Por muchos años, la deuda pública no fue tema de preocupación en Chile. Luego de un peak de 43% del PIB en 1990, entre 1995 y 2015 se mantuvo por debajo del 20% del producto, llegando incluso a menos de 4% en el boom del cobre en 2007. Pero desde ese mínimo histórico, la deuda no ha hecho más que crecer, multiplicándose por más de diez hasta hoy y con perspectivas de no detenerse.
Entre otros efectos negativos, esto ha incidido en la baja de un escalón en la clasificación de riesgo país, y ha causado un aumento del gasto por intereses, al punto que, en 2025, cinco de cada cien pesos del presupuesto fueron destinados a ese fin.
Esta tendencia de endeudamiento es insostenible. ¿La causa? Llevamos casi dos décadas gastando más que nuestros ingresos, con un déficit promedio anual de 2,4 puntos del PIB. A ello se han sumado necesidades de financiamiento “bajo la línea” -como capitalización de empresas públicas, préstamos habitacionales y compra de cartera del CAE- de cerca de un 1 punto del PIB al año. Así, como le pasaría a cualquier persona que gaste crónicamente más que sus ingresos, el Estado de Chile ha engrosado significativamente su deuda.
Ante esta situación, en 2021 el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) propuso establecer un ancla de deuda como parte de la regla fiscal. En particular, recomendó fijar un nivel prudente de deuda como porcentaje del PIB, definido como aquel nivel que asegura con una alta probabilidad la sostenibilidad de las finanzas públicas en el tiempo.
Esta propuesta fue acogida por el Ministerio de Hacienda en 2022, quien, en base a distintas metodologías estadísticas, fijó un nivel prudente de deuda bruta de 45% del PIB como parte su política fiscal. El actual gobierno ratificó que mantendrá dicho nivel como ancla, aunque sus proyecciones muestran que, sin mediar acciones correctivas, éste se superaría desde 2028 y la deuda llegaría a 46,5% del PIB en 2030, la que incluso podría aumentar hasta 2 puntos más en caso de aprobarse el proyecto de ley de reconstrucción según su diseño actual.
En consecuencia, la discusión sobre la deuda pública se ha vuelto ineludible. Tanto, que el gobierno ha debido presentar un proyecto de ley para aumentar en 6.200 millones de dólares la autorización de endeudamiento para el presente año, algo muy extraordinario, que antes solo había ocurrido para la pandemia, y que, por su relevancia, requiere de quórum calificado para su aprobación.
Las implicancias esperadas ante la superación del nivel prudente de deuda son un aún mayor gasto público en intereses, con el consiguiente menor espacio para otras prioridades; y una mayor probabilidad de aumento del costo del crédito para toda la economía chilena, debido a un castigo por riesgo.
Ciertamente estos efectos no son automáticos. Dependen críticamente de si este será un exceso permanente o si, por el contrario, será transitorio y vendrá acompañado de un plan concreto y creíble de convergencia por parte de la autoridad fiscal.
En este sentido, es relevante entender el doble significado de vulnerar una regla. Por una parte, está la interpretación directa del peor valor del indicador, que se traduce en más riesgo y, por otra, no menos importante, está la erosión del compromiso de la autoridad de respetar sus reglas y metas. Por esto es fundamental la señal de responsabilidad fiscal que entregue la autoridad ante las proyecciones de incumplimiento.
Ante todo, no debemos olvidar que el problema de fondo es que no podemos seguir gastando más que nuestros ingresos, cuya solución inevitablemente requiere un plan que equilibre generar mayores ingresos con racionalizar gastos. El gobierno ha hecho anuncios en estas materias, pero sus avances y estimaciones a la fecha no han sido suficientes.
Por último, ante este desafío también es sustancial robustecer la institucionalidad fiscal en torno a la deuda pública para mejorar su proyección y monitoreo.
Aquí hay un claro contraste con la mayor madurez normativa del otro componente de la regla fiscal chilena, el balance estructural (BE), vigente desde 2001. En particular, es necesario que exista una metodología pública que explique cómo la Dipres proyecta la deuda, que en cada Informe de Finanzas Públicas muestre los supuestos principales para replicar el cálculo, y que el CFA tenga un rol explícito en evaluarlo y monitorearlo, obviamente, teniendo acceso oportuno a la base de datos respectiva.
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