Septiembre 1, 2022

El día después. Por Gabriela Clivio

Economista y directora de Mazars Chile

Es el día después de un proceso que comenzó con violencia y que no hizo más que perpetuarse con un texto propuesto que, en lugar de unirnos (como se esperaba), nos dividió aún más. Así y todo, con aciertos y errores, ejercer el derecho a voto no es algo a lo cual los ciudadanos de todos los países del mundo estén acostumbrados.


Como todo final también constituye un comienzo, será ese el día (el 5 de septiembre) en el cual nos debemos empezar un verdadero proceso de reconciliación como chilenos y salirnos del discurso de “vencedores versus vencidos”, porque nadie gana en un país dividido.

No será un día más, ni tenemos que verlo como una nueva incertidumbre, porque será sin dudas un día donde tendremos la certeza de que no queremos un texto que nos divida. Tenemos que entender realmente que Chile es uno solo y que tenemos que transitar todos juntos por este camino para poder tener una sola Constitución que no precarice el derecho a la propiedad privada, no nos obligue a sostener un Estado de proporciones elefantiásicas y no nos restrinja en nuestras libertades individuales como por ejemplo en la educación que queremos darles a nuestros hijos.

Si hay algo que ha quedado claro en este proceso es que la violencia no es el camino, la seguridad es demasiado importante como para no ser un tema de Estado, la liquidez sí tiene un efecto en la inflación, que nos hace a todos más pobres. Y aunque no cobremos en dólares, el alto precio de la divisa nos afecta a todos empezando por el precio de la bencina.

No es cierto que lo que estamos viviendo en materia inflacionaria es solo consecuencia de la guerra de Ucrania. Es en parte consecuencia de lo que sucede a nivel internacional, pero también es consecuencia de las medidas populistas que se promovieron y votaron en los años 2020 y 2021 como reacción a la tardanza del gobierno en hacer llegar las ayudas en medio de las cuarentenas y las restricciones de movilidad. No es poco lo que hemos vivido en estos casi 3 años, y el costo no ha sido despreciable.

Las inversiones están paralizadas como consecuencia de la incertidumbre y, si bien tenemos grandes posibilidades dadas nuestras dotaciones de litio y cobre o el desarrollo del hidrógeno verde, la estabilidad es necesaria para que las inversiones privadas y las cooperaciones público-privadas se materialicen.

Hace pocos días el riesgo país de Chile se ubicaba por sobre el riesgo país de Perú, algo que hace años hubiera parecido imposible. También los datos de cuentas nacionales del país dados a conocer la semana anterior, mostraron cifras negativas. El PIB del segundo trimestre en términos desestacionalizados no presentó variación alguna con respecto al trimestre anterior; es decir, la actividad se estancó mientras que se esperaba un leve repunte, y el déficit en cuenta corriente se ubicó en 8,5% del producto como consecuencia en parte del resultado de la renta de la inversión extranjera en Chile y el déficit de la balanza de servicios. Tanto la minería como el sector agropecuario-silvícola mostraron caídas al analizar las cifras desestacionalizadas.

Sin embargo, el martes 29 el dólar se ajustó fuerte en el mercado local a pesar de la caída en el precio del cobre. Este movimiento fue una reacción positiva al anuncio del Banco Central de la obtención de una línea de crédito del FMI. El Banco Central anunció la obtención de una Línea de Crédito Flexible con el organismo multilateral por US$ 18.500 millones, poniendo fin a las gestiones que comenzaron en el mes de julio ante el peor escenario externo y la mayor incertidumbre interna. Este acuerdo de dos años reemplaza a una línea de corto plazo por US$ 3.300 millones y, tal como lo expresó el propio FMI, “aumenta los amortiguadores y proporciona un seguro contra escenarios adversos”.

Sin dudas que esta línea de crédito hace más creíble la intervención del Banco Central que debiera finalizar el 30 de septiembre. Ahora la autoridad cuenta con mayores fuentes de liquidez si se viera obligada a cumplir el programa de intervención en divisas por un máximo de US$ 10.000 millones en el mercado al contado, y US$10.000 millones a plazo y hasta US$5.000 millones en swaps de liquidez.

Así estamos ahora, ad portas de encontrarnos en el día después, donde no podemos poner en riesgo ni las libertades individuales ni todo lo que hemos conseguido en estos “30 años”. Pero debemos seguir avanzando.

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