El costo de no estar preparados ante la emergencia climática. Por Tomás Sánchez V.

Necesitamos de una importante iniciativa pública, en coordinación con el mundo privado, tanto para invertir en la infraestructura necesaria como para desarrollar, profundizar y diversificar el mercado asegurador en nuestro país.

Terremotos, incendios, inundaciones y pandemias. No sabemos cuándo, pero sabemos que sucederán. Tarde o temprano, llegan. Y cuando ocurren, después de sufrir las consecuencias humanas y sociales, hay que pagar la cuenta. El terremoto del año 2010 le costó al país 30 mil millones de dólares, es decir, un 18% del PIB. Afortunadamente, la existencia de seguros significó la entrada al país de más de 8 mil millones de dólares desde reaseguradores extranjeros. Una cifra que sin duda marcó la diferencia para la recuperación productiva.

Es importante tomar conciencia cómo la falta de resiliencia cuesta caro. Entre el año 1980 y 2011, Chile sufrió pérdidas anuales por sobre el 1% del PIB debido a desastres naturales, siendo líder mundial en la materia, superando en más de un 20% a Tailandia y China. El no estar preparados financiera y estructuralmente para los riesgos climáticos, es una catástrofe adicional a la vuelta de la esquina.

El problema que no solemos abordar es que la falta de preparación la pagamos todos de la forma más injusta e ineficiente: a través del Estado. Cuando la infraestructura no fue construida a tiempo, no le implementaron las medidas de mitigación necesarias y tampoco se tomaron los seguros a tiempo, el reparador y pagador de última instancia es el gobierno de turno, quien tendrá utilizar los recursos de todos, pero forma inequitativa e ineficiente. Cuidar y asegurar los platos, es más barato que pagar los platos rotos.

Para construir resiliencia, necesitamos mitigar el riesgo a través de múltiples medidas. Sin embargo, me gustaría centrarme en dos: infraestructura y seguros.

En el caso de la infraestructura, la resiliencia se traduce en proteger caminos ante eventuales aluviones, fortalecer defensas costeras frente a marejadas o aumento del nivel del mar, construcción de embalses debido a la sequía, asegurar comunicaciones en el caso de catástrofes y proteger infraestructura crítica, por nombrar algunos. Este tipo de medidas mitigación necesarias para enfrentar diversos desastres, según un estudio de la Universidad Católica, requiere inversiones de más de 900 millones de dólares, una cifra absolutamente abordable por el Estado. Más aún, cuando se estima que la razón beneficio-costo de estas inversiones están en torno a 2,3 – es decir, por cada peso invertido, se recuperan dos.

Por otro lado, cuando las medidas tomadas con antelación no fueron suficientes, es importante que la mayor cantidad de personas y activos posibles esté debidamente asegurada. Chile tiene una tasa de penetración de seguros (excluyendo los de vida) de un 1,6%, frente al 4,9% de la OECD o el 7,6% de Estados Unidos (medido como total de primas pagadas al año sobre PIB). Es decir, estamos sub-asegurados. Necesitamos ocuparos en desarrollar un buen mercado de seguros, eficiente, competitivo y adecuado a las necesidades que tenemos.

En importante notar que en este mercado pueden ocurrir tres fallas de mercado bastante simples. Primero, que quien necesite un seguro no tenga los medios para pagarlo. Segundo, que exista la capacidad de pago, pero no exista un producto financiero adecuado para las necesidades. Tercero, un problema de cobertura: la oferta no es lo suficientemente amplia y profunda para dar respuesta a la demanda que el país tiene.

La emergencia climática que enfrentamos nos obliga a prepararnos adecuadamente para enfrentar fenómenos cada vez más extremos. Eventos, que, en el caso de no estar preparados, sin duda nos costarán nuestro camino al desarrollo, ya sea por la destrucción de capacidad productiva, desahorro público y privado para reconstruir lo necesario, y endeudamiento en caso de que los ahorros no sean suficientes, encareciendo nuestras posibilidades de inversión.

Necesitamos de una importante iniciativa pública, en coordinación con el mundo privado, tanto para invertir en la infraestructura necesaria como para desarrollar, profundizar y diversificar el mercado asegurador en nuestro país. No hacerlo es decidir, con certeza, que el día que nos golpee una catástrofe tendremos que pagar los platos rotos, habiendo dejado pasar la oportunidad de protegerlos y asegurarlos.