Uno de los principales desafíos que enfrenta el Gobierno es recuperar la capacidad de crecimiento que requiere el país. El Presidente Gabriel Boric ha expresado este compromiso y muchos de sus colaboradores y otras instituciones relevantes lo acompañan en esta cruzada. Así también lo ha hecho ver el sector empresarial en forma recurrente.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha dado pruebas de sobra del rigor con que se manejan las cuentas fiscales y el Banco Central de una gestión muy responsable en el control de la inflación, ratificando una seriedad institucional que permite generar un marco económico para un mercado financiero estable y que se proyecte en el largo plazo.
La cartera de Hacienda también ha tenido una gran flexibilidad para enfrentar la necesidad de aumentar los recursos públicos que se requiere para satisfacer las demandas sociales fundamentales que se expresan en áreas como la reforma al sistema previsional, la crisis de las isapres, los rezagos en educación, la recuperación de los incendios e inundaciones, la demanda por viviendas sociales y, obviamente, los problemas de seguridad pública.
Tal vez lo más novedoso es que en este 2024, los incentivos al crecimiento provendrán de la infraestructura. Los anuncios de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, respecto de la inversión pública en esta área constituyen una señal muy poderosa en ese sentido.
Un compromiso presupuestario de 3,6 billones (millón de millones) de pesos que se ejecutará en forma lineal durante este año -y que dejaría de tener las restricciones impuestas por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Dirección de Presupuestos a la inversión del MOP el año recién pasado-, tendría un impacto reactivador importante.
El marginal respecto del año anterior llegaría a ser del orden de 1 billón de pesos, lo que podría representar cerca de 27 mil empleos adicionales estables durante 12 meses. Además, para ello será necesario reforzar la capacidad de las empresas de ser parte de este esfuerzo, lo cual también debería tener un impacto positivo. Por una parte, las firmas que lo han pasado mal podrán recuperarse, con lo que se dará una señal para otros sectores de que la “máquina de la obra pública” comienza a moverse con más fuerza.
En esa misma línea, los anuncios de licitaciones en curso (2021-2024) a través del sistema de Concesiones alcanzan a 5,5 billones de pesos adicionales. Esto refleja un interés manifiesto por promover inversiones, lo cual deberá expresarse en forma más fehaciente en las adjudicaciones de esos llamados.
La materialización de esas inversiones -y de otras que se encuentran fases preparatorias-, requerirá agilizar las autorizaciones que estos proyectos demandan y en eso la colaboración de los organismos públicos a cargo y del concesionario privado pasa a ser fundamental.
Más inversión pública materializada en forma directa o a través del sistema de concesiones será una demostración concreta del compromiso del gobierno con el crecimiento, lo cual puede ser la forma de terminar con el ciclo pesimista que nos ha afectado durante los últimos años.
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