Casi al término de la sesión de la Comisión Especial Investigadora sobre pensiones de gracia entregadas a personas por daños en el contexto del estallido social, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve informó que en total hay 40 que reciben este beneficio y que tienen antecedentes penales.
Monsalve precisó que de esa cifra, 17 habían sido otorgadas por Piñera y las otras 23 restantes por Boric.
“Ninguno de los Presidentes tuvo a la vista los antecedentes como criterio”, dijo Monsalve en la comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados.
De acuerdo al subsecretario, el procedimiento para otorgar este beneficio “no establecía poner a disposición ni exigir esos antecedentes”.
“Si hubiese que tomar una nueva decisión (sobre) ese procedimiento, debiese requerir el análisis de los antecedentes penales”, añadió Monsalve, quien precisó que “podemos garantizar dos cosas: las personas que tienen antecedentes penales, porque las hay, ya dije que eran 40, tienen en general, hay excepciones, pero son delitos menores y causas antiguas. Hay casos en que ese criterio no se cumple”.
Los datos entregados por el subsecretario del Interior estuvieron lejos de pasar inadvertidos en la comisión.
Durante 2022, en total, por vulneración de derechos en el marco del estallido social, se han autorizado 418 pensiones de gracia, precisó la autoridad. De ellas, según Monsalve, 148 fueron entregadas por el gobierno de Piñera y 270 por el de Boric. En promedio, los montos de dichas pensiones de gracia son de alrededor de $400 mil.
Monsalve explicó que las reglas para entregar estas pensiones fueron establecidas en la resolución exenta del 4 de enero de 2022 y que “en ninguno de los acápites de ese reglamento se considera como requisito solicitar los antecedentes penales”.
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