El sistema de seguridad social de EE.UU. (SSS) surgió en 1935 durante la gran depresión, como un sistema de reparto en que los primeros pensionados no habían aportado, y sus beneficios se financiaban con los aportes de los trabajadores activos. Inicialmente los trabajadores aportaban 1% de su salario y los empleadores otro 1%. Con generaciones de adultos mayores cada vez más grandes relativo al grupo de aportantes, esta cotización fue creciendo, y hoy es 6,2% del trabajador y 6,2% del empleador. Los independientes cotizan un 12,4%.
Para obtener el beneficio de pensión en el SSS, se necesita un mínimo de 10 años de aportes. La pensión es una renta vitalicia que se calcula como un porcentaje del promedio de ingresos (corregido por inflación) de los mejores 35 años. Esto significa que, si una persona tiene solo 20 años de cotizaciones, el promedio de ingresos se calcula con 20 salarios anuales y 15 ceros. A este promedio se le aplica un porcentaje (o tasa de reemplazo) que parte en 90% para los salarios más bajos y va decreciendo para salarios más altos.
Para recibir el beneficio completo del sistema, se requiere llegar a la “edad de pensión normal”. Para los nacidos en 1957, que cumplieron 65 en 2022, la edad “normal” es 66 y 6 meses. En 2023 será 66 y 8 meses. Para los nacidos a partir de 1960, la edad “normal” está establecida en 67 años. Las personas pueden obtener una pensión adelantada a los 62 años, pero eso les significa una rebaja de pensión.
Los expertos estiman que, en un futuro cercano, el total de recursos que el sistema recibe anualmente no será suficiente para entregar las pensiones del mismo año. Por ley, el sistema no puede ser deficitario, lo que va a requerir un recorte de beneficios al nivel de los recursos disponibles.
Esta realidad está a la vista de la población, de los empleadores, y del gobierno. Por esta razón, a partir de 1978, los empleadores pudieron ofrecer planes de ahorro voluntarios con cotizaciones “matching”, y la regulación se ha encargado de proteger la solidez de estos planes.
En 2023, poco más del 50% de los trabajadores del sector privado de EE.UU. contribuye a un plan de pensiones recomendado por su empleador. Estos planes son de propiedad de cada trabajador, y tienen ventajas tributarias similares al APV en Chile. Los trabajadores no cubiertos por los planes voluntarios se dividen en tres grupos: 1) aquellos cuyo empleador no ofrece planes de ahorro voluntario (dos tercios del total); 2) el empleador ofrece un plan, pero el trabajador no lo acepta; 3) se trata de un trabajador por cuenta propia.
El presidente Joseph R. Biden, con la aprobación del Congreso, promulgó una ley en diciembre de 2022, que intenta avanzar en tres líneas: lograr que las personas ahorren más para la jubilación, mejorar las reglas de jubilación y reducir el costo del empleador de establecer un plan de jubilación.
Esta ley obliga a todo empleador con más de 10 empleados, a partir de 2025, a inscribir automáticamente a los empleados a un plan de ahorro para pensión con un monto de participación de al menos el 3% pero no más del 10%. La contribución aumenta a un ritmo del 1% anual hasta un mínimo del 10% y un máximo del 15%. Aunque, al igual que en este momento, los empleados pueden optar por no participar en estos planes, e espera que un porcentaje importante de trabajadores aceptara la recomendación del empleador y ahorrará.
Las pequeñas empresas (con 10 o menos empleados), nuevas empresas (menos de tres años de antigüedad), las iglesias y el gobierno, están exentos de la disposición. Los empleados a tiempo parcial son elegibles para estos planes con más apremio que en el pasado. Con anterioridad, los empleadores no estaban obligados a extender estos planes a los empleados con menos de 1.000 horas al año. La nueva ley solo requiere dos años consecutivos a 500 horas o más para ser elegible para estos planes.
Podríamos examinar otros países en los cuales se han aprobado leyes que inducen a los trabajadores a ahorrar para su pensión. Lo importante es que no hay duda respecto a que esta es la solución central para entregar pensiones dignas y sostenibles en el tiempo.
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