Septiembre 13, 2023

Gobierno incluyó a prófugo en su lista de beneficiados con pensión de gracia por el estallido social (Lea el documento)

Jorge Poblete y Alfonso Peró
Encapuchado en las cercanías de Plaza Baquedano en el tercer aniversario del 18-O. (Agencia Uno)

El 5 de julio de 2019 —3 meses antes del estallido social— el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago abrió una causa en contra de Juan Francisco Villalobos Prado como presunto autor de una estafa cometida en marzo de ese año en Conchalí. Tras diversos intentos por ubicarlo en sus domicilios de La Florida, el 23 de junio de 2022 se dictó su orden de detención. Casi 3 meses después, los ministros Tohá y Marcel firmaron el decreto que le otorgó una pensión de gracia basados en un informe de la comisión presidencial que vio su caso. La comisión revisó una querella del INDH por presunta tortura y abuso sexual calificado, donde se detallaba que la acción se basó en el testimonio de Villalobos.


Qué observar. El 7 de septiembre de 2022 —un día después del cambio de gabinete realizado tras el rechazo de la propuesta constitucional de la Convención en el plebiscito del 4/S— la nueva ministra de Interior Carolina Tohá y el ya ministro de Hacienda Mario Marcel firmaron el decreto exento 2787 que otorgó una pensión de gracia vitalicia, mostró el documento.

  • El beneficio afectaba a Juan Francisco Villalobos Prado, 37, por calificar como persona afectada “en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019”.
  • El documento detalló que “mediante sesión de fecha 11 de agosto del presente año (2022), la Comisión Especial asesora del Presidente de la República ha informado favorablemente acerca del otorgamiento de la pensión de Juan Francisco Villalobos Prado”.
  • La pensión ascendía a 2 ingresos mínimos no remuneracionales, que actualmente equivalen a $593 mil, y se pagaría “de manera vitalicia y se mantendrá vigente mientras subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento”.
  • El beneficio (que se desconoce si fue cobrado en el caso de Villalobos Prado) era uno de los 418 otorgados; 270 en este gobierno y 148 en el pasado.
  • Según detalló este miércoles el subsecretario de Interior Manuel Monsalve, de estos, 40 beneficiados tenían antecedentes penales: 23 favorecidos durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric y 17 en la gestión del expresidente Sebastián Piñera.

La orden vigente. El 5 de julio de 2019 el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago abrió una causa en contra de Juan Francisco Villalobos Prado, domiciliado en La Florida, como presunto autor de una estafa cometida el 6 de marzo de 2019 en calle Pedro Fontova de Conchalí.

  • Se fijaron sucesivas horas para la formalización de cargos, pero el imputado no aparecía en su domicilio.
  • El 23 de junio de 2022, la jueza Elizabeth Melero del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago emitió una orden de detención contra Juan Francisco Villalobos Prado, dirigida a la Policía de Investigaciones.
  • En ésta se instruía que fuera conducido al tribunal para comparecer en la causa por estafa y otras defraudaciones contra particulares.
  • El 18 de agosto de 2022 la jueza Carolina Reyes consignó que “atendido el mérito del Informe N°03793 de la Bicrim La Florida, informando el resultado negativo de la orden de detención despachada contra Juan Francisco Villalobos Prado y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 letra a) del Código Procesal Penal, se le declara rebelde en la causa”.
  • También se decretó el sobreseimiento temporal del caso, hasta que fuera encontrado.

Sus antecedentes penales. Villalobos Prado registraba una condena de 2008 en Puente Alto por hurto.

  • También, una causa por desórdenes públicos de noviembre de 2019, donde el tribunal aplicó el principio de oportunidad, es decir, la cerró por la baja pena atribuida al delito y no comprometer gravemente el interés público.
  • Ese mismo año se archivaron provisionalmente 2 causas por estafa abiertas en su contra.
  • Además, registraba una causa por lesiones leves sobreseída temporalmente en 2015, y otras 2 de lesiones menos graves archivadas en 2014 y 2013.

La causa por la que recibió el beneficio. El 21 de agosto de 2020 el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ingresó en el Décimo Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago una querella contra quienes resultaran responsables de tortura con abuso sexual calificado. La causa figura como abierta y sin imputados conocidos, en el sistema del Poder Judicial. A continuación, los detalles:

  • La detención. “Según manifestó la víctima, Juan Francisco Villalobos Prado, el día 07 de noviembre de 2019, alrededor de las 22:30 horas y mientras se encontraba caminando a su domicilio tras participar de una manifestación pacífica en la comuna de La Florida, es interceptado sin mediar provocación alguna por un grupo de tres Carabineros sin identificación visible, en la intersección de las calles Santa Isabel y San José de la Estrella, quienes proceden a golpearlo en distintas partes del cuerpo con lumas y golpes de pie a objeto de reducirlo, para luego detenerlo y subirlo a un vehículo policial”, consignó el escrito.
  • “Una vez en su interior consultó quién estaba a cargo del procedimiento y el motivo de su detención, no recibiendo respuesta alguna”.
  • El examen. “Desde ahí, es llevado directamente hasta el Centro de Salud Familiar Los Quillayes de La Florida para constatar sus lesiones, lugar en que no le realizan examen físico, sin embargo, generan un documento de atención de urgencia que es entregado a uno de los carabineros a cargo del procedimiento, sin poder ver qué se consignó en él”.
  • “Luego, es trasladado hasta la 36° Comisaría de Carabineros de La Florida, lugar en que es ingresado sólo para pedirle sus antecedentes personales ya que es nuevamente trasladado, pero hasta la Subcomisaría de Carabineros Los Quillayes de la misma comuna, lugar en que lo dejan como único detenido en un calabozo, siendo insultado y agredido con golpes de pie, puño y luma al ingresar”.
  • La presunta tortura. “Es en esta unidad policial donde encontrándose detenido, se le ordena por parte de los funcionarios a cargo que se desnude completamente y en esas condiciones lo esposan al tiempo que dos carabineros lo sujetan fuertemente de sus brazos mientras que un tercer funcionario policial introdujo un dedo en su recto, hecho que se repitió 4 veces mientras se le preguntaba de forma amenazante: ‘tení (SIC) algo … tení (SIC) droga’. Durante este procedimiento, además le fueron aplicados descargas de corriente eléctrica en sus dedos de las manos con un aparato que a simple vista identifico similar a una linterna”.

Lea el decreto que le otorgó el beneficio:

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