Parlamentarios de la UDI enviaron un oficio al Presidente Gabriel Boric para que reevalúe “el mérito de las pensiones que fueron otorgadas por hechos del estallido social a personas con antecedentes penales”. La iniciativa se sumó a la reforma constitucional que presentó RN para revocar los beneficios otorgados desde 2021. Esto luego de que se conociera el caso de Andrés Fuica, quien pese a estar condenado por robo durante el 18-O, recibió una pensión de gracia vitalicia. En La Moneda aún hay confusión sobre cómo salir del problema.
Qué observar. Un oficio de 5 páginas enviaron este jueves los diputados de la UDI Juan Antonio Coloma y Henry Leal al Presidente Gabriel Boric. En el documento plantean que el mandatario “se encuentra en la obligación moral de reevaluar el mérito de las pensiones que fueron otorgadas por hechos del “estallido social” a personas con antecedentes penales”.
- En septiembre pasado, en la comisión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados que investigó el otorgamiento de este beneficio, el subsecretario Manuel Monsalve explicitó que de las 418 personas a las que se les han entregado pensiones bajo el concepto de violación a los derechos humanos durante el estallido social, 40 tenían antecedentes penales: 23 favorecidos durante este gobierno y 17 en el pasado.
- Uno de ellos es el caso de Andrés Fuica, quien el 22 de octubre de 2019 fue detenido tras robar un supermercado saqueado en Viña del Mar, lugar al que ingresó a las 16:40 horas según su condena. A las 17:30 horas —consignó una querella del INDH por los hechos de ese día— Carabineros disparó perdigones en la Plaza Sucre, a 4 cuadras del lugar.
- Un parte de Carabineros realizado tras una visita al hospital Gustavo Fricke lo mencionó entre los heridos, pero fiscalía omitió su nombre en la acusación a los policías. La sentencia por disparos injustificados tampoco lo consideró entre las víctimas acreditadas. Cuando se le otorgó la pensión, ya había sido condenado.
- El caso de Fuica, dado a conocer por Ex-Ante, no es el único: Juan Francisco Villalobos Prado recibió el beneficio estando prófugo por estafa.
Arremetida de la oposición. Desde finales de septiembre que Chile Vamos le ha solicitado al Gobierno que revoque esas pensiones de gracia. En el caso de la UDI, le plantean a Boric que los decretos que concedieron las pensiones señalan que estarán vigentes “mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento”, por lo que “la vigencia del beneficio se encuentra sujeta a la continuidad de las circunstancias fácticas que justificaron su concesión, entre ellas, el mérito”.
- Añaden que “este punto es de especial relevancia en el caso de beneficiarios con antecedentes penales, dado que, según el actual subsecretario del Interior, ese antecedente no fue considerado en la revisión que finalmente llevó a determinar la procedencia de las pensiones”.
- En el caso de RN ingresaron un proyecto de reforma a la Constitución para introducir un artículo transitorio para dejar sin efecto dentro del plazo de dos años desde publicada la modificación, “las pensiones de gracia concedidas a partir del año 2021 en base a la acreditación realizada por el INDH a sujetos afectados” a excepción de quienes tengan alguna incapacidad permanente que la acrediten ante el Servicio Médico Legal.
- La propuesta también busca que en el caso de los beneficios otorgados a quienes “fueren condenados por delitos que merezcan pena aflictiva”, queden sin efecto de manera inmediata los decretos que entregaron las pensiones.
El cambio de Monsalve. En el oficio que la UDI envió a Boric argumentan que el subsecretario Monsalve señaló, también en septiembre, que “la facultad para entregar las pensiones de gracia están reguladas en la Constitución de la República, es una facultad exclusiva del Presidente de la República, y sí, si el Presidente lo estima pertinente podría revocar el beneficio”.
- Pero el 4 de octubre la ministra Tohá señaló en la comisión investigadora que una de las condiciones de las pensiones de gracia “es que no se puede revertir el acto administrativo, salvo que dejen de estar presentes las condiciones que lo motivaron”.
- La ministra del Interior fue consultada en ese momento por las diferencias en la interpretación que tenían ambas autoridades. Al respecto enfatizó: “No tenemos ningún criterio distinto. La ley no contempla ninguna modalidad para revertirlo y nunca se ha revertido una pensión de gracia. Por cierto el Ejecutivo puede anular un decreto y eso lo que va a pasar en principio, lo que uno supondría, es que los tribunales van a tener que resolver qué interpretación se le da”.
- A este punto se allanó Monsalve, quien explicitó este jueves en Radio ADN que la primera semana de enero se presentarán dos indicaciones a la moción parlamentaria: Una, que dé la obligación de que las autoridades tengan a la vista los antecedentes penales de las personas previa a la toma de decisión de entregar una pensión de gracia. La segunda se trata de otorgar facultad legal para revocar la pensión de gracia.
- “Nunca en Chile se ha revocado la pensión de gracia”, indicó. “Queremos entregar certeza jurídica. Muestra la voluntad del Gobierno de corregir una situación que nos parece que no debió haber ocurrido”.
- La idea de apuntar a una reforma legal y no a revertir las pensiones a través de decreto, dicen fuentes de La Moneda, apunta a evitar posibles demandas de quienes ya fueron beneficiados, en contra del Estado.
“Confusión jurídica”. El problema de las pensiones de gracia traspasó a La Moneda y se instaló en el oficialismo. Los parlamentarios del sector plantean que no saben cómo enfrentar el tema porque en el Gobierno les han entregado diferentes visiones. Por eso, dicen, en el Ejecutivo hay una “confusión jurídica” respecto de si efectivamente pueden revertir o no el beneficio otorgado, al menos de Fuica, por no estar dentro de las víctimas acreditadas por parte de la fiscalía.
- Los diputados oficialistas es que tendrán que enfrentar el tema en solo 6 días más: La comisión especial investigadora había despachado a la sala de la Corporación las conclusiones, pero como se aprobaron los informes presentados tanto por el oficialismo como por la oposición, el documento quedó con graves discordancias. Por ejemplo, se recomienda revocar pensiones de gracia y a la vez señalan que “no procede el retiro de la pensión”.
- Por esto, en reunión de comités, la Cámara de Diputadas y Diputados zanjó que las conclusiones de la comisión deberán ser votadas nuevamente en la comisión que es liderada por Henry Leal, cita que ya está agendada para el miércoles 3 de enero a las 14:15 horas.
- Para algunos parlamentarios del oficialismo la idea es llegar a un informe común, pero que “no nos deje contradiciendo lo que hemos planteado todo este tiempo”.
- En la oposición, en cambio, están analizando si es que reglamentariamente se pueden añadir los nuevos antecedentes a las conclusiones y votar una nueva propuesta de informe. La comisión está integrada por 13 personas y en esto serán claves los votos de Joanna Pérez (Demócratas) y de Andrés Jouannet (Amarillos). Este último es representante en la comisión del comité mixto que incluye a parlamentarios oficialistas del Partido Liberal.
Lea acá el oficio enviado por diputados de la UDI:
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