Preocupa que, sin conocer todavía íntegramente la propuesta de texto constitucional, ya haya grupos tomando posiciones a favor o en contra. Se puede entender que como el debate en el entorno de la Convención ha carecido de la racionalidad a la que uno aspiraría, algunos se desesperen. Pero tal como es una mala justificación eliminar el senado porque sería una cámara “oligárquica”, la toma de posiciones con información incompleta lo es también.
El proceso constituyente actual, con sus limitaciones y problemas, fue una salida decidida por las fuerzas democráticas para enfrentar la mayor crisis social que ha vivido el país desde el retorno a la democracia. No se puede tomar con liviandad cómo se vote en septiembre, es necesario hacer un esfuerzo analítico adicional pues las consecuencias que se deriven de un apruebo o rechazo son de primer orden de importancia.
Si pensamos en los efectos de corto plazo por ejemplo, qué ocurriría si el apruebo ganara por estrecho margen pero el proyecto final es percibido como radical. ¿Es razonable pensar que el país no reaccione de alguna forma? ¿Surgirá con más fuerza un movimiento nacionalista, como ha existido en el pasado en Chile y que prolifera hoy en el mundo?
Por otro lado, no es evidente qué camino seguir en caso de que ganara el rechazo. No obstante que hay consenso en que la Constitución actual hay que cambiarla, la pregunta es cómo hacerlo y cuánto tiempo tomará. Como no se puede aseverar que la crisis que detonó el proceso haya terminado – yo diría que está latente – la incertidumbre que se abriría en caso de rechazo sería importante. Nuevamente, ¿es razonable pensar que el país no reaccione de alguna forma? ¿Cómo afectará esa incertidumbre la situación política, el desempeño económico y la situación social?
Nadie está en condiciones de asegurar que, en cualquiera de estos dos casos – los más probables según las encuestas – la situación política será calma. Los riesgos de inestabilidad social y política de corto plazo deben ser considerados antes del voto.
Las consecuencias de largo plazo también requieren un análisis más profundo. ¿Cuánta conflictividad puede ocurrir, por ejemplo, producto de una definición de plurinacionalidad y autonomía de territorios indígenas que conlleve reclamos territoriales adicionales a los actuales? ¿O lo que contiene el borrador podría ser suficiente para canalizar institucionalmente dicho conflicto? En materia de derechos sociales, ¿cómo hará nuestra democracia para satisfacer el catálogo que contempla hasta ahora el proyecto? ¿Cuánta gobernabilidad brindará el sistema político para priorizar y graduar la materialización de estos derechos y cuántos recursos tributarios generará la economía para financiarlos?
No me sorprende el que algunos hayan manifestado su opción de rechazo porque es probable que en realidad nunca quisieron cambiar la Constitución. Era esperable que actuaran guiados más por la pasión que la razón.
Sin embargo, otros que manifiestan su opción de rechazo lo hacen sobre la base de argumentos que reflejan temor y desconfianza por cómo ha sido el proceso más que fruto de una evaluación racional del texto. Tales temores se explican por excentricidades y radicalismos vistos en las comisiones, pero que la regla de 2/3 ha filtrado bastante. A la hora de tomar una decisión tan importante como la actual es crucial dominar el miedo y darle paso al debate racional.
Viniendo del sector que ha promovido el cambio constitucional, me preocupa también la manifestación anticipada y acrítica de la opción apruebo. Dada la enorme mayoría que aprobó el inicio de este proceso, recae sobre nuestros hombros la responsabilidad de dar los mejores argumentos, si tomamos finalmente la opción de aprobar. Pero a este proyecto le faltan piezas clave y un buen debate antes de elaborar esa argumentación.
No podemos repetir lo que pasó con la eliminación del binominal. Revisando alguna prensa de la época, quienes apoyaban la eliminación del binominal carecieron de una mirada crítica del sistema que lo iba a reemplazar. Ese optimismo se basaba en los principios que inspiraban la reforma, que eran inclusividad y representatividad. Sin embargo, visto en perspectiva, la reforma generó un sistema presidencial de minoría, donde la gobernabilidad se debilitó. Tal como una nueva Constitución es deseable, la eliminación del binominal también lo era, pero en parte esa reforma nos tiene donde estamos. No fuimos lo suficientemente críticos de la alternativa que se aprobó.
En efecto, pocos estarán en contra de la definición de un Estado social y democrático de derecho, de la adhesión a los Derechos Humanos, la democracia como sistema político, el cuidado y preservación del planeta o el reconocimiento y garantía de derechos sociales. Esto también estaba en el proyecto de Bachelet. Cualquier nueva constitución hecha por gente mínimamente consciente los contemplará. El que estén en este proyecto no permite distinguir si el proyecto de constitución es bueno o malo.
Quienes hemos sostenido la necesidad del cambio constitucional debemos dar argumentos de por qué valdría la pena aprobar la propuesta que haga la Convención el 5 de julio. Hoy no lo podemos hacer todavía, faltan piezas clave. Las más importantes son el régimen político y su capacidad de generar gobernabilidad y las reglas de modificación de la Constitución. Cualquier exceso cometido en el resto del texto podrá ser interpretado o corregido en la medida que estas piezas clave estén bien armadas.
Es necesario analizar y debatir el texto completo. Antes de ello, cualquier anuncio de opción definitiva es precipitado.
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