Por qué la ministra Tohá contradijo al subsecretario Monsalve por pensiones de gracia del 18-O a personas con antecedentes penales

A mediados de septiembre, el subsecretario Manuel Monsalve, dio a conocer que 40 beneficiarios de pensiones de gracia tienen antecedentes penales, entre ellos, un prófugo de la justicia. Por ello se le consultó a la autoridad de gobierno si es que se podía revertir el decreto a lo que contestó que “sí, si el Presidente lo estima pertinente podría revocar el beneficio”. Este miércoles, la ministra Carolina Tohá dijo lo contrario: “No se puede revertir el acto administrativo, salvo que dejen de estar presentes las condiciones que lo motivaron”.

La versión de Monsalve. “La facultad para entregar las pensiones de gracia están reguladas en la Constitución de la República, es una facultad exclusiva del Presidente de la República, y sí, si el Presidente lo estima pertinente podría revocar el beneficio”. La frase es del subsecretario Manuel Monsalve y la entregó el pasado 13 de septiembre luego de exponer en la comisión especial investigadora sobre las pensiones de gracia entregadas en el contexto del estallido social.

• Lo planteado por la autoridad de gobierno fue luego de que al término de la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados, fuera de micrófono, un diputado planteara que había un beneficiado que se encuentra prófugo de la justicia.
• La pregunta explícita al subsecretario fue qué pasaba con la pensión si se lograba corroborar que había un prófugo dentro del listado. Monsalve respondió: “Existe la facultad de quitar una pensión de gracia”.

La contradicción con Tohá. En la sesión de este miércoles de la comisión investigadora la ministra del Interior, Carolina Tohá, expuso sobre el tema. En la instancia explicitó que una de las condiciones de las pensiones de gracia “es que no se puede revertir el acto administrativo, salvo que dejen de estar presentes las condiciones que lo motivaron”.

• “¿Cuáles son las condiciones que lo motivaron? Haber sido agredido en el contexto del estallido social, haber tenido lesiones graves eso no va a volver atrás la historia. Si se probara que fue falsa ahí se podría revertir”.
• “Ahora, revertir por otras razones, tendríamos que legislarlo. Hoy día no existe otra modalidad (…). No está establecido el procedimiento”.
• El diputado Henry Leal (UDI), presidente de la comisión, la interrumpió y le dijo que el subsecretario Monsalve había planteado que sí se podía revocar el beneficio.
• “Cuando deja de haber las condiciones que lo motivaron, pero cualquier otra cosa la persona va a poder ir a los tribunales y decir mire aquí la ley no tiene fundamento para hacer este retiro de la pensión porque efectivamente la ley no lo contempla”, respondió Tohá.

Tohá: “No tenemos criterio distinto”. La ministra del Interior fue consultada por las diferencias en la interpretación que tenían ambas autoridades. Al respecto enfatizó: “No tenemos ningún criterio distinto. La ley no contempla ninguna modalidad para revertirlo y nunca se ha revertido una pensión de gracia. Por cierto el Ejecutivo puede anular un decreto y eso lo que va a pasar en principio, lo que uno supondría, es que los tribunales van a tener que resolver qué interpretación se le da”.

Por qué importa. Durante 2022, en total, por vulneración de derechos en el marco del estallido social, se han autorizado 418 pensiones de gracia, detalló Monsalve a mediados de septiembre. De ellas, según la autoridad de gobierno, 148 fueron entregadas por el gobierno de Piñera y 270 por el de Boric. En promedio, los montos de dichas pensiones de gracia son de alrededor de $400 mil.

• Pero la discusión actual respecto a las pensiones de gracia es que el mismo día en que Monsalve entregó esas cifras, también explicitó que en total hay 40 que reciben este beneficio y que tienen antecedentes penales: 17 habían sido otorgadas por Piñera y las otras 23 restantes por Boric, dijo el subsecretario.
• Dentro de esas 40 personas efectivamente hay un prófugo de la justicia, lo que fue corroborado ese mismo día por Ex-Ante.
• A ese caso se suma otro de una persona que recibe más de $450 mil y que tiene un prontuario de 11 condenas por robos, hurtos y desórdenes.