Antes de que termine la semana, el Ejecutivo deberá enviar al Congreso el proyecto de Ley de Presupuesto para el 2023. ¿Cuál es la relevancia de este hecho? Que según lo que envíen, podremos ver qué desafíos considera cruciales el actual Gobierno.
Casi en perfecta sintonía, se publicó hace unos días el informe “OECD Economic Surveys: Chile”, en el que se evalúa cuáles son los principales retos que Chile tiene en materia económica. A grandes rasgos, la entidad hace un fuerte llamado de atención sobre la estancada productividad y pronostica una brusca desaceleración. En esta línea, realza la necesidad de efectuar reformas estructurales que impulsen el olvidado crecimiento y la generación de recursos fiscales adicionales; cruciales para potenciar el progreso económico y social.
¿Pero cómo alcanzar un crecimiento firme y sostenible? El informe pone el acento en aspectos pro-competitividad y en aumentar el gasto total en investigación, desarrollo e innovación, para mejorar la productividad. Además, contiene una sección dedicada a la actual reforma tributaria, lo que es bastante oportuno si consideramos que ya sorteó el primer paso legislativo. Al respecto, respalda parte de este ambicioso esfuerzo por generar mayores recursos, aunque es escéptico con la recaudación del impuesto a la riqueza, por las dificultades de la valoración de los bienes y la fuga de capitales que este conllevaría. Además, sostiene que el verdadero desafío para aumentar los impuestos a las personas naturales es ampliar la escueta fracción de la población que está afecta a este tributo.
Por otro lado, y considerando que desde octubre del 2019 no se ha avanzado en reformas sociales producto de que todos los huevos fueron puestos en la canasta del fallido proceso constitucional, el informe es enfático en recordarnos que no podemos congelarnos en un solo tema. Ni en lo constitucional, ni en solo lo tributario, como previno el ministro de Hacienda, quien recordó que dicha reforma debe relacionarse con el dónde serán destinados los recursos recaudados. ¡Pero cuidado! La OECD advierte que las reformas a financiar con los potenciales nuevos ingresos fiscales tienen algunos escenarios de riesgos en caso de que se lleven a cabo las inversiones sociales sin haber recaudado lo propuesto. Esto podría provocar que la deuda bruta se eleve aún más, pasando del 40% al 70% del PIB en un horizonte cercano.
Está claro que ha regresado la urgencia de invertir en más y mejores políticas públicas. A mi juicio, todo lo vivido tras el estallido y la pandemia revive con mayor fuerza las deudas sociales con la ciudadanía (que son de larga data). Sobre todo, aquellas reformas que podrían aumentar la productividad (como aconseja la OECD) y disminuir la desigualdad. Aquí, una pincelada de un par de temas:
Llevamos mucho tiempo paralizados sin poner en el centro de la discusión pública aquellos temas que en lo pronto preocupan a la ciudadanía; aquellos que, lejos de tener el corazón en la política, los tienen en la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Nos mantendremos nuevamente congelados? ¿Seremos capaces de construir acuerdos legislativos dejando aquellas rígidas posturas? ¿Se actualizará el programa de gobierno a la luz de los resultados del plebiscito? ¿Será secundada la discusión presupuestaria del próximo año con el avance de la reforma tributaria? Todo esto está por verse, y el puntapié inicial será la ley de presupuesto 2023.
Tanto desde el oficialismo como desde sectores de la oposición hay interés por llegar a acuerdo en materia de pensiones. El rol del Estado queda en duda con el APA, pero se mantendría con un inversor público. Se termina la idea de las cuentas nocionales. Incluso una nueva versión del autopréstamo podría entrar al borrador.
¿Cómo creerles ahora que están del lado de las policías y de su seguridad en el combate contra delincuencia? ¿Cómo creer que el riñón feminista de la movilización -que cantaba “puta, maraca, pero nunca paca”- ahora se acongoje desde La Moneda por la vulnerabilidad de las carabineras? Esta crisis simboliza la segunda derrota del ethos […]
Revise las principales fechas para realizar enviar la declaración al SII y determinar la eventual devolución de impuestos. Este año habrá una fiscalización concentrada en los altos patrimonios.
Si proyectamos la evolución de la carga tributaria de los países OCDE conforme aumenta su nivel de desarrollo, deberíamos aspirar a cerrar la brecha con el promedio OCDE actual (24,5% del PIB) en un plazo de 12 años, es decir, al 2035.
Es de esperar que la tramitación del royalty siga con el mismo espíritu de diálogo y consensos de estos últimos meses. No se debería empañar por las voces que han planteado utilizar este tributo para compensar el déficit de recaudación que provoca el reciente rechazo a la reforma tributaria.