En las últimas tres décadas, las tasas de interés reales (de largo plazo) han caído de manera sistemática en los países desarrollados, y con cierta heterogeneidad en economías emergentes. Esto tiene implicancias para la política monetaria y la denominada tasa de interés natural o neutral, que es aquella a la cual debiera converger la tasa de política monetaria en estado estacionario, es decir cuando se resuelven los desequilibrios evidentes en una economía (como una inflación o deflación muy elevada o una recesión por el lado de la actividad).
Los preceptos asociados que han dominado la teoría monetaria vienen de tiempos pretéritos (de los economistas Wicksell y Thornton), donde se deduce que una tasa de política monetaria real situada bajo una tasa de interés de referencia será inflacionaria, y lo opuesto para el caso deflacionario.
Los bancos centrales modernos han optado formalmente en modelar esta característica a través de la denominada Regla de Taylor, que en términos simples nos dice que los desvíos de la Tasa de Política Monetaria (TPM) respecto a la tasa neutral serán función de los desvíos observados en el producto efectivo de su potencial y de la inflación respecto a la meta (3% para el caso de Chile).
La versión prospectiva o forward looking de esta regla considera valores esperados o proyectados, mientras la versión retrospectiva o backward looking pondera más los valores pasados, lo que conlleva una mayor inercia.
En ello radica la importancia de la actualización de los parámetros estructurales (o inobservables), que realizó el Banco Central de Chile en su último Informe de Política Monetaria (IPoM), publicado esta semana, ya que nos revelan el ajuste esperado para la tasa de interés, que es un determinante clave para la economía.
En el IPoM se corrigió a la baja el crecimiento potencial de la economía chilena de 2,2% a 1,9%, y la TPM neutral nominal pasó de 3,75% a 4%. La pregunta clave entonces es cuánto tardará el Banco Central de llevar la TPM del 8,25% actual al 4%. De acuerdo con la trayectoria central del corredor publicado en el IPoM, se deduce que se lograría a finales del 2025.
En paralelo, la brecha de actividad proyectada llegaría a cero este año y transitaria a valores ligeramente negativos durante el bienio 2024-2025, mientras la inflación subyacente proyectada convergerá a la meta del 3% el primer semestre de 2024. Por lo tanto, una regla de Taylor forward looking sugiere que, en las cuatro reuniones entre enero y junio del próximo año, se debieran materializar bajas por 425 puntos base. La única forma en que se postergue a diciembre de 2025 dicho ajuste es que haya una fuerte ponderación a la inflación pasada por parte del Banco Central, lo que traería consigo un riesgo evidente de sobre ajustar la economía por mayor tiempo al necesario con costos importantes para la economía chilena.
Es crucial que cualquier reforma considere incentivos que promuevan la formalización laboral, la sostenibilidad fiscal y el crecimiento económico, evitando cargar de manera desproporcionada a los trabajadores formales y a las empresas. La discusión no puede quedarse en cómo financiar el sistema, sino en cómo garantizar pensiones dignas de manera sostenible para todos los chilenos.
El IPSA sigue marcando máximos históricos, impulsado por optimismo local y sólidas proyecciones en empresas clave como Copec y LATAM. El mercado internacional, en tanto, observa los primeros movimientos de la administración Trump y sus efectos en la política energética global.
El ingreso de indicaciones al proyecto de reforma previsional marca avances en la negociación, con una cotización adicional del 7% y beneficios para 2,8 millones de personas. Sin embargo, el impacto fiscal y la informalidad laboral generan dudas, mientras el Consejo Fiscal Autónomo y Dipres analizan su viabilidad financiera.
El IPSA se mantuvo estable en una jornada marcada por menores volúmenes de transacción y un escenario internacional mixto, con datos positivos desde China y ajustes en el mercado de metales.
Parece especialmente inentendible la disminución al presupuesto destinado al Ministerio Público y al Poder Judicial que acaba de ser anunciada por el gobierno, cuando es ahora precisamente cuando debemos contar con procesos penales que se resuelvan con prontitud.