El informe de los constitucionalistas DC que desestima la acusación al ministro Figueroa (y apunta a la presión del Colegio de Profesores)

Documento de constitucionalistas DC plantea que el recurso para destituir al ministro Raúl Figueroa (Educación) -que se vota el jueves- se sustenta solo en “críticas a la política pública” para el retorno a clases presenciales y “demandas de índole gremial”, lo que alude a reclamos que ha liderado el Colegio de Profesores sobre las condiciones de los docentes. Como telón de fondo está que fue el mismo magisterio el que pidió a diputados impulsar la acusación, con la reticencia de una parte de la izquierda al retorno presencial como fondo.

Qué observar: El documento, trabajado por algunos miembros de la comisión constitucional de la DC y enviado al jefe de los diputados Daniel Verdessi, hace ver que no se podría concluir que Figueroa haya cometido infracciones a las leyes y la Constitución o que las haya dejado sin ejecución, como le imputa la acusación constitucional promovida por FA y PS, a partir de acciones relativas al regreso a clases presenciales que ha impulsado Figueroa.

• El recurso para destituirlo aduce que Figueroa cumple esa causal de infracción por las siguientes acusaciones que le formulan: impulsar un retorno sin las condiciones mínimas, tomar medidas que no permitieron un adecuado financiamiento a los colegios durante la pandemia, y vulnerar los derechos de los profesores y trabajadores de la educación en la realización de las clases.
• El texto analiza esos argumentos, y fue enviado a Verdessi por Claudio Troncoso, coordinador de la comisión constitucional, quien lo elaboró con cooperación de Jorge Correa Sutil, Javier Couso y Edgardo Riveros, confirman fuentes de la comisión: ello, como una minuta reservada para los diputados, a la que accedió Ex-Ante.
• Señalan primero que las imputaciones a Figueroa corresponden más bien a una “crítica a la política pública del Mineduc para hacer frente a la pandemia”.
• “En algunos casos, corresponden también a la demanda por la satisfacción de peticiones de índole gremial”, continúa el informe DC, mencionando luego, al sintetizar los argumentos de la acusación, los reclamos por las condiciones laborales en que docentes han debido retornar a clases presenciales (alegación que ha liderado el Colegio de Profesores).
• De hecho, la acusación menciona -según reseña el informe DC- que las acciones de Figueroa han derivado en “agobiantes jornadas laborales” para los docentes.
• Y concluyen: “No parece existir una convicción de que los hechos expuestos importen que el ministro haya infringido la Constitución o las leyes, o las haya dejado sin ejecución”.

Lo que hay detrás: El texto, afirman en la DC, refleja que la acusación obedeció a la presión que formuló a diputados de izquierda el Colegio de Profesores, liderado por Carlos Díaz (militante del Partido Humanista de Pamela Jiles): el mismo Díaz solicitó a los diputados de la comisión de Educación de la Cámara que se presentara el recurso, en una sesión de la comisión de la instancia el 31/05.

• Lo planteó como represalia a que Figueroa no descartara retirar la subvención a sostenedores que se nieguen a volver a presencialmente, pero el fondo político es la reticencia de parte de la izquierda a la cruzada del ministro para volver a clases, respaldada por organismos internacionales y la Defensoría de la Niñez.
• El 30/06, las bancadas PS y FA anunciaron que iban a ingresar la acusación; el 07/07, el Colegio de Profesores sostuvo una reunión para discutir el libelo; luego abogados del colegio colaboraron; y el 20/07 finalmente se presentó el recurso.

Por qué importa: La DC será clave, como en otras acusaciones: el panorama para Figueroa es complejo, pues la mayoría de sus 12 diputados estarían a favor, a pesar de las severas dudas que hay en la DC sobre el mérito jurídico del libelo, que el informe confirma. La decisión obedece más bien a un criterio político, de no volver a pagar costos ante la izquierda por votar junto a Chile Vamos, para evitar un impacto en la candidatura presidencial de Yasna Provoste (como ya sucedió con el aborto libre).

• Varios DC sostienen en privado que aún cuando tienen una evaluación negativa de la gestión de Figueroa, no son hechos que constituyan infracciones legales o que ameriten destituirlo.
• Pero, hasta hoy, solo 2 DC están en contra del libelo y el ministro necesita 6 votos opositores de su lado para sortear la acusación: podría obtener hasta 3 DC más o algunos independientes, pero ningún otro sufragio adicional hasta hoy es seguro (salvo el de Pepe Auth).

Contenido del informe: El informe describe las 3 infracciones a las leyes que la acusación imputa a Figueroa, y luego desestima esos argumentos:

• Capítulo 1: lo acusan de vulnerar el derecho a la educación en materia de financiamiento por “no destinar recursos significativos” a que los colegios dispongan de infraestructura sanitaria para clases presenciales, “sino meras reasignaciones”; por usar las subvenciones para ese fin “debilitando la calidad de la educación”; y afirman que no subsanó la brecha digital para escuelas públicas.
• Capítulo 2: le imputan vulneraciones a los trabajadores de la educación, acusando “abandono en sus condiciones laborales” en pandemia por haberlos dejado fuera de la ley de teletrabajo, y por tardanza en el pago del bono de incentivo al retiro.
• Capítulo 3: lo acusan de “amenaza a la vida e integridad física” de los estudiantes por impulsar “una campaña sin retorno” para el regreso presencial sin haber adoptado “medidas efectivas de protección” sanitaria (afirman que Contraloría ha advertido incumplimientos).
• Conclusión: El informe DC plantea finalmente que el encuadre jurídico que hacen los diputados acusadores de los hechos imputados a Figueroa es “bastante genérico”, expresando dudas por que exista una vinculación concreta de las conductas de Figueroa con las disposiciones constitucionales y legales que este habría infringido.

Aclaración: Tras publicarse esta nota, el abogado Troncoso envió a Ex-Ante una comunicación para refrendar que el texto no correspondía a un insumo de la comisión en su conjunto, sino que correspondía a uno elaborado por 4 de sus miembros.

• “Contactado por su medio, señalé que el documento no era un documento oficial e institucional de la comisión sino solo de alguno de sus integrantes, que son quien suscribe esta comunicación, como también Edgardo Riveros, Javier Couso y Jorge Correa Sutil”, indicó Troncoso.
• “Adicionalmente en ninguna parte del documento apunta a que la acusación responda a una presión del Colegio de Profesores”, agregó.

LEA A CONTINUACIÓN EL INFORME DE LOS ABOGADOS DC SOBRE LA ACUSACIÓN AL MINISTRO RAÚL FIGUEROA:

“Minuta de Constitucionalistas DC Sobre Acusación a Ministro Figueroa” by Contacto Ex-Ante on Scribd