El ministro de Hacienda Jorge Quiroz ha anunciado que al cabo de cuatro años espera eliminar el déficit fiscal estructural, que la economía crezca al 4% y que el desempleo baje al 6%. Metas deseables y exigentes, que no se cumplirán con piloto automático: requieren un plan de acción concreto y están sujetas a una coyuntura internacional que Chile no controla, sino de la cual depende.
El gobierno ya ha iniciado algunas acciones para intentar cumplir estos objetivos, como mandatar a los ministerios un ajuste de gasto de 3%. Pero gran parte de sus medidas se espera que se incluyan en el proyecto de ley misceláneo que se presentará al Congreso esta semana, incluyendo cambios tributarios, incentivos al empleo y racionalizaciones de gastos.
Más allá de las legítimas diferencias políticas que existirán sobre estas propuestas, lo que representa un reto en sí mismo para intentar buscar puntos de encuentro y votos, existe el desafío técnico fundamental de cuadrar todos sus efectos fiscales.
Este desafío surge por los trade-offs entre medidas: desacelerar la política fiscal afecta el crecimiento de corto plazo; y reducir el impuesto corporativo impulsa la inversión, pero amplía el déficit inmediato.
Veamos el punto de partida. En lo económico, luego de crecer 5,5% promedio anual en casi 30 años, desde 2014 el promedio ha sido de sólo 2%, misma cifra que se espera para 2026, por lo que la meta gubernamental implica duplicar la capacidad actual de crecimiento.
En materia fiscal, el año 2025 terminó con un déficit fiscal estructural de 3,6% del PIB (en torno a US$12.000 millones), que es la brecha que el ministro plantea cerrar hacia 2030. Ello requiere un mix de reducción permanente de gastos y generación de nuevos ingresos, también permanentes.
En cuanto a ajustar gastos, Hacienda ha instruido a los ministerios recortar este año, y de manera permanente, US$4.000 millones. Ya se ha observado resistencia, la que ha llevado, por ejemplo, a eximir del esfuerzo a seguridad ciudadana. También existen dudas de poder lograr el ajuste en salud, que representa un quinto del presupuesto público y donde en los últimos cuatro años ha existido una sobre ejecución del presupuesto de en torno a 18%.
El riesgo es que el ajuste termine concentrándose en inversión pública, la que desde la pandemia lleva subejecutándose en alrededor de 15% para solventar el exceso de gasto corriente, con el efecto dañino que eso tiene en el crecimiento potencial, que es justamente otra de las metas del ministro.
Con respecto a los ingresos, la apuesta del gobierno es de segunda derivada, pues consiste en potenciar la inversión privada mediante una menor tributación, complementada con agilizar los procesos regulatorios y de evaluación de proyectos. Esta mayor inversión generaría mayor crecimiento, y luego, mayores ingresos fiscales.
La principal medida tributaria en este caso es la rebaja gradual del impuesto corporativo de 27% a 23%, lo que implicaría en régimen una menor recaudación de alrededor de US$1.500 millones, equivalente a cerca de 2,5% del total de ingresos tributarios.
Según la Comisión Marfán esto generaría mayor crecimiento y tributación, pero no la suficiente para auto compensarse. Por ello, ha trascendido que el gobierno también presentará medidas de mayor tributación en la transición, tales como un incentivo a la repatriación de capitales y a las donaciones, pero que son de carácter transitorio.
El desafío, entonces, es calzar en estos cuatro años, un ajuste del gasto, una rebaja de impuestos permanente y un crecimiento económico, que combinados permitan mejorar la situación fiscal en el equivalente a US$12.000 millones.
En este sentido, la institucionalidad fiscal exige que la autoridad explicite estas cifras y sus supuestos. Por una parte, todos los efectos fiscales de los cambios legales deberán presentarse en el Informe Financiero de la ley miscelánea.
Y, por otra, la ley sobre responsabilidad fiscal exige que la nueva administración establezca por decreto las bases de su política fiscal a más tardar en junio, incluyendo las metas de balance estructural para cada año, el nivel prudente de deuda pública que compromete no sobrepasar, y lo que espera ahorrar en el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y en otros activos del tesoro público. Todo lo cual también debe cuadrar coherentemente.
Quedan menos de 60 días para armonizar las cifras en un decreto que defina el gradualismo para alcanzar el equilibrio fiscal que sea consistente con todas estas materias: los supuestos de crecimiento, el éxito de las medidas de reducción del gasto y el efecto neto en ingresos de los cambios tributarios. Esa será la hoja de ruta, cuyo principal insumo conoceremos esta semana por cadena nacional presidencial. Habrá que estar atentos para verificar que, esta vez, todo cuadre.
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