El Gobierno, como estaba previsto, aprobó en la sala del Senado su ley miscelánea con sus propios votos (26), sin sumar ni uno solo de la centroizquierda para las iniciativas que constituían el corazón de la reforma -rebaja del impuesto corporativo, reintegración tributaria e invariabilidad-, a pesar de los esfuerzos de sus ministros políticos.
La invariabilidad, luego de aceptada la propuesta de los senadores PPD de introducir una sobretasa para recibir el beneficio y de establecer tres tramos de duración -de 10 a 20 años, lejos de los 25 originales- según el volumen de la inversión, terminó recibiendo los mismos 26 votos del oficialismo, luego que el ministro de Hacienda regalara la excusa a la bancada del PPD para salirse del acuerdo luego de la ingente presión del resto de la oposición y de su propia dirección partidaria al anunciar que la rebaja del impuesto corporativo llegaría al 22%. Los senadores del PPD terminaron votando contra su propia propuesta, salvo el senador Araya, que se abstuvo.
Sólo con los votos oficialistas se aprobó también la indemnización a las empresas cuyo proyecto es paralizado por la Justicia luego de una Resolución de Calificación Ambiental favorable, aunque las demás correcciones aprobadas por la Comisión de Medio Ambiente para acortar plazo de concreción de las iniciativas empresariales fueron apoyadas transversalmente.
La focalización del crédito al empleo, cuya propuesta original recibió la crítica generalizada por su alto costo en relación a su impacto, consiguió apoyo prácticamente unánime -salvo el voto contrario de la senadora Cicardini y la abstención de la senadora Cariola-. Era una propuesta por la que el ministro de Hacienda declaró estar dispuesto a inmolarse, que al final terminó focalizada a un sector económico específico -servicios- y representando una inversión significativamente menor que los US$ 1.400 millones presupuestados en el proyecto original. Por supuesto, los fondos para la reconstrucción de las regiones afectadas por los desastres naturales recibieron el respaldo unánime del Senado.
El proyecto, íntegramente aprobado, pasa a tercer trámite en la Cámara de Diputados, donde son los diputados del PDG los que resolverán si se despacha a su promulgación o va a una comisión mixta para dirimir las diferencias entre ambas cámaras. Aunque bastaría que refrendaran sus votos los 4-5 diputados del PDG que aprobaron la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración y la invariabilidad tributaria, para que el proyecto sea despachado directamente a su promulgación.
Franco Parisi ha insistido en su voluntad de llevarlo a comisión mixta, seguramente para remarcar el carácter decisivo de los votos de su bancada y eventualmente negociar un cobro adicional al establecido en el primer trámite para la votación en general. Dependerá de si mantienen su voto favorable los diputados Cristian Contreras, Javier Olivares, Patricio Briones y Paula Olmos.
Suele olvidarse que la bancada del PDG en la Cámara sólo se comportó de manera uniforme en la aprobación en general de la iniciativa y la exención de las contribuciones a los adultos mayores, pero en las iniciativas más relevantes del proyecto sólo se sumaron a la aprobación 4 a 5 miembros de su bancada.
Muy pronto veremos si el líder del partido, Franco Parisi, empeñado en llevar el proyecto a comisión mixta, consigue modificar el voto de los miembros de su bancada que ya aprobaron la invariabilidad tributaria, la reintegración y la indemnización fiscal cuando la Justicia paraliza un proyecto de inversión luego de entregada la resolución de calificación ambiental.
De cualquier manera, con Mixta o sin Mixta, el pronóstico es que el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional será aprobado por el Congreso Nacional. Sin embargo, la oposición decidió acudir al Tribunal Constitucional, ese organismo caracterizado por la izquierda como una tercera cámara legislativa que se proponía eliminar en el texto constitucional plebiscitado en 2022. Lo hará por la invariabilidad tributaria y por la indemnización cuando una RCA ha sido concedida y el proyecto es paralizado por la Justicia.
Como es sabido, el entusiasmo de la oposición respecto del Tribunal Constitucional luego de sus resoluciones sobre el proyecto de ley de Escuelas Protegidas, donde la presidenta vigente ejerció el rol dirimente en tres votaciones, se moderó significativamente con el cambio de presidencia, pues el supuesto generalizado es que el voto dirimente de la nueva presidenta obedecerá más a consideraciones jurídicas y menos a criterios políticos.
De cualquier manera, con mixta o sin mixta, con resolución favorable o contraria a la invariabilidad tributaria y a la indemnización por anulaciones posteriores a la entrega de una RCA, el proyecto económico estrella del gobierno, el que contenía parte importante de su programa, ya está aprobado.
Seguramente, el gobierno buscará en lo sucesivo asociar insistentemente la modificación previsible de los índices económicos del año ´27 en materia de inversión y crecimiento a las medidas contenidas en su ley de reconstrucción nacional, aunque todos sabemos que, independientemente de esta ley miscelánea, en 2027 Chile crecerá cerca del 3% después de estar muy por debajo del 2% en 2026, retomando la curva de crecimiento que ya se expresó en 2025 con una tasa de crecimiento de 2,5%.
Los puntos cruciales serán más bien la profundización del déficit fiscal y los obligados recortes de beneficios sociales, por un lado, y por el otro, si acaso la recuperación del crecimiento viene o no acompañada de la reducción del desempleo, porque a la gente le dice muy poco la magnitud de la inversión ni si crecemos al 2 o al 4%, lo importante es si más gente tiene oportunidad de emplearse y si los salarios y condiciones laborales mejoran.
