La investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Universidad San Sebastián, asegura que las indicaciones presentadas esta semana al proyecto de reforma de pensiones “lejos de acercar posiciones, las alejan”. Asegura que tal como están planteadas, se ve difícil que se logre un acuerdo en materia de pensiones entre el Gobierno y la oposición.
Qué observar. La economista e investigadora del Centro de Políticas Públicas de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián, Karol Fernández, cree que el Gobierno “pateó la pelota fuera de la cancha” al incluir aspectos que no corresponden a una reforma de pensiones entre las indicaciones presentadas, como por ejemplo, el financiamiento de sala cuna universal a través de cotizaciones.
- La profesional se pregunta: “¿Cuánto realmente cuesta esta reforma? Primero, el Gobierno dijo que necesitaba 6% para financiar un ‘sistema mixto’, después hablaron de 4% y ahora resulta que con 3% les alcanza”.
- Agrega que a pesar de la insistencia de distintos académicos para que el gobierno transparente los datos empleados para sus estimaciones, estos continúan bajo completo hermetismo.
Su mirada a las principales indicaciones:
-Nueva propuesta de distribución del 6%
- El proyecto inicial contemplaba que la totalidad del 6% se destinaba a la creación de un sistema de reparto a través de cuentas nocionales, con solidaridad intra e intergeneracional.
- La nueva propuesta propone:
- 1% destinado a financiar sala cuna universal y compensación por mayor longevidad de las mujeres:
- Resulta cuestionable que quiera utilizarse parte de las cotizaciones previsionales para el financiamiento de la sala cuna, en especial porque ya existe en el Congreso un proyecto de sala cuna universal para cuyo financiamiento se requiere de tan sólo 0,1% del salario imponible a cargo del empleador. Por otra parte, estimaciones del propio Gobierno señalan que el costo de compensar a las mujeres por su mayor longevidad sería de 0,23% de cotización, de modo que no queda claro qué haría el Gobierno con el restante 0,67%.
-3% se utilizaría para la creación del Fondo Integrado de Pensiones (FIP), que financiaría el llamado “seguro social”.
- Dicho seguro otorgaría: garantía de 0,1 UF por año cotizado con tope de 30 años (3 UF) y subsidio a cuidadores y maternidad. Tanto el beneficio por años cotizados como la compensación a las mujeres por su mayor longevidad se extienden a los actuales pensionados, lo que incorpora solidaridad inter-generacional. El beneficio por años cotizados es una “GARANTÍA”, de modo que quienes tengan una PAFE superior a 3 UF (pensionados actuales y futuros) no reciben beneficio alguno.
- Las indicaciones dejan claro que los pensionados cuya pensión autofinanciada de referencia supere las 3 UF (aprox. $110.000) no recibirán el beneficio por años cotizados. Además, se faculta al Gestor del Fondo Integrado de Pensiones a cambiar el monto de esta garantía para asegurar la sostenibilidad del fondo, es decir, si a futuro el fondo no puede cubrir ese pago el Gestor podría reducir el beneficio. Como en todo sistema de reparto, los jóvenes son los grandes perjudicados, pues sus contribuciones financiarán beneficios para los actuales pensionados, sin que ellos tengan la certeza de recibirlos cuando jubilen. Esto es injusticia inter-generacional.
Con todo, según mis estimaciones, el costo aproximado de mejorar las pensiones para el stock de actuales pensionados (entregando 0,1 UF por año cotizado con tope de 3 UF) es 0,95 pp de cotización.
-Un 2% se destina a las cuentas individuales de los trabajadores, pero con distribución solidaria intra-generacional.
- Un 70% de este porcentaje se deposita en la cuenta individual del trabajador (es decir 1,4% del salario imponible), mientras que el 30% restante (0,6%) se distribuye en partes iguales entre todos los cotizantes del mes, por lo que quienes ganan menos del salario promedio recibirían un aporte superior a su salario imponible que quienes ganan más que el promedio.
- Nuevamente, hay una letra chica de por medio. Sólo 1,4% irá con certeza a las cuentas individuales de los trabajadores, el otro 0,6% se distribuirá en partes iguales entre todos quienes coticen durante el mes. Así, quienes tengan salarios imponibles por sobre el promedio, recibirán menos de 2% de su salario imponible (versus quienes están debajo del promedio que recibirán más que 2% de su salario imponible).
