Cuáles son los “impuestos saludables” que evalúa el Gobierno y cómo responden desde el sector privado

El Gobierno inició una ronda de diálogos con académicos y funcionarios sobre qué impacto tendría en el consumo nuevos tributos a los cigarrillos, cervezas, vinos y bebidas azucaradas, entre otros. Las empresas advierten que los objetivos están desalineados.

Sanhueza. Una presentación realizada por la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, a funcionarios públicos y académicos el 5 de diciembre arrojó las primeras líneas de cómo el Gobierno avizora un nuevo componente de su Reforma Tributaria.

• La presentación (íntegra al final de este artículo) son 29 láminas con el título “Impuestos saludables”. Corresponde al segmento de los “impuestos correctivos” vinculados con productos que pueden afectar la salud.
• En su etapa exploratoria, Hacienda identifica tres impuestos específicos por revisar: al tabaco/cigarrillo, a las bebidas alcohólicas, y a las bebidas azucaradas.

Reforma. Hasta ahora, la Reforma Tributaria avanza por medio de dos proyectos de ley: uno es el royalty a la minería, en el Senado. El otro –en trámite en la Cámara– es el alza al impuesto a los ingresos personales, al patrimonio, y medidas antievasión y antielusión.

• El tercer proyecto, sobre impuestos correctivos, debía presentarse a fines de 2022, según había anunciado el Gobierno con anterioridad. Por este tipo de impuestos se recaudaría 0,4% del PIB en régimen, prevé esa cartera.
• Desde Hacienda señalan a Ex-Ante que todavía no está contemplado enviar este proyecto al Congreso, pues aún está en proceso de elaboración.
• Como justificación general, la subsecretaria Sanhueza planteó el 5 de diciembre que “los impuestos saludables buscan modificar el comportamiento de las personas, alineando los incentivos económicos con los costos y beneficios sociales asociados al consumo de productos dañinos para la salud […,] además de aumentar los ingresos del Fisco”.
• Actualmente todos esos productos cargan impuestos específicos (ver infografías).

Cigarrillo. Presentación de Hacienda: “Se ha estudiado que el gasto en tabaco desplaza gasto en alimentos, educación, gasto en salud, entre otros. El tabaco genera externalidades negativas, teniéndose que en su precio no se reflejan los costos que incurre la sociedad por su consumo”.

• Hacienda menciona “evidencia internacional” al justificar que la elasticidad oferta-demanda permite inferir que, con un incremento del precio del tabaco (vía impuestos) en 10%, “su consumo debería reducirse entre un 4% y un 5% [...] Para un cambio de comportamiento, es más adecuada una estructura tributaria de impuesto específico a la cantidad de cigarros/gramos de tabaco que una ad-valorem, puesto que el principal factor de daño es la cantidad de cigarros/gramos de tabaco, y no su precio”.
• British American Tobacco (BAT): comparten