He desarrollado parte importante de mi carrera profesional en la Dirección de Presupuestos (Dipres). Tengo certeza de que es una institución con profesionales muy capaces y que ha jugado un rol clave para las políticas públicas de Chile.
Puede incluir entre sus logros haber contribuido a la reducción de la deuda pública en los años noventa y dos mil, la implementación de la regla de balance estructural (BE), la creación de los fondos soberanos, y la instauración de un sistema de monitoreo y evaluación de programas públicos. De hecho, estos aspectos de la experiencia chilena han servido para desarrollos en otros países.
Pero, así como hay logros claros, la realidad fiscal actual deja en evidencia nuevos y grandes desafíos. Sabido es que la deuda se multiplicó por más de 10 entre 2008 y 2025, situándose actualmente a pocos puntos de alcanzar su nivel prudente de 45% del PIB; que el gasto público ha superado a los ingresos estructurales en 16 de los últimos 18 años, con un déficit promedio anual de 2% del PIB; y que los ahorros fiscales en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) han caído hasta solo un punto del producto, un quinto del nivel recomendado por el Fondo Monetario Internacional para poder reaccionar ante una crisis.
En definitiva, la Dipres requiere ponerse al día para hacer frente a esta más compleja realidad y seguir así cumpliendo de manera efectiva su misión de “velar por la asignación y uso eficiente de los recursos públicos, mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, programación y control de gestión, en el marco de la política fiscal”[1].
Ciertamente, la Dipres no puede controlar todos los resultados fiscales, pero sí puede perfeccionar una serie de insumos clave que inciden en ellos. A la luz de las discusiones de los últimos años, y sin ser exhaustivo, identifico las siguientes oportunidades prioritarias:
Todo lo anterior, además, en un contexto en el que desde 2019 existe el CFA, con un rol asesor no vinculante, que en los hechos exige un mayor escrutinio a la labor macro fiscal de la Dipres, le pide más información y le hace recomendaciones. Esta realidad requiere que la Dirección de Presupuestos evalúe su organización interna para una relación más expedita con el Consejo.
La modernización planteada demanda una visión técnica consensuada, pues estamos hablando de mejoras de Estado, no de críticas a un gobierno.
Esto implica alejarse de la vehemencia política que ha acompañado la discusión fiscal del último tiempo. Una forma de avanzar podría ser conformar un Comité Asesor experto que valide el diagnóstico y priorice las propuestas. Seguramente, ex autoridades de la Dipres estarían disponibles para contribuir.
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