Necesidad de ajustes a la medición de la evasión. Por Gabriel Ugarte

Investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP)

El incumplimiento tributario debe ser combatido sin importar su magnitud. Sin embargo, solo al contar con cifras precisas y consensuadas sobre la evasión fiscal, podremos establecer metas realistas y diseñar políticas efectivas para reducirla.


“Indique el tipo de uso/operación que realizó con las propiedades registradas a su nombre”. Esa es la nueva solicitud del Servicio de Impuestos Internos (SII) que ha generado estupor entre algunos contribuyentes, que insta a declarar los ingresos obtenidos a través de bienes raíces. Ello es una muestra de una mayor actitud fiscalizadora del gobierno para disminuir la evasión y elusión en el país.

No pagar los impuestos que corresponden no solo resulta en una reducción de los recursos destinados al gasto público, sino que también es fuente de una profunda inequidad. Es injusto que algunos individuos eludan sus obligaciones fiscales, y todavía peor, cargarle aún más la mano a aquellos que sí las cumplen. Esta preocupación se ve agravada por el declive que ha experimentado el compromiso con el cumplimiento tributario de los chilenos en los últimos años (CEP 2024).

Para combatir la evasión tributaria es crucial primero medirla. Recientemente, el Gobierno estimó que el 51% del impuesto que las empresas deberían pagar es evadido, una cifra que ha suscitado críticas entre los expertos por su magnitud y la falta de mayor transparencia respecto de su cálculo.

Este porcentaje refleja el comportamiento de algunas firmas, que no pagan los impuestos que corresponden. Sin embargo, ¿está la estimación diferenciando de manera precisa el comportamiento abusivo del que no lo es? Parece que no del todo.

Las empresas deben pagar impuestos en base a sus utilidades, es decir, a la diferencia entre sus ingresos y gastos. Algunas de ellas, ante la dificultad para realizar un desembolso significativo para comprar un activo –como puede ser un vehículo–, optan por un contrato de arriendo con opción de compra al final del periodo (leasing). A pesar de ser una estrategia completamente legal, el diferimiento de impuestos que permite este instrumento está siendo considerado como parte de la evasión.

Así como el leasing, se están excluyendo otros gastos (y al mismo tiempo incluyendo ingresos que están exentos del impuesto corporativo) que sobrestiman la cifra de incumplimiento tributario. Este problema es especialmente agudo para la economía que hoy funciona en la informalidad, ya que también se excluyen los beneficios tributarios a los que podría acceder si se formalizara.

Además, hay un problema aún más grande: una vez que se determinan las utilidades evadidas, ¿qué tasa de impuesto se les debería aplicar? Mientras las grandes empresas están afectas al impuesto máximo del 27%, las Pymes pueden incluso estar exentas de pago. El estudio del SII calcula una tasa promedio en base a lo que se observa en la economía formal, lo que parece estar muy lejos de la realidad.

Una parte significativa de la economía informal está compuesta por pequeñas “empresas” que probablemente no estarían sujetas al impuesto corporativo si se formalizaran. Basta pensar, por ejemplo, en los trabajadores por cuenta propia que no entregan boletas de venta, con negocios con ingresos bajos pero que a nivel agregado impactan la medición de la evasión.

Además, la evidencia en otros países señala que mientras menor es el tamaño de las firmas mayores son las tasas de evasión. En este escenario es esperable que la economía que evade esté más concentrada en empresas más pequeñas, y por tanto, que pagan un menor impuesto corporativo que el agregado de las empresas formales.

Es difícil cuantificar el impacto de todos los problemas detectados en la medición de la evasión debido a la falta de información. Sin embargo, incluso al considerar parcialmente algunos de los temas mencionados aquí, la medición oficial del incumplimiento tributario en las empresas estaría sobrestimado en al menos 10 puntos porcentuales (CEP 2024). Es probable que esta brecha sea mayor en la medida que se haga pública más información y que ello permita corregir otros problemas.

El incumplimiento tributario debe ser combatido sin importar su magnitud. Sin embargo, solo al contar con cifras precisas y consensuadas sobre la evasión fiscal, podremos establecer metas realistas y diseñar políticas efectivas para reducirla. Para ello es indispensable ajustar la metodología actual y aprender de las estrategias exitosas implementadas en otros países. Solo así podremos avanzar hacia un sistema tributario más equitativo y eficiente.

 

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