La situación de estrés fiscal que vivimos y su proyección al mediano plazo está bien documentada en informes del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). En efecto, la próxima administración contará con holguras fiscales casi nulas. Esto significa que el gasto público podrá crecer en promedio menos de 1,5% anual, en contraste con el crecimiento promedio de casi 5% de los últimos 15 años.
Por lo expresado durante la campaña, el Presidente electo y su equipo económico están conscientes de que la situación fiscal será estrecha durante todo su período. De hecho, han enfatizado que realizarán un significativo ajuste de gasto, de US$6.000 millones, aunque no han revelado exactamente qué recortarán.
Ahora ya se acerca el minuto de mostrar las cartas. La Ley de Responsabilidad Fiscal exige que la nueva administración fije por decreto las bases de su política fiscal dentro de sus primeros tres meses, incluyendo, al menos, tres elementos clave:
Adicionalmente, ante el inminente incumplimiento de la meta de BE en 2025, la ley también exige que el Ministerio de Hacienda presente un plan de acciones correctivas para retornar a una situación fiscal sostenible. Esto es de especial interés, ya que esta norma aplicará por primera vez en un cambio de gobierno, el que recibirá un presupuesto ajustado y con muy pocos recursos provisionados de libre asignación.
¿Qué sugerencias se pueden dar a las nuevas autoridades ante este complejo escenario?
En cuanto al nivel prudente de deuda bruta, el Ministerio de Hacienda fijó en 2022 un ancla de 45% del PIB, buscando controlar su persistente aumento, que la multiplicó por más de 10 entre 2008 y 2025, situándose actualmente en torno a 43% del PIB.
El escaso margen que queda para superar el nivel prudente y el hecho de que la deuda chilena aún sea baja para estándares internacionales, pueden tentar a incrementar el umbral.
Pero esto es riesgoso. Por una parte, afectaría la credibilidad de la regla que el ancla se relaje la primera vez que es sometida a un cambio de gobierno. Y, además, implicaría seguir esquivando el problema de fondo. Esto es, que el gasto público ha superado a los ingresos estructurales en 16 de los últimos 18 años, con un déficit promedio de 2% del PIB. Es decir, llevamos casi dos décadas gastando más que nuestros ingresos permanentes. Esta es una trayectoria insostenible, que solo ha sido posible por la extraordinariamente sólida posición fiscal que alcanzamos por el boom del cobre hasta 2008, pero que ya agotamos por completo.
Por tanto, es necesario reconocer el déficit fiscal crónico y tomar medidas para solucionarlo, ya sea conseguir mayores ingresos o ajustar los gastos, pero no seguir financiándolo con deuda. Esto requiere mantener la deuda por debajo del 45% del PIB. Por lo anunciado en campaña, la opción del gobierno entrante sería reducir el gasto. Surge entonces el desafío de definir qué ajustar.
Aunque pudiera ser políticamente más simple, no es recomendable recortar la inversión pública, pues es contraproducente para el crecimiento potencial. Lamentablemente, la inversión se ha subejecutado todos los años desde 2015, con niveles que han llegado en torno al 15% desde 2020 en adelante, e incluso, con proyecciones oficiales de la Dirección de Presupuestos que ya consideran una reducción de 27% de la inversión entre 2025 y 2030.
Por consiguiente, el ajuste debe procurar centrarse en gasto corriente. Para ello hay propuestas valiosas sobre la mesa, como las de la “Comisión asesora para reformas estructurales al gasto público” y las del CEP, que se centran en identificar programas mal evaluados, ineficiencias, deficiencias de focalización y abusos. Por cierto, estas propuestas implican desafíos técnicos y de economía política, que deben ser atendidos.
En cuanto a las metas de Balance Estructural, para no superar el nivel prudente de deuda ellas debiesen implicar una convergencia gradual a un equilibrio: desde el déficit proyectado de 2,2% del PIB para 2025 a 0% del PIB hacia 2030. Esto es lo que han propuesto varios gobiernos pero que luego han pospuesto, no quedando margen para nuevas postergaciones. Por cierto, no basta con fijar estas metas, si no que ellas sean cumplidas, rompiendo así la tónica del último trienio.
Respecto a los ahorros, el Fondo Monetario Internacional ha recomendado tener al menos un 5% del PIB en el FEES para poder reaccionar ante una crisis, tal como hicimos para la pandemia. Actualmente este fondo está cercano a un 1% del PIB, lo que implica un esfuerzo cuantioso para reconstruirlo, que requiere lograr superávits fiscales en algún momento. Como ello tomará un tiempo, se podría complementar con un plan de transformación de activos ilíquidos en activos financieros que se aporten al FEES.
Como se ve, los desafíos fiscales del nuevo gobierno son sustantivos. El ya reconocerlos es un buen punto de partida. Las propuestas técnicas concretas y la gestión política para implementarlos es lo que debiera seguir.
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