-Hace dos años fuiste el candidato a constituyente de la lista de Chile Vamos por Puerto Montt, Chiloé y Palena, pero las reglas electorales de entonces te dejaron afuera de la Convención. ¿Qué te lleva a postularte otra vez?
-Creo firmemente que Chile merece una Constitución escrita en democracia, pero que no tenga la aspiración de refundar la institucionalidad del país. En mi libro “Chile Constitucional” (2020) sostuve que quienes tengan la responsabilidad de redactar la futura Ley Fundamental deben ser deferentes con el pasado, aunque también conscientes de que las constituciones deben responder a las urgencias actuales y futuras. Hoy, luego del amplísimo triunfo del Rechazo el 4 de septiembre, estoy más convencido que nunca de lo anterior: aquellos que sean elegidos para el Consejo Constitucional habrán de ofrecerle a la ciudadanía un texto de unidad. Es la única forma de terminar con la incertidumbre.
-En tus recorridos por la región, qué observaciones percibes de la ciudadanía respecto del proceso constitucional. ¿Hay interés?
-Me he topado con muchísimas personas cansadas e incluso indiferentes con el proceso constituyente en curso. Y tienen razón: llevamos años discutiendo sobre la legitimidad de la Constitución actual y los pilares que deberían primar en nuestra Carta Fundamental. Creo, sin embargo, que la puerta constituyente no puede continuar abierta y que, en consecuencia, es urgente cerrarla bien y por un buen tiempo. Para ello, es indispensable elegir a personas que no tengan la intención de utilizar la preparación de la Constitución como un trampolín político. Redactar un pacto con estas características demanda un trabajo técnicamente sólido, sin rimbombancias ni estridencias. Insisto: las certezas que tanto exige la ciudadanía pasan por terminar la discusión constituyente; pero hay que hacerlo bien, sin maximalismos y escuchando a todos los sectores democráticos.
-¿Qué cambios introducirías en la futura Constitución? ¿Cuál es para ti la clave de una buena Ley Fundamental?
-Lo primero es recordar que no partimos de una hoja en blanco, sino de 12 bases institucionales que -de acuerdo con un estudio que estamos preparando con mis colegas del CEP, Magdalena Ortega y Joaquín Trujillo- se encuentran en su mayoría en la tradición constitucional chilena. Esto marca una diferencia sustancial con el texto que fue rechazado en septiembre, cuya pulsión refundacional estaba presente a lo largo de sus páginas.
En segundo lugar, es importante que el sistema político fomente un mayor grado de eficacia legislativa y una mejor y más sólida gobernabilidad. Con ese objetivo, podríamos diseñar lo que algunos especialistas llaman como “presidencialismo de coalición”, es decir, un régimen en el que distintos sectores puedan llevar a cabo sus programas de gobierno en razón de acuerdos mayoritarios. En la actualidad existen demasiados partidos representados en el Congreso, lo que atomiza en demasía la toma de decisiones y entorpece el trámite legislativo.
Finalmente, una reforma a los partidos debería ir acompañada de un régimen electoral que premie la coherencia ideológica y castigue el discolaje. Hoy estamos en el peor de los mundos: tenemos un supuesto “hiperpresidencialismo” que, en realidad, “reina pero no gobierna”. Y ya que no creo que sea una buena idea quitarle a la ciudadanía el derecho a elegir a sus figuras presidenciales, propongo reducir la fragmentación mediante reglas electorales que expresen el sentir de las grandes mayorías (se podría fijar, por ejemplo, un umbral mínimo de representación parlamentaria).
-Hablando de las bases constitucionales, ¿qué opinión te merece la declaración de que Chile será un “Estado social y democrático de derechos”?
-Si bien todavía no se ha hecho una bajada concreta de qué entendemos por la frase “Chile es un Estado social y democrático de derecho”, se pueden extraer algunas conclusiones preliminares. Por de pronto, que el Estado tendrá una responsabilidad explícita en la promoción y generación de ciertos derechos sociales, sobrepasando su clásico rol como protector de libertades individuales de primera y segunda generación. De cumplirse lo anterior, la acción del Estado se entenderá en su acepción “positiva” más que “negativa” o de “abstención”.
Ahora bien, analizada la cuestión históricamente, no hay que olvidar que el aparato estatal ha contado siempre con la ayuda de los particulares en la prestación de bienes y servicios sociales, un sistema mixto que debería ser afianzado en la futura Constitución. Ni el Estado ni los particulares por sí solos son capaces de proveer satisfactoriamente derechos en salud, pensiones, vivienda y educación.
La educación es quizás el caso más paradigmático: desde la década de 1820 que el Estado ha aceptado y apoyado la existencia de colegios subvencionados, lo que no sólo ha permitido que la oferta educacional sea amplia y variada, sino también que millones de niños hayan terminado su escolaridad. Espero que la Constitución recoja ese aprendizaje y que el estatismo asfixiante de la propuesta rechazada sea reemplazado por una relación armónica entre el Estado y la sociedad civil.
-¿Cuál es la principal demanda con la que te has topado en Los Lagos?
-No cabe duda de que las regiones merecen un trato más equitativo y que la promesa de la descentralización debe cumplirse a cabalidad. Que Chile sea un país “unitario” no significa que deba ser también “centralizado”; ese es un error conceptual que se repitió a lo largo del siglo XX y que no podemos seguir cometiendo. ¿Qué deberíamos lograr?
En primer lugar, que nuestras autoridades regionales tengan mayores atribuciones para que tomen sus decisiones de forma más autónoma. Urge, por ejemplo, que el gobierno regional fortalezca su musculatura político-administrativa. La Convención pasada algo avanzó en esta materia; sin embargo, la propuesta que se rechazó era poco clara y, de hecho, debilitaba a las regiones al crear una Cámara territorial con muy pocas prerrogativas en comparación con el Congreso de Diputadas y Diputados.
Por otro lado, se requieren mayores recursos para las regiones, en especial para zonas extremas como Chiloé o Palena, donde los problemas de conectividad siguen pesando muchísimo. No sacamos nada con tener más atribuciones si no contamos con mayores recursos económicos.
Por último, me la jugaría para que existieran más y mejores instancias de fiscalización regional, provincial y comunal: la ciudadanía merece saber en qué se están gastando los recursos públicos. Solo así, creo, tendremos una descentralización debidamente coordinada y permanente en el tiempo.
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