones de control o compromisos ambientales voluntarios, hayan variado sustantivamente en relación a lo proyectado, no se hayan verificado o verificándose algún impacto calificado como no significativo se haya vuelto significativo, todo ello con el objeto de adoptar las medidas necesarias para corregir dichas situaciones. La revisión a la que se refiere este inciso también procederá cuando la variación sustantiva se verifique con ocasión del cambio climático”.
“Es un mal precedente gobernar a través de decreto”. Senadores de oposición consideran que las confianzas con la ministra Rojas están lejos de pasar por su mejor minuto.
- “Es un mal precedente gobernar a través de decreto y por lo tanto, a pesar de que el Gobierno decidió ingresar por el Senado la reforma, me parece que todos los parlamentarios merecen una explicación al respecto”, dice Rafael Prohens (RN), quien integrará este año la comisión de Medio Ambiente del Senado.
- Al lo del Decreto Supremo suman otro antecedente.
- En diciembre, en el proyecto de ley de reajuste al sector público, se incluyó una ley miscelánea que modificó la ley 21.600 que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) para que el Presidente de la República pueda nombrar al primer director nacional de la institución mientras “se efectúe el proceso de selección pertinente que establece la señalada ley para los cargos del Sistema de Alta Dirección Pública”.
- Algunos parlamentarios de oposición —que también reconocen que es responsabilidad de ellos no haberse percatado— dicen que les molestó que la ministra Rojas no se les haya comentado que la mencionada ley miscelánea venía incluida en la ley de reajuste del sector público.
- El problema es que Rojas no aparece como una interlocutora válida para sus críticos a la hora de tramitar la reforma al SEIA, lo que de todas formas no todos en el Senado comparten.
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