Todos conocemos el término manzana podrida. Sabemos que, cuando se invoca, hablamos figuradamente del fruto que contagia su descomposición de forma lenta, primero, casi imperceptible, traspasando sus toxinas a las otras frutas que le rodean. Si no actuamos a tiempo, el canasto completo terminará infectado e incomible, llevando a la pérdida de todo el alimento.
Sin embargo, hablamos de manzanas podridas usualmente ante ese ser tóxico, de perfil saboteador, que se encarga de enrarecer la cultura laboral al interior de una empresa o, peor aún, cuando una mala práctica de unos cuantos jefes o subalternos termina contagiando a todos sus pares y esparciendo sus bacterias, destruyendo el ecosistema.
Un reciente artículo de los académicos británicos, Jukka Rintamäki, Simon Parker y André Spicer conceptualiza a los “parásitos institucionales” como un grupo de actores que socavan la institución de la que depende su sustento y que ocasionan tres resultados potenciales: deriva institucional, superposición o reforma. Su conclusión es gato-pardisca; a veces, mantener una institución requiere cambiarla.
En Chile, muchas instituciones están viviendo un proceso tan grave como sofisticado. Su símil es el que viven muchos árboles, que por fuera crecen grandes y frondosos, pero por dentro están huecos y carcomidos. Lo delicado es que, a menos que uno sea un experto botánico, notar la mala salud del interior del árbol es casi imposible a simple vista y en, ocasiones, sólo nos damos cuenta de la gravedad cuando cae moribundo.
Las instituciones públicas en Chile viven un fenómeno similar. Desde hace años, los rankings muestran la caída en la confianza ciudadana sobre el Congreso, las policías, la iglesia, el sistema judicial y un largo y desalentador etc. Recientemente, debido al llamado Caso Convenios, son las ONG y fundaciones las que han caído al mismo saco de la duda pública. El caso Hermosilla ha puesto en tela de juicio al intocable Poder Judicial. Hacer un conteo de las causas e instituciones involucradas y los nexos entre unas y otras parece una tarea sin fin. Una suma que ha ido degradando el sistema y nos muestra un alto nivel de descomposición en los que, hasta unos años, eran nuestros más respetados poderes del Estado. En todas, se repite el patrón de personas que, abusando de su posición, van quebrantando aquello de lo que son parte con el único fin del beneficio propio y de sus socios de negocios, partido o fe.
Estamos plagados de parásitos institucionales, muchos debajo de frágiles pátinas jurídicas, que habitan en el interior o en torno de los servicios públicos, instalados sin fecha de vencimiento, exclusivamente para profitar del sistema. Viven en él, mantienen a los suyos gracias a él y crean maquinarias para mantenerse a cualquier costo.
En apariencia, tal como con los árboles roídos por las termitas, las instituciones parecen funcionar con normalidad, mientras en su interior el verdadero cáncer carcome toda estructura, elimina a las células buenas y permea con sus malos hábitos cada nueva rama. Esta es la deriva institucional de Rintamäki, Parker y Spicer.
Estos parásitos institucionales desprestigian enormemente nuestra reputación y el sano funcionamiento del sistema. Y en vez de atacar el problema de raíz, aparecen nuevas normas que van entrampando la búsqueda de soluciones efectivas al cáncer corruptor. Hoy, por ejemplo, se debate lo engorroso de nuestro sistema de evaluación ambiental y cuánto ha perjudicado la inversión en Chile. Pero, al mismo tiempo, vemos cómo las redes del lobbismo ensucian el debate, los partidos políticos usan y abusan de las comunidades y aún algunas empresas juegan al filo del reglamento y traspasando los límites éticos. A esto, nuestros autores le llaman superposición y es fácil asociarlo a burocracia, permisología o similares.
Los sistemas van perdiendo todo sentido. La solución aplicada habitualmente en nuestro país, son simples cambios normativos o transformaciones: las reformas de Rintamäki et al., 2024. Pero erradicar estas prácticas exige procesos largos, costosos. Una buena gobernanza exige que quienes están a cargo sean capaces de identificar a los que provocan este daño, con responsabilidades claras en el monitoreo de sus funcionarios. Es urgente trabajar en el cuidado y la legitimidad de las instituciones, con mecanismos de control interno ejercidos por los propios funcionarios comprometidos con una institucionalidad transparente y proba.
También se requieren controles independientes, capaces de vigilar de manera eficaz y eficiente no sólo el manejo de los recursos públicos, sino también la eficiencia de los funcionarios. ¿Por qué hemos dejado de tener noticias de la modernización del Estado?
En Chile, el primer control de la mayoría de las instituciones públicas está en manos de la Contraloría General de la República. ¿Cuenta dicho organismo con el personal para controlar la enorme maquinaria estatal? ¿Tiene un equipo de auditores robustos para detectar los malos manejos financieros? ¿Dónde quedan las auditorías y juicios de cuenta que emprende el ente fiscalizador? Nos hemos habituado a escuchar que se anuncian pomposamente investigaciones de las que escasamente sabemos resultados. Menos aún sanciones.
Creer que todo se soluciona con ley, o con norma y no mejorar decididamente la gobernanza de cada institución puede ser desastroso. El Estado debe fortalecer a los organismos fiscalizadores, la Contraloría, al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. Si la misma política y sus partidos siguen viviendo del sistema y haciendo cambios cosméticos y mediáticos, que no atacan los problemas de fondo, Chile será por siempre preso del espejismo, ya no del árbol más robusto, sino de una floresta aparentemente menos hueca y enferma, pero destinada a caer, en medio de un bosque podrido de corrupción. Para que las instituciones funcionen, cuidemos que la adecuada gobernanza renueve la savia del ecosistema nacional.
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