El ministro de Justicia, Luis Cordero —quien asumió un alto protagonismo durante la impugnación de los indultos ante el TC—, entregó un mensaje de tranquilidad cuando el tribunal respaldó los perdones de pena otorgados por el Presidente Boric. “La ciudadanía tiene que estar tranquila”, dijo en marzo, pese a que entre los beneficiados estaba Luis Castillo Opazo, quien tenía 5 condenas por 6 delitos previos al 18-O, y que al salir de la cárcel desafió al gobierno declarándose “insurrecto”. Este viernes se formalizaron cargos en su contra por secuestro extorsivo, robo con violencia con retención de personas y conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas.
Qué observar. El 21 de marzo el ministro Luis Cordero de Justicia abordó la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que había rechazado las impugnaciones realizadas por senadores de Demócratas y Chile Vamos a 7 de los 13 indultos otorgados a fin de año por el Presidente Gabriel Boric.
- Se trataba de una de las mayores crisis a la fecha para La Moneda, dado que entre los indultados estaba Luis Castillo Opazo, quien tenía 5 condenas por 6 delitos previos al 18-O, y que al salir de la cárcel desafió al gobierno declarándose “insurrecto”.
- El perdón de pena a Castillo se había otorgado pese al informe negativo de Gendarmería —que no era vinculante, por tratarse de una decisión presidencial— que había categorizado su riesgo de reincidencia como “muy alto”.
- “La ciudadanía tiene que estar tranquila”, dijo entonces el ministro, que adquirió un alto protagonismo en esas semanas, lo que derivó en que la oposición comentara que parecía más el abogado personal del mandatario que un ministro de Estado.
- “Por dos motivos”, recalcó Cordero. “Uno, porque el tribunal ha ratificado que el ejercicio de la potestad constitucional se ha hecho ajustada a la Constitución y a la ley”.
- “Y lo segundo, que es responsabilidad del Estado, dado el tipo de indulto que se dio, mantener la vigilancia, el cumplimiento de las condiciones a través de los centros de reinserción social de Gendarmería respecto de aquellas personas que fueron indultadas”.
- El control que realiza Gendarmería a los indultados consistía en una firma mensual en un Centro de Reinserción Social y una asignación de un tutor que podía ofrecerles cursos. Ex-Ante solicitó el jueves al Ministerio de Justicia detalles de la supervigilancia efectuada a los 13 indultados en 2023, información que seguía sin ser entregada al cierre de este artículo.
- Pese a los protocolos respecto de las 13 personas que recibieron el perdón de su pena, el indultado Luis Castillo fue detenido este jueves en Copiapó.
- Hasta el cierre de este artículo, el ministro Cordero guardaba silencio.
Los nuevos cargos contra Luis Castillo. Este viernes el fiscal Christian González formalizó cargos en su contra por “secuestro extorsivo y robo con violencia con retención de persona”, dijo la Fiscalía Regional de Copiapó en X.
- Castillo fue aprehendido junto a un grupo de 4 adolescentes. A ellas también se imputó esos delitos. Al momento de su detención Castillo conducía una SUV, por lo que fue se formalizaron además cargos en su contra por “conducción de vehículo bajo los efectos del alcohol y drogas”.
- La fiscalía fijó así su posición en un caso en que el jueves por la tarde el fiscal González dijo tener dudas frente a las 2 versiones existentes.
- La primera era que la madrugada del jueves Castillo había secuestrado a un hombre en una bomba de bencina de Copiapó, amenazándolo con un cuchillo, junto a un grupo de adolescentes. Lo habrían obligado a subir a la parte de la maleta del SUV, de dónde fue rescatado el jueves por la mañana por Carabineros, luego que avisara de lo sucedido por celular.
- La versión de Krishna Castillo, hija del indultado, era que se trataba de un falso secuestro con alto consumo de drogas, versión que coincidiría con la de los imputados. Dijo a 24Horas que la supuesta víctima estaba “carreteando con ellos desde anoche” y que había videos que lo probaban. Aseguró que “estaba haciendo este secuestro para que la pareja no lo retara”.
- Conocedores de la investigación detallaron que la víctima efectivamente habría salido con un grupo de adolescentes, con quienes habría consumido drogas. Sin embargo, una vez que dijo no tener más dinero para continuar la fiesta, la situación habría derivado en delito y lo habrían forzado a subir a la maleta.
- El Ministerio del Interior liderado por Carolina Tohá (PPD) se querelló a las 3:20 pm del jueves por el delito de secuestro, mostró el documento de ingreso del escrito del Poder Judicial. Veinticinco minutos más tarde la vocera Camila Vallejo entregó una versión contradictoria.
- “De configurarse el delito de secuestro, que entraría en un proceso de formalización por delito de secuestro, nosotros como gobierno aplicaríamos querella, sea la persona involucrada en esto. Pero todavía estamos hablando, a menos que la fiscalía diga otra cosa, de un presunto secuestro”, dijo.
- Al cierre de este artículo faltaba el pronunciamiento del tribunal sobre las medidas cautelares que decretaría para Castillo y las imputadas.
La sentencia que cumplía. Al ser indultado, Castillo cumplía una sentencia a 4 años de cárcel por 6 delitos de desórdenes públicos, 3 de daños simples, 4 de robo en lugar habitado y un delito de daño calificado.
- Estos se debían a ataque al Registro Civil de Copiapó y a otros 6 puntos de la ciudad, tras el 18-O: a la empresa Aguas Chañar, a Farmacias Ahumada, al instituto Inacap, a la compraventa de automóviles Salfa, además de los daños afueras del liceo A4 y los desórdenes cerca de un supermercado Líder.
La historia de su indulto. El 24 de marzo de 2022, Luis Arturo Castillo Opazo, 38, firmó con lápiz azul una carta de una carilla, escrita a mano, dirigida al Presidente Boric.
- “Muy respetuosamente a Ud. vengo a solicitar me conceda el ‘indulto presidencial’ dentro de sus facultades (…), ya que yo sólo salí a luchar por mis derechos como todo ciudadano común lo hizo en el marco de la revuelta social, haciendo valer el ‘divino derecho a la rebelión popular’, ya que nuestros derechos estaban siendo vulnerados por el gobierno de Chile”, consignó la carta incluida en la página 26 de la carpeta Expediente Luis Castillo Opazo del Ministerio de Justicia, que el Presidente pidió entonces no difundir.
El prontuario previo al estallido. El extracto de filiación consignado en el expediente detalló que tenía 5 condenas por 6 delitos, todas dictadas por el juzgado de Garantía de Copiapó, previo a ser detenido tras el 18-O:
- Una condena a pagar una multa por un hurto simple de julio de 2005.
- Una pena, luego sustituida, a 60 días de cárcel por el mismo delito, en diciembre de ese año, en grado de frustrado.
- Una pena a 21 día de prisión nocturna por el delito de lesiones menos graves, de julio de 2006.
- Una pena a 10 años de cárcel por 2 robos con violencia e intimidación, en grado de tentativo, de julio de 2007.
- Una pena de 61 días de prisión por un robo con sorpresa en grado de frustrado, de octubre de 2017.
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