La entidad creada en 2015, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, registra varios años de déficit, sobrecontratación de académicos y funcionarios y tuvo que entregar su casa central por no pago de arriendo. Tras emitir un duro informe sobre el caso, la Superintendencia de Educación Superior deberá resolver si la interviene o la clausura.
Qué observar. El 27 de noviembre la Superintendencia de Educación Superior (SES) que encabeza José Miguel Salazar, entregó a la Universidad de Aysén los resultados de un informe de investigación realizado en la región desde agosto pasado.
- El documento señala que la universidad estatal “ha incumplido sus compromisos financieros, administrativos y laborales y se encuentra en peligro de incumplir sus compromisos académicos con los estudiantes”.
- Además, debido a graves problemas de gestión, el déficit que arrastra desde hace años y la incapacidad de atraer financiamiento de otras fuentes que no sean los aportes estatales, “las proyecciones anuncian que la crisis de la Universidad de Aysén sólo se hará más profunda en el futuro próximo”, señala el informe.
- Entre otras materias, se detectó que la universidad, que ya ha tenido cuatro rectores, no utilizó debidamente los recursos que le asignaron para tener infraestructura, y ha perdido patrimonio, e incluso su casa central, -ubicada en calle Obispo Vielmo N°62, Coyhaique- por retrasos en el pago de arriendo.
- También registra una sobre dotación de académicos y funcionarios, que se ha incrementado en el último año, mientras que el ingreso de alumnos ha sido un décimo de lo que se esperaba.
- Ante esto, la universidad tiene un plazo de 15 días para entregar una respuesta y la Superintendencia deberá determinar si nombra a un interventor (administrador provisional), ordena un plan de recuperación o bien solicita al Ministerio de Educación que se nombre un administrador de cierre para poner término al proyecto.
Primera estatal en 20 años. La Universidad de Aysén fue creada por ley en 2015, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, y entró en funcionamiento en 2017.
- Era una promesa de campaña de la ex mandataria en respuesta a una de las demandas de las movilizaciones de Aysén de 2012.
- Junto con la Universidad de O’Higgins, fueron anunciadas como los primeros planteles de educación superior estatales creados en 20 años (la anterior fue la UTEM en 1993).
- Desde entonces ha tenido cuatro rectores: Roxana Pey, María Teresa Marshall, Natacha Pinto (ex RD) y Enrique Urra, quien asumió el cargo en septiembre pasado.
10 problemas. El informe de la SES fue elaborado por el abogado e investigador Pablo Beltrán. El documento señala los siguientes problemas en el funcionamiento de la universidad:
- Se registra sobre dotación de funcionarios. La institución imparte ocho carreras y tiene 652 estudiantes y aunque la oferta académica no ha crecido, entre 2018 y 2022 los docentes aumentaron de 40 a 138, mientras que los administrativos crecieron en un 90%. El gasto en remuneraciones ha experimentado un crecimiento permanente, expandiéndose desde MM$2.510 en 2018 hasta MM$7.786 en 2022.
- Existe una barrera para el crecimiento por la vía de las matrículas y aranceles, dadas las características geográficas y demográficas de la región. Registró una matrícula nueva de 171 estudiantes en 2023, lo que representa un aumento de 19% respecto a 2022, sin embargo las fallidas proyecciones de matrícula de la institución esperaban este año un crecimiento de un 135%.
- Desordenes administrativos como retrasos en la ejecución de convenios, retraso o ausencia de rendición de cuentas de proyectos, errores en el pago de proveedores, falta de control y resguardo de información, incumplimiento de requisitos para el otorgamiento de becas, ausencia de control presupuestario, errores en el registro contable. La universidad respondió que les falta personal para hacer esas tareas contables.
- En la Ley que crea las Universidades estatales se asignó a la U. de Aysén fondos para tener inmuebles e incluso una transferencia de Bienes Nacionales, sin embargo la institución no ejecutó los proyectos, por lo que no posee infraestructura. Ya se cumplieron los plazos de ejecución y se constató que la universidad ha destinado parte de esos recursos a a financiar sus gastos de operación.
- La universidad arrienda las oficinas de sus tres campus. El recinto donde funcionaba su casa central registra deuda de los los pagos correspondientes a julio, agosto, septiembre y octubre de 2023. El 11 de noviembre se puso término al contrato de arriendo.
- Situación financiera deteriorada, reflejándose pérdidas operacionales en los cuatro últimos años y pérdidas netas de magnitud creciente en los últimos tres cierres. Deterioro significativo en la posición patrimonial durante los dos últimos ejercicios, culminando así con patrimonio negativo en 2022 por MM$1.003 y un déficit acumulado de caja por MM$2.500.
- La Universidad ha recurrido en diversas oportunidades a “créditos de enlace”, con el objeto de transferir fondos de proyectos hacia el presupuesto institucional y el pago de remuneraciones. En la generalidad de los casos, los montos no han sido reintegrados, lo que ha sido objetado por Contraloría.
- Problemas de liquidez. “El informe constata una situación crítica en la caja institucional, la cual da cuenta de una imposibilidad de garantizar el pago de remuneraciones y de los demás compromisos desde noviembre de 2023 en adelante”
- El informe señala que el plan de contingencia preparado por el rector Enrique Urra, quien asumió en septiembre, es insuficiente, no cuenta con estimación financiera y algunas de las medidas propuestas pueden incumplir obligaciones legales como pago de remuneraciones, honorarios y servicios básicos.
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