El 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, en el cual se realizaron diversas actividades para resaltar su relevancia, amenazas y desafíos, particularmente en América Latina. Una de las principales preocupaciones es la seguridad de quienes cumplen un rol tan clave en nuestras alicaídas democracias. Sin libertad de prensa que fiscalice al poder de turno, los gobiernos autoritarios y/o corruptos están a la vuelta de la esquina y con impunidad.
Probablemente por eso mismo nuestra región se caracteriza por un ambiente de inseguridad hacia la prensa y de impunidad de sus ataques, siendo el año pasado la segunda más mortífera del mundo. México muestra la peor cara en este asunto: en lo que va del año, la organización Reporteros Sin Fronteras señala que ha habido más asesinatos de periodistas en dicho país que en Ucrania.
Lamentablemente en todos lados se cuecen habas. Esta semana falleció en nuestro país una periodista asesinada reporteando las manifestaciones del 1 de mayo y otra en Palestina reporteando un campo de refugiados. Nuestro país descendió 28 puestos en el ranking anual de libertad de prensa, principalmente por ataques y agresiones sufridas por periodistas, algunas de ellas de manos de la policía y organismos de inteligencia militar. No olvidemos casos de periodistas como Mauricio Weibel -que destapó el Milico-Gate- que fue espiado de una manera fraudulenta por la inteligencia estatal, amparado por la justicia.
A esto podemos sumarle el escándalo del momento en España, con la divulgación de que la inteligencia nacional habría utilizado el famoso programa Pegasus -creado en Israel- para espiar a políticos catalanes e incluso al presidente del Gobierno. Para quienes no conocen este programa, es como el que supuestamente se utilizó en Chile en la Operación Huracán, pero uno de verdad y que han comprado gobiernos de todo el mundo para espiar a periodistas, activistas de derechos humanos y anticorrupción, como también a políticos de oposición.
En nuestra región se ha conocido que se ha utilizado al menos en México y El Salvador. Ignoramos si nuestro país también lo ha adquirido o utilizado, pero hay estimaciones que al menos 45 países -más y menos democráticos- lo tienen.
Lo anterior implica una grave vulneración a los derechos humanos y la libertad de prensa. Sin duda que las actividades de inteligencia son clave para resguardar la seguridad nacional y que hasta en los países más desarrollados y neutrales cuentan con ella. La guerra en Ucrania probablemente llevará a que varios países vuelvan a gastar más en materias de defensa y las labores de inteligencia asociada. Sin embargo, es clave que ésta sea bien utilizada, no solo por un tema de no violar derechos humanos como la libertad de prensa -algo básico en una democracia que se precie de tal-, sino para que ésta sea realmente efectiva.
Por esto, tenemos que pensar en cómo podemos modernizar nuestro sistema para que cumpla sus fines -lo que ha estado en cuestionamiento post estallido con informes como el monitoreo de redes sociales-, realmente sirva para detectar posibles actividades que atentan contra la seguridad de las personas y controlar el avance del crimen organizado.
Para esto se requiere que los recursos que se tienen realmente se utilicen en esto y no en espiar o intervenir las comunicaciones de activistas, dirigentes sociales y periodistas que incomodan al poder, además de sistemas de control externo efectivos. Muchos países desarrollados en los últimos años han avanzado en esta línea, ya sea dándole más poder de control a sus Congresos o a entidades independientes del gobierno de turno.
En momentos en que la seguridad se vuelve un tema relevante, requerimos una verdadera inteligencia estatal, pero ésta no puede estar fuera de control y perseguir a quiénes buscan fortalecer nuestra democracia y no a quienes realmente la socavan.
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