Cuando en 2020 se discutía la Ley de Fraudes, la cual limita la responsabilidad de los titulares de productos de pago y transacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude, diversos actores relevantes de la industria levantaron alertas respecto a dicho proyecto. Tanto la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Banco Central y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) advirtieron que la normativa no consideraba ni limitaba el riesgo moral, es decir, que se abuse del sistema y que los usuarios no fueran diligentes en el uso de sus tarjetas.
En ese tiempo, las preocupaciones de dichas instituciones no fueron sopesadas adecuadamente lo cual llevó a aprobar una legislación que liberaba de total responsabilidad a las personas en cuanto al cuidado y diligencia en sus productos financieros, resguardo de credenciales y claves.
Cuatro años después, se está discutiendo una modificación a la ley por los efectos perniciosos que ha generado y que se resumen en la palabra “autofraude”, es decir, objetar falsamente operaciones con tarjetas de pago y electrónicas. Según la ABIF, el 95% de las reclamaciones bajo la actual normativa corresponderían a este tipo de delito.
En tanto, en 2023, los bancos reportaron aumentos sostenidos en el desconocimiento de transacciones por distintos medios de pago, que han llegado a 200% y hasta 1.000% en algunos casos, en comparación a 2022. Un ejemplo es el de BancoEstado, donde el “autofraude” ha significado pérdidas de USD 80 millones (22% de su última capitalización) y una merma para sus miembros de $172 millones (primer semestre 2023).
Tras estos acontecimientos, se instaló la idea de modificar la actual legislación. Si bien, este nuevo proyecto indica que el “autofraude” es un problema relevante, no establece medidas efectivas para evitar el riesgo moral, ya que se mantiene un estándar laxo de responsabilidad del titular (culpa grave o dolo). Esto producirá más restricción en la emisión de tarjetas, riesgo de mayores exigencias o limitaciones a clientes y alza en costos y tarifas.
Algunos señalan que es responsabilidad de los bancos tomar mayores medidas de seguridad. No podemos olvidar que las instituciones de la industria, por iniciativa propia o por instrucciones de la CMF, han aumentado sus sistemas de verificación de movimientos estableciendo mecanismos de ciberseguridad, limitación de fondos para transferencias y sistemas de doble o triple factor de autentificación.
Sin embargo, una opción a considerar es el aumento del nivel de educación financiera de las personas que están dentro del sistema (un 42% de los chilenos tiene un bajo conocimiento sobre este tipo de materias) y aumentar el grado de cuidado, diligencia y resguardo en el uso de los productos bancarios.
Adicionalmente, debido a la gravedad que está tomando el tema y que, en palabras de la Presidenta de la CMF, está comenzando a dar luces de que podría incidir negativamente en la solvencia de las instituciones, es relevante comenzar a revisar medidas que impliquen facilitar el trabajo conjunto del sector público y privado en la investigación y sanción de este tipo de delitos (un ejemplo de ello es el acuerdo de colaboración entre la ABIF y el Ministerio Público) y mayores exigencias para efectos de obtener la restitución de fondos (como dejar una constancia ante Carabineros en caso de robo, hurto o fraude).
La discusión sigue abierta, pero la solvencia del sistema dependerá de lo que se resuelva en el Congreso y el proceso de inclusión financiera impulsado, principalmente, con la Ley Fintech. Lo importante es lograr un equilibrio que permita proteger a aquellos consumidores honestos y, al mismo tiempo, promover medidas que eviten el mal uso de los diferentes productos bancarios.
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