Los negociadores constitucionales están en un zapato chino. Por Sergio Muñoz Riveros

Es posible que estemos asistiendo a una escenificación en la que los actores no están preocupados realmente de la Constitución, sino de evitar ser culpados si la negociación fracasa. En confianza, confiesan sus dudas respecto del destino de las conversaciones, en cuya génesis estuvo el apuro de La Moneda por tapar la derrota, y también el apuro de la centroderecha por demostrar que es partidaria de los cambios. La escenografía se va revelando anacrónica, muy distante de las verdaderas necesidades de la población.

Es posible que algunos observadores en el exterior se pregunten cómo lo hacen los chilenos para complicarse la vida de una manera tan persistente y creativa. En realidad, no se entiende que, luego del contundente rechazo al proyecto de Constitución elaborado por una convención elegida en mayo de 2021, los partidos políticos representados en el Congreso se encuentren ahora enfrascados en una discusión acerca de cómo elegir una nueva convención para repetir el proceso constituyente. Parece broma, pero no tiene nada de gracioso.

Después de acordar 12 puntos que serían la base de un eventual nuevo texto, los negociadores han buscado resguardar su cumplimiento a través de un órgano que supervigilaría a la nueva convención. Descartaron que esa tarea sea cumplida por el Congreso, la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional, y optaron por crear una comisión ad hoc, una suerte de órgano arbitral, cuya composición, forma de designación y atribuciones serán discutidas en los próximos días. Creatividad no falta, como vemos.

Por lo tanto, el Congreso promoverá la creación legal de dos entidades: la convención y la comisión encargada de garantizar que aquella no se aparte de los 12 puntos pactados. Se deduce, por lo tanto, que la última palabra la tendrá el órgano contralor, puesto que el Congreso volvería a inhibirse de participar en la resolución final sobre los contenidos del texto. Es increíble hasta dónde han llegado los complejos de todos los partidos: ninguno se atreve a reivindicar la potestad constituyente del Congreso.

Lo insólito es que todo el proceso depende de las decisiones que adopte el Congreso. Allí tendrá que definirse la nueva reforma constitucional que debe habilitar la elección de convencionales y legitimar el órgano que la controlará. Por lo tanto, cuando se dice que el Congreso no puede resolver directamente el asunto constitucional porque tiene baja aprobación ciudadana, se da una explicación tuerta, ya que el Congreso, además de organizar convenciones, sigue aprobando la Ley de Presupuesto, la renovación del Estado de Emergencia en el sur, e incluso reformas constitucionales como la rebaja del quorum de reformas a 4/7. Y, sin embargo, por alguna razón insondable, no puede zanjar de una vez el lío constitucional. ¡Y llevamos tres años de fiesta!

Los negociadores todavía no se han puesto de acuerdo sobre la composición y forma de elegir la segunda convención. Mientras los partidos oficialistas proponen que tenga 125 integrantes, que sea 100% electa y con 9 escaños indígenas, los partidos de Chile Vamos prefieren una convención con no más de 50 integrantes, y no han definido si la prefieren mixta o completamente electa. Todos los partidos están sacando cuentas electorales, por supuesto, pero quizás no se han detenido a pensar en el fastidio de los ciudadanos por tener que repetir la elección del año pasado, que condujo a una experiencia tan bochornosa.

Cuesta creer que los partidos que gobiernan con Boric, duramente derrotados en el plebiscito, tengan muchas ganas de ir pronto a otra elección. Lo quieran o no, sus candidatos serán los representantes de la opción derrotada el 4 de septiembre. Y tendrán que explicar, por ejemplo, por qué sus partidos llamaron esa vez a votar por un Estado plurinacional, y ahora piensan otra cosa, o por qué proponían rebajar la autoridad del Poder Judicial y eliminar el Senado, y ahora no.

La nueva campaña electoral será cuesta arriba para el oficialismo, y en un contexto político, económico y social no precisamente estimulante. Por si fuera poco, el asunto constitucional no figura de ninguna manera entre las principales preocupaciones ciudadanas, que son la delincuencia, el orden público, la inflación, el empleo, la salud, etc.

Es posible que estemos asistiendo a una escenificación en la que los actores no están preocupados realmente de la Constitución, sino de evitar ser culpados si la negociación fracasa. En confianza, confiesan sus dudas respecto del destino de las conversaciones, en cuya génesis estuvo el apuro de La Moneda por tapar la derrota, y también el apuro de la centroderecha por demostrar que es partidaria de los cambios. Mientras tanto, la escenografía se va revelando anacrónica, muy distante de las verdaderas necesidades de la población.

En varios momentos, los negociadores han dado la impresión de estar concentrados en la búsqueda de un remedio para una enfermedad que no existe, sometidos a las servidumbres de una batalla simbólica impuesta por quienes, sobre todo desde la campaña presidencial de 2013, se empeñaron en desacreditar la transición democrática y anular el mérito de la acumulación de reformas. Lejos hemos llegado por esa vía. Y ya sabemos con qué métodos fue empujado el país, en 2019, al laberinto constitucional del que aún no consigue salir.

Los presidentes del Senado y la Cámara todavía tienen la oportunidad de evitarle a Chile nuevos enredos y contribuir al fortalecimiento del régimen democrático. Sería ampliamente valorado que dijeran que, con el propósito de facilitar los acuerdos, consideran que el Congreso debe hacerse cargo de adoptar, con plena autoridad, las mejores decisiones posibles con vistas a renovar el pacto constitucional en un plazo razonable, luego de lo cual vendría el pronunciamiento ciudadano en un plebiscito. Ojalá se convenzan de lo mucho que ayudarían, de ese modo, a la estabilidad institucional que tanto necesita el país.