Democracia Viva: Qué dice (y qué no dice) la querella de RD por fraude al fisco, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias

El presidente de RD Juan Ignacio Latorre interpuso este martes, a nombre del partido, una querella contra quienes resulten responsables de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociación incompatibles y tráfico de influencias, a raíz de los millonarios convenios firmados en 2022 entre la Fundación Democracia Viva y la Seremi de Antofagasta. Pidió citar a declarar a la diputada y expresidenta de RD Catalina Pérez, a la renunciada subsecretaria Tatiana Rojas y a la delegada del Biobío, Daniela Dresdner. La querella, sin embargo, omitió el rol en los convenios de otras fundaciones ligadas a RD como Urbanismo Social. Tampoco mencionó a eventuales militantes que cumplieran dobles funciones.

Qué observar. El senador y presidente de Revolución Democrática (RD) Juan Ignacio Latorre llegó este martes al Centro de Justicia para ingresar la querella del partido por los millonarios convenios firmados entre la Fundación Democracia Viva y la Secretaría Regional de Vivienda (Seremi) de Antofagasta.

• “Hay sospecha de corrupción. Hay sospecha de una organización que se forma, que tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado, con muy amplia diversidad de temas, para sacar provecho de los recursos públicos y eso hay que investigar y toda la dinámica de corrupción, porque no solamente hay una o dos personas involucradas, sino que puede haber una red de personas que están en este diseño o que podrán encubrir información”, dijo Latorre, rodeado por la directiva.
• La acción penal —ingresada contra quienes resulten responsables “por delitos contra la probidad pública”— consolidó el cambio de tono del partido en un caso que minimizaron inicialmente. “Los antecedentes iniciales que teníamos, tanto el gobierno como nosotros, era que acá en principio no había nada que estuviera fuera de regla, sino que había más bien un descriterio político”, dijo Latorre este martes.
• Inicialmente el presidente de RD había dicho que los antecedentes de los convenios estaban en conocimiento del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), lo que luego matizó.
• El caso se remonta a los 3 convenios suscritos en 2022 para realizar proyectos en campamentos, por $426 millones, que el fin de semana costaron el cargo a la subsecretaria RD Tatiana Rojas. El ministro Montes los calificó de un “descriterio” y dijo que sólo el 3% de los montos había sido rendido.
• La fiscalía abrió una investigación por 3 delitos: fraude al fisco, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
• A esto se sumó la controversia generada por la militancia en RD de los protagonistas del acuerdo: tanto el representante legal de la fundación, Daniel Andrade, como el entonces seremi Carlos Contreras, pertenecían a esta tienda.
• Andrade era pareja de la diputada y expresidenta de RD Catalina Pérez, parlamentaria de quien el exseremi Carlos Contreras fue asesor.
• El caso ha golpeado a un partido que levantó como plataforma su diferenciación ética con las tiendas que la precedieron. El ministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson dijo el viernes que “es evidente que para quienes hemos estado durante tanto tiempo tratando de empujar por estándares más altos en materia de probidad y transparencia, esta es una situación doblemente grave”.

Qué dice y qué omite la querella. La querella pidió indagar al círculo de personas involucradas por la fundación Democracia Viva, pero omitió la existencia de otras fundaciones ligadas a RD como Urbanismo Social, con convenios gubernamentales firmados, por ejemplo, en el Maule. Tampoco mencionó directamente la existencia de eventuales militantes y trabajadores de la fundación que estuvieran, a la vez, prestando funciones en la Seremi. A continuación, sus detalles.

La primera alerta. “El 2 de mayo de 2023, Carla Olivares, presidente de la Asociación de Funcionarios del Serviu, envió un correo electrónico con una serie de cuestionamientos” a los convenios alcanzados por el seremi RD Carlos Contreras. “En ella exponía la situación que afectaba al Equipo Asentamientos Precarios bajo la jefatura de dicho Seremi”.