–Nueva organización de la industria. Al igual que en el proyecto anterior se separa la administración de las cuentas de la gestión de inversiones. Para ello:
- Se monopoliza la administración de las cuentas, creándose el “Administrador Previsional”. Este administrador único será licitado y no podrá cobrar comisión a los trabajadores por sus servicios. El costo de su operación será de cargo fiscal.
- Según el informe financiero, el costo de este Administrador Previsional será de $148.500 millones anuales a cargo del Estado. Esto es el triple del costo de sala cuna universal, de modo qué no se entiende que se utilice el dinero de los trabajadores para financiar sala cuna, mientras que el dinero fiscal se utiliza para financiar a un monopolio (que será licitado).
- Se crean los “Inversores de Pensiones”, abriéndose la posibilidad de que las actuales AFP participen de la administración de las inversiones bajo esta nueva figura, además se permite la incorporación de AGF y cooperativas como inversores de pensión. Para su gestión podrán cobrar una comisión sobre el saldo administrado.
- Se crea el “Inversor de Pensiones Estatal SA” (IPE), que funcionará como un administrador de inversiones estatal bajo las mismas reglas de los inversores privados.
- Adicionalmente se crea el Gestor del Fondo Integrado de Pensiones, encargado de la administración y sostenibilidad de largo plazo del FIP. Este gestor licitará la administración de las inversiones, quien gane la licitación de inversión del fondo, podrá cobrar una comisión sobre el saldo administrado. El Gestor se regirá por un consejo directivo de 5 integrantes. Además, se entrega la potestad a este Gestor de modificar el monto de la garantía por años cotizados para asegurar la sostenibilidad del FIP, previo informe actuarial.
-PGU se incrementa a $250.000 condicional a recaudación fiscal
- El Informe Financiero dice textualmente “la PGU se aumentará a $250.00 condicional a la verificación de un nivel mínimo de recaudación de Ingresos Tributarios No Mineros Estructurales como porcentaje del PIB No Minero Tendencial. El primer año serán beneficiados las y los pensionados cuya pensión base sea igual a $0, es decir, considera a quienes originalmente eran beneficiarios de PBS, siempre que el indicador de recaudación sea mayor o igual a 22,2% el año calendario anterior…”
- El aumento de la PGU se iría extendiendo a pensionados con montos mayores de pensión año a año según se cumpla la condición de recaudación tributaria no minera. De este modo, no se asegura el incremento del monto de la PGU.
-Reemplazo de los multifondos por fondos generacionales. Como en el proyecto inicial, se eliminan los actuales multifondos y en su reemplazo se crean 10 fondos generaciones.
- Los Inversores de Pensiones Privados que deseen participar en la administración de los ahorros de las cuentas individuales deberán ofrecer los 10 fondos generacionales. Ello claramente limita la posibilidad de ingreso de nuevos administradores de fondos.
- Adicionalmente, cada 12 meses se licitará el 10% del stock de afiliados con el fin de promover la competencia.
- El reemplazo de los multifondos por fondos generacionales resulta una medida valiosa del proyecto, en tanto vaya acompañada de la modernización del actual régimen de inversión, cambiándose la lógica actual de límites por clases de activos hacia una métrica de límites por riesgo de la cartera. No obstante, obligar a que todos los inversores ofrezcan al menos 10 fondos, limita la posibilidad de entrada al mercado, puesto que es muy costoso administrar 10 fondos con carteras muy distintas entre sí. Si no existiera esta limitación, podríamos tener inversores especializados, por ejemplo en fondos generacionales para jóvenes (más riesgosos) y otros especializados en fondos para trabajadores cercanos a la jubilación (más conservadores) con lo que los costos para el inversor serían menores y ello se trasladaría a los trabajadores vía menores comisiones.
- Hay un riesgo de que con la estructura propuesta no haya interés de parte de privados de participar en la gestión de inversiones y terminemos con un único administrador: el Inversor de Pensiones Estatal, S.A.
Otros cambios
- Se mantiene DL 3.500. En línea con las solicitudes de la oposición, el Gobierno da pie atrás a la idea inicial de derogar el DL 3.500, que dejaba una serie de vacíos legales.
- Se mantiene el retiro programado como alternativa de pensión. Sin embargo, los Inversores de Pensiones no podrán dedicarse a pagar pensiones, esa función queda exclusivamente para el Administrador Previsional.
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