Dos informes, uno de oficialismo y otro de oposición, fueron los que este lunes se sometieron a votación en la comisión especial investigadora de las pensiones de gracia otorgadas por vulneraciones de derechos en el contexto del estallido social, en 2019.
Ambos documentos fueron aprobados por 7 votos a favor y 6 en contra y presentan discordancias o desajustes en varios puntos, pese a que ya está listo para ser revisado por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, que no puede realizarle modificaciones. Todo apunta a que no se resolverá antes de un mes.
Para llegar a las conclusiones finales se recibió en audiencia al INDH -en el contexto en el que es el órgano acreditador de la calidad de víctima- y a personeros de Gobierno, entre otros. En ese contexto, a mediados de septiembre, el subsecretario Manuel Monsalve informó que 40 de los beneficiarios tienen antecedentes penales, de las cuales 17 fueron otorgadas en el Gobierno de Sebastián Piñera y las 23 restantes por el de Gabriel Boric.
Dentro de los casos, había un prófugo de la justicia y una persona con 11 condenas por robos, hurtos y desórdenes. En total se otorgaron 418 pensiones, lo que en total significa un costo para el Estado de $294 millones mensuales. A continuación algunas discordancias o desajustes en el texto que deberá revisar la sala de la Cámara de Diputados.
1. Revisión de pensiones otorgadas
En el texto de la oposición que se aprobó se recomienda al Ejecutivo lo siguiente: “Reevaluar el mérito de las pensiones otorgadas a personas con antecedentes penales, así como revocar el beneficio si se llegare a detectar la mejora física de beneficiarios con lesiones leves”.
Las conclusiones del oficialismo —también aprobadas con 7 votos a favor y 6 en contra— plantea: “Al haberse realizado el otorgamiento de las pensión de gracia acorde a los procedimientos establecidos, no procede el retiro de la pensión, dado que se siguen reuniendo los requisitos legales y administrativos para tener el beneficio”.
2. Incumplimiento de la normativa
En el documento de la oposición se plantea que en ninguno de los decretos que otorgó estos beneficios “se observan consideraciones que permitan justificar la concurrencia de casos calificados, como mandata el referido artículo 6º” de la ley 18.056, lo que supone un incumplimiento de la normativa.
El texto del oficialismo señala: “Por parte del Ejecutivo, específicamente por parte del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, no se incumplió lo establecido en la normativa vigente”.
3. Reparación
El oficialismo propuso tener en cuenta el diseño y mejoramiento de medidas de reparación integral, incluyendo los estándares internacionales en la materia, así como también la investigación científica y la experiencia en Chile. También se plantea que se debe evitar la revictimización.
El documento de la oposición sostiene: “En lo sucesivo, evitar el otorgamiento de pensiones de gracia como medida de reparación por eventuales violaciones a los derechos humanos, independientemente del contexto en que se originen. En tal sentido, se recomienda evaluar los antecedentes y la resolución final de posibles casos a través de comisiones creadas especialmente para tal efecto, cuando existan circunstancias calificadas que justifiquen la implementación de este tipo de instancias. En particular, se recomienda que el procedimiento de acreditación de la calidad de víctima esté a cargo de profesionales y especialistas del área de la salud para constatar objetivamente las presuntas lesiones físicas y ponderar la magnitud de dichas afectaciones conforme a parámetros médicos unificados que permitan analizar debidamente el mérito de las solicitudes”.
4. Procedimientos
En el documento, que será remitido a la Contraloría y al Presidente Boric una vez votado, existen coincidencias respecto de que el procedimiento para otorgar las pensiones de gracia presenta deficiencias. Los motivos que se esgrimen, sin embargo, son distintos.
El texto aprobado del oficialismo plantea lo siguiente respecto del procedimiento para otorgar pensiones de gracia: “No está reglamentado de manera homogénea, y no ha resultado eficiente en el caso revisado por la CEI 26 (Comisión Especial Investigadora número 26) debido a sus altos niveles burocráticos”.
La oposición recomienda: “Que el procedimiento de acreditación de la calidad de víctima esté a cargo de profesionales y especialistas del área de la salud para constatar objetivamente las presuntas lesiones físicas y ponderar la magnitud de dichas afectaciones conforme a parámetros médicos unificados”.
Añade: “La Ley de Presupuestos no es el mecanismo más idóneo para determinar el procedimiento de otorgamiento de pensiones de gracia, ya que propicia eventuales infracciones al principio de juridicidad al disponer la intervención de organismos que como el INDH no tienen la competencia legal para pronunciarse sobre las solicitudes”.
Dentro de las conclusiones también se plantea que el gobierno de Boric aumentó significativamente el monto de las pensiones de gracia. Por ejemplo, dice el texto, el monto mínimo del beneficio “pasó de casi $80 mil a $283 mil por lesiones leves (a agosto de 2023)”.
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