Eventuales dobles funciones. “Manifestaron su preocupación por la cantidad de profesionales contratados por la Secretaría Regional Ministerial, sin existir respuesta al detalle de sus funciones; el pago en una sola cuota de $54 millones para el arriendo del inmueble de una fundación cuyo contrato no había sido entregado”, consignó la querella. El ministro Montes tiene programado reunirse este miércoles con el fiscal Cristián Aguilar para entregar el detalle de trabajadores de Democracia Viva que a la vez desempeñaban funciones para la Seremi.

El caso. (Los funcionarios) advirtieron del caso que motiva esta querella: convenios por $426 millones entre la Seremi de Vivienda de Antofagasta y la fundación Democracia Viva, cuyo representante legal es Daniel Francisco Andrade (…), pareja de la honorable Diputada Catalina Ilona Io Pérez”.

Asesoría a Defensa. “Según lo relatado por la asociación de funcionarios, los convenios fueron firmados por Daniel Andrade en octubre del año pasado, cuando éste había ingresado como asesor a la Subsecretaría de Defensa. El portal de Transparencia de esta última institución indica que en noviembre del 2022 su nombre aparece por primera vez bajo la modalidad de contrata”.

Riesgo delictivo. “Es preciso tener en consideración los siguientes elementos que configuran el riesgo delictivo: (i) Se realizan mediante trato directo; (ii) involucran altos montos de dinero; (iii) esos montos se los adjudicó una fundación de reciente constitución y sin experiencia previa en la materia; (iv) existe una relación de cercanía entre los firmantes del convenio”.

Posibles delitos. “Todos (estos) elementos que ameritan una investigación sobre delitos cometidos por un funcionario público contra la probidad pública, tales como malversación de caudales públicos, fraude al fisco, negociaciones incompatibles, o tráfico de influencias, entre otros”.

Lista de posibles involucrados. “Algunas de las personas relacionadas de algún modo con la Fundación Democracia Viva, sea como directoras, encargadas de proyectos, superiores jerárquicos, en la administración pública, o relacionadas con las anteriores, son afiliadas a Revolución Democrática, a saber: las ya mencionadas en esta relación, Carlos Contreras (ex seremi); Daniel Andrade (expresidente de la fundación); Catalina Pérez (diputada), y Paulina Cabrera (nueva presidenta de la fundación); además de Cecilia Millán (antropóloga que prestó su dirección para la fundación); Doris Pinto (tesorera de la fundación); Tomás Flores (exdirector); Javiera Martínez Henríquez (exdirectora); Daniela Dresdner (delegada del Biobío y ex directora); Carolina Pérez (exjefa de metodologías de la fundación); Tatiana Rojas (exsubsecretaria), y Camila Hernando (ex jefa de formación e investigación de la fundación); todas quienes son objeto de investigación por los órganos internos de nuestro Partido”.

Pide se cite a declarar. “Se cite a declarar a las dependencias del Ministerio Público, sea en calidad de imputados, testigos, o víctimas, a todas las afiliadas a Revolución Democrática nombradas en lo principal de esta presentación; a saber: Carlos Contreras (ex seremi); Daniel Andrade (expresidente de la fundación); Catalina Pérez (diputada); Paulina Cabrera (nueva presidenta de la fundación); Cecilia Millán (quien prestó su dirección a la fundación); Doris Pinto (tesorera), Tomás Flores (ex director); Javiera Martínez Henríquez (exdirectora), Daniela Dresdner (exdirectora y delegada del Biobío); Carolina Pérez (ex jefa de metodología); Tatiana Rojas (ex subsecretaria), y Camila Hernando (ex jefa de metodología de la fundación)”.

Oficiar a Impuestos Internos. La querella pidió también que “se oficie al Servicio de Impuestos Internos, con el objeto de ponerles en conocimiento de los hechos denunciados, y en el evento de encontrar fundamentos de posibles delitos de carácter tributario, ejerza las acciones pertinentes”.

Lea la querella: