El fiscal regional de La Araucanía abrió una nueva arista en las investigaciones que ya desarrollaba en la región, a partir de los antecedentes enviados por el diputado Jouannet (Amarillos). El parlamentario —que paralelamente hizo una presentación a Contraloría— cuestionó los $245 millones adjudicados por Conadi a una sociedad creada en febrero, pese a su poca experiencia y a que en 2 ocasiones esto ocurrió en licitaciones donde no hubo otros oferentes. La Conadi depende del ministerio de Desarrollo Social, que encabeza Giorgio Jackson, quien por la mañana descartó renunciar tras los cuestionamientos a la fundación Democracia Viva ligada a RD.
Qué observar. El 1 de febrero de 2023 la Sociedad de Profesionales Chikawal Limitada fue constituida en Temuco, con el giro ante Impuestos Internos de “Actividades de consultoría de gestión”. Veintidós días más tarde la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) del Biobío le entregó su primer contrato, por $80 millones, para realizar cursos de “enseñanza de la lengua mapuche en jardines infantiles y establecimientos educacionales”.
- La sociedad Chikawal fue seleccionada en una licitación, donde fueron los únicos postulantes. En el decreto firmado por el director regional subrogante de Conadi Gonzalo Toledo se consignó que habían obtenido cero puntos en el factor “experiencia de ejecución de proyectos o programas”, pero calificaciones altas en todos los demás ítems, como contar con un equipo de experiencia.
- Sus fundadores eran Ana Cecilia Chicahual Neculhual, quien integró el directorio de la corporación Longo Kilapang, y Claudio Chicahual Herrera.
- El 24 de marzo se adjudicaron una segunda licitación con Conadi, esta vez por $44 millones, donde también fueron los únicos postulantes. La materia era educación intercultural indígena en 10 establecimientos educacionales de la Región de Antofagasta.
- El 8 de mayo y el 20 de junio se adjudicaron otras 2 licitaciones de educación intercultural con Conadi, una por $80 millones en Osorno, Región de Los Lagos, y otra por $37 millones en San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta, en estos casos sí imponiéndose a otros oferentes.
- También obtuvieron $4 millones para un curso presencial de cosmovisión y patrimonio indígena para funcionarios de Conadi, el 28 de junio. La orden de compra de Conadi disponible en mercadopublico.cl no aclara sí hubo más oferentes.
- El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) objetó este lunes estas adjudicaciones por $245 millones, a través de una presentación realizada en Contraloría y de antecedentes enviados al fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido.
- Este último resolvió abrir una indagación penal. “Se recibió (…) una información de parte del diputado Jouannet, dando cuenta de situaciones que también afectan a una fundación y a otros órganos del Estado y, así como lo hemos hecho la semana pasada frente a informaciones que ha recibido el Ministerio Público en cuanto a situaciones que de acuerdo con los diputados pueden ser eventualmente constitutivas de delitos, hemos iniciado las investigaciones que corresponden”, dijo Garrido.
- Las otras 2 aristas abiertas en la región eran a contratos del gobierno regional encabezado por Luciano Rivas (ind-Evópoli) y a una fundación que recibió fondos del Ministerio de Desarrollo Social en Angol.
Por qué importa. La investigación penal abierta por Garrido se suma a las que ya se desarrollaban entre Arica y Aysén por fraude al fisco o posible malversación de caudales públicos, pero con diferencias.
- Abre el espectro: Desde que estalló en junio el caso Democracia Viva, las indagaciones abarcaban recursos entregados directamente a fundaciones y corporaciones por parte de secretarías regionales ministeriales (seremis) o de gobiernos regionales —con la revisión de sus consejos regionales—, pero no a dineros adjudicados a través de licitaciones a otras sociedades.
- La decisión del fiscal de La Araucanía abrió así un espectro de contratos a revisar todavía más amplio, lo que vuelve incierto la duración que podrán tener las investigaciones en curso. Actualmente hay indagaciones abiertas en Arica, Antofagasta, Atacama, O’Higgins, El Maule, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y Aysén.
- Afecta al ministerio de Jackson: La Conadi depende del Ministerio de Desarrollo Social, cartera encabezada por el ministro Giorgio Jackson, quien es objeto de críticas desde la oposición por el vínculo con Revolución Democrática (RD) de Democracia Viva.
- Este nuevo antecedente expone todavía más al ministro, que este lunes descartó renunciar. “No existe absolutamente ningún antecedente o dato que me relacione con el gravísimo caso de Democracia Viva en el norte de nuestro país, más allá de compartir la militancia con quienes organizaron esa fundación”, dijo.
Qué dice la presentación de Jouannet. “Hasta junio del presente año (la sociedad) se ha adjudicado cinco licitaciones por un monto total de $442.000 millones”, consignó su presentación a Contraloría, que consideró no sólo los montos efectivamente adjudicados, sino que el total comprometido en los proyectos de Conadi, más uno de la seremi de Educación del Ñuble.
- “Teniendo domicilio en Temuco, se ha adjudicado licitaciones en cinco regiones del país”.
- “Ha ganado licitaciones a pesar de que en actas de evaluación en Cañete y Osorno se ha consignado que no cuenta con experiencia anterior en contratos con el sector público”.
- “Ha ganado una licitación para la masificación de las lenguas ckunza y quechua a pesar de que el acta de evaluación de la oficina de Conadi en (San Pedro de) Atacama se consigna que no cuenta con experiencia en lenguas indígenas, en referencia probable al caso de las lenguas mencionadas”.
La respuesta de Conadi. A través de una declaración, Conadi se refirió a las acusaciones del diputado, pero no a la apertura de una investigación penal que los involucra.
- “En aras de la transparencia de los procesos y la debida investigación de toda denuncia, ante las aseveraciones realizados por el Diputado Andrés Jouannet (…), se encuentra revisando los antecedentes de cada proceso de licitación cuestionado, en concreto, para confirmar así su apego a los principios y normas que los rigen”, escribieron.
- “En caso de encontrar alguna irregularidad, que hasta ahora no ha aparecido, se iniciarán los procesos que correspondan”.
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