El decreto con que se perdonó la pena a Luis Castillo mencionó —como en los 12 indultos otorgados a presos del 18-O— la necesidad de “restablecer la paz social”. A esto sumó elementos positivos sobre el reo incluidos en los informes de Gendarmería, pero excluyendo otros. Entre estos, la recomendación de mantenerlo en prisión dado su “amplio historial delictual asociado a su patrón antisocial” y su riesgo de reincidencia “muy alto”. Tampoco se tomó en cuenta su adicción previa a la pasta pase, consignada en un fallo judicial. Este sábado se conocerá si vuelve a la cárcel.
Qué observar. El juez Cristián Medina del Juzgado de Garantía de Copiapó postergó para las 10:30 am este sábado la decisión sobre si enviará nuevamente a prisión a Luis Castillo Opazo, 38, el reo indultado por el Presidente Gabriel Boric hace un año.
- Así terminó este viernes una audiencia en la que la fiscalía formalizó cargos en contra de Castillo por secuestro extorsivo, robo con violencia con retención de persona y conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Por los primeros 2 delitos imputó también a 4 presuntas cómplices.
- El indultado había sido detenido el jueves por la mañana, en el marco de lo que, según argumentó la fiscalía de Copiapó, comenzó con un adulto saliendo en auto a consumir alcohol y drogas con 4 mujeres —3 adolescentes y una cuarta de 18 años—, lo que quedó registrado en videos subidos a redes sociales.
- Este ánimo habría durado hasta que les dijo que se le había acabado el dinero para festejar. Entonces, junto a Luis Castillo y a punta de cuchillo, lo habrían obligado a entrar a la maleta de su SUV, diciéndole que debía pagarles $10 mil para liberarlo y devolverle el vehículo.
- Paralelamente, una de las mujeres habría enviado audios de WhatsApp ofreciendo el SUV a potenciales compradores, con la idea de que se lo llevaran a Bolivia. La víctima logró en un momento enviar un mensaje a su señora desde su celular, quien alertó a la policía.
- Carabineros lo rescató y detuvo a Castillo y a sus presuntas cómplices.
- Esta versión fue descartada por la familia de Castillo, que aseguró que todo fue parte de una fiesta.
- Era el término de casi un año de libertad para Castillo, luego de que el 30 de diciembre dejara el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, donde cumplía su pena.
- Castillo había sido sentenciado a 4 años de cárcel por 6 delitos de desórdenes públicos, 3 de daños simples, 4 de robo en lugar habitado y un delito de daño calificado.
- Estos se debían al ataque al Registro Civil de Copiapó y a otros 6 puntos de la ciudad, tras el 18-O. La cárcel era un lugar conocido para Castillo.
- El extracto de filiación consignado en su expediente de indulto detalló que previo a su detención tras el estallido social tenía 5 condenas por 6 delitos, todas en Copiapó.
- Este viernes, el fiscal regional de Atacama Alexis Rogat y el fiscal jefe de Copiapó Christian González, pidieron la prisión preventiva para Castillo y la mujer de 18 años.
Los antecedentes desoídos. El potencial regreso a la cárcel de Luis Castillo reactivó las dudas y críticas por la decisión tomada hace casi un año por el gobierno.
- El 30 de diciembre, la entonces ministra Marcela Ríos de Justicia firmó, a nombre del Presidente Boric, el indulto de Castillo Opazo, desatando una de las mayores crisis que ha enfrentado esta administración.
- En los considerandos del decreto exento se mencionó —como en todos los 12 indultos otorgados a presos del 18-O— la necesidad de “restablecer la paz social”. A estos se sumaron los elementos positivos sobre el reo incluidos en los informes de Gendarmería, como el apoyo de sus padres y su interés en volver al colegio.
- Pero el gobierno obvió otros. Entre estos, su adicción previa a la pasta pase, consignada en una sentencia judicial. Tampoco se atendió el informe negativo de Gendarmería sobre su liberación, que se basó en su “amplio historial delictual asociado a su patrón antisocial” y su riesgo de reincidencia “muy alto”.
- A continuación, el detalle.
Adicción a la pasta pase. El 30 de julio de 2007, la tercera sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Copiapó condenó a Castillo Opazo a 10 años y un día de cárcel “como autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación, en grado de tentativa”.
- La sentencia consignó el testimonio de su padre, del mismo nombre, quien relató que su hijo “tuvo problemas con drogas hace unos dos años, y estuvo internado como 4 meses y también en el centro Despertar era adicto a la pasta base, cree que por las amistades”.
- Esa sentencia recogió además la declaración de la asistente social Paola Piazzoli, quien realizó el informe social de Castillo.
- “Dentro de los aspectos de riesgo está la asociación con algunos pares. Visitó la vivienda familiar de sus padres en el sector de Los Minerales, vivienda progresiva donde la familia vive desde hace aproximadamente 12 años. Tiene 2 dormitorios, un living, un espacio destinado a instalar un negocio reservado para el acusado (en) cuanto solucione su problema. Hace presente que Castillo habría permanecido por dos meses en un centro de Copiapó, pero no se adaptó al sistema de internado, aunque asistió a algunas terapias y a rehabilitación durante 3 meses, aproximadamente”.
- Su madre Betty Opazo declaró en esa causa que “Luis no es adicto a las drogas, aunque consumió durante un tiempo”.
Las advertencias de Gendarmería. A las 3pm del 18 de mayo de 2022 se reunió en el complejo penitenciario La Serena el Tribunal de Conducta de la unidad penal, para tratar la solicitud de indulto de Castillo Opazo. La instancia, integrada por 8 personas —2 mayores jefes subrogantes del complejo, el capitán de régimen interno, la encargada educacional y la laboral, el jefe técnico subrogante, la encargada de reinserción social y la Tens encargada de salud—, concluyó que “el solicitante no es acreedor a la gracia de indulto”. A continuación, sus motivos.
- Patrón antisocial. “Se evidencian rasgos de trastorno narcisista de la personalidad con rasgos antisociales, los cuales están determinados por sentimientos de grandeza. Carece de empatía y comportamiento arrogante, junto con un amplio historial delictual asociado a su patrón antisocial”, consignó la parte de “fundamentos”.
- Culpa al Estado de sus delitos. “Justifica su actuar por razón a vulneración de derechos por parte del Estado de Chile. Posee un deficiente reconocimiento de las conductas ilícitas realizadas, dado que independientemente de reconocer su participación en los hechos, tiende a justificar y relativizar, con escasa perspectiva social, al momento de evaluar el daño ocasionado, negando incluso uno de sus delitos asociado a robo en lugar no habitado”.
- Riesgo de reincidencia “muy alto”. “Desde su proceso de reinserción social se puede indicar que presenta aplicación de inventario para la Gestión de Caso e Intervención (IGI), donde se indica un riesgo de reincidencia muy alto”.
- “Considerarse un preso político”. El riesgo de reincidencia “muy alto”, detalló el informe, “estaría determinado por los factores generales de riesgo asociados a historia delictual actitud/orientación pro criminal y patrón antisocial. Asimismo, dada su actual situación de reclusión, demandando un trato especial por considerarse un preso político”.
- Red de apoyo insuficiente. “Si bien se logra establecer la existencia de red de apoyo en el medio libre, la cual presenta residencia en la ciudad de Copiapó, ésta no logra configurarse en un agente de control social, ya que tiende a negar todos los delitos por el cual el referido se encuentra privado de libertad, argumentando que solo quiso manifestarse”.
Lea el informe de Gendarmería.
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