De lo anterior dependerá cómo llega el gobierno y el oficialismo a su elección de medio término, en octubre de 2028, cuando se eligen alcaldes y concejales, gobernadores y consejeros regionales. La voluntad y disposición de enfrentar unidos esas elecciones está estrechamente asociada al éxito del gobierno en materia de empleo y a su capacidad de mantener beneficios sociales, además de que después de dos años de gobierno haya logrado éxitos en materia de combate a la delincuencia y de control migratorio.
La ley de reconstrucción nacional está ad portas de ser despachada por el Congreso con votación de los partidarios del gobierno en el Senado y el concurso de parte o la totalidad del PDG en la Cámara de Diputados, pero no ha logrado aún ganar la batalla comunicacional, pues son bastantes más los que, en todas las encuestas, piensan que está orientada a favorecer a las grandes empresas y a los altos ingresos en lugar de favorecer la creación de empleo.
Si el gobierno no logra detener y revertir la curva que nos llevará probablemente a tener dos dígitos de desempleo a fines de este invierno, le resultará muy difícil remontar la tendencia al aumento del rechazo a su gestión y a la baja del apoyo, ya con cifras incluso más malas que las del presidente Boric a la misma altura de su ejercicio gubernamental.
La oposición mostró su fuerza y también su debilidad. Logró unirse y votar unificada, tanto en las votaciones contrarias a la ley -impuesto corporativo, reintegración, invariabilidad, contribuciones, indemnización- como en las favorables -fondo de reconstrucción, modificaciones ambientales y crédito al empleo-, pero la expresión de sus diferencias tuvo un grado de conflictividad altísimo, tanto al interior del Partido Socialista como del resto de la oposición con la bancada senatorial del PPD, eso deja heridas y tensiones difíciles de restañar.
Quedó en evidencia el escaso espacio de la centroizquierda para desarrollar instancias de diálogo y negociación con el gobierno mientras privilegie la unidad de la oposición. Porque mientras ésta sea prioritaria se obliga a ceder ante el que se niega a moverse desde sus posiciones para buscar puntos de encuentro. Si la unidad es principio sacrosanto, como lo dijera una personera socialista, no hay espacio para diálogo verdadero ni acuerdos.
El gobierno, que con la torpeza del ministro de Hacienda saboteó el pequeño espacio de acuerdo conseguido con la bancada del PPD en el tema de la invariabilidad, que bien podría haberse extendido a otros aspectos de la ley, mostró que las cosas no están resueltas entre halcones y palomas, como en la acusación constitucional, donde también hubo quienes la azuzaron y otros que la aplacaron, con la omisión presidencial, que ya se avizora como una característica permanente de su liderazgo.
En suma, el gobierno sale mejor parado que la oposición, sin duda. Si ni siquiera quiso celebrar sus escasos éxitos, como el de la modificación de la invariabilidad, tampoco el cambio sustantivo del crédito al empleo ni el fin de la pretensión del ministro Quiroz de eliminar el Sence.
El panorama, sin embargo, no es claro para el gobierno, porque el posible desafuero de varios de sus senadores podría dejarlo sin condiciones para repetir votaciones como la de la ley de reconstrucción. En materia de seguridad y migración encontrará, como lo ha hecho hasta ahora, mucha mayor disposición de la centroizquierda a diferenciarse dejando solos en su trinchera a comunistas y frenteamplistas, porque entiende que una pérdida de sintonía con el sentido común en estos ámbitos podría ser su perdición.
Pero en materias económico-sociales y laborales el gobierno seguramente se encontrará con un frente opositor unido y con pocas posibilidades de diferenciación significativa, por lo que veremos predominar la búsqueda de apoyos individuales, lo que se ha caracterizado peyorativamente como pirquineo, pero que ha sido la opción obligada de los últimos gobiernos frente a oposiciones unidas en torno al rechazo a sus iniciativas.
Para más columnas en Ex-Ante, clic aquí.
Ver esta publicación en Instagram
Publicaciones relacionadas
El norte es claro: los precios deben bajar a montos razonables en relación con otros países de la región. Como país, debemos imponernos un desafío estratégico y medible: abastecernos, por ejemplo, con energía eléctrica a no más de 40 US$ por MWh, garantizando la seguridad y la resiliencia de nuestra red a lo largo del […]
En Chile, los proyectos de cierta altura deben contar con revisión del cálculo estructural y quienes participan son corresponsables de que la normativa se cumpla. Una ley escrita en un documento no sostiene un edificio. Lo sostiene la existencia de una institucionalidad capaz de hacerla cumplir.
El fallo deja así instalada una pregunta institucional de fondo: ¿cuáles son hoy los límites del control preventivo de constitucionalidad? Esa pregunta, más que las incertidumbres sobre mochilas, uniformes o gratuidad, es la que el Tribunal Constitucional deberá responder con mayor claridad en los fallos que vienen.
La IA puede ser una palanca de transformación profunda. Pero sin una dirección estratégica que priorice la diferenciación sobre la moda, corre el riesgo de ser una distracción costosa.
No se trata únicamente del narcotráfico o del comercio ilegal. Existe otra dimensión, menos visible pero igualmente corrosiva: el crecimiento sostenido del crédito informal, un fenómeno que ha ido ocupando los espacios que el sistema financiero formal ha dejado vacíos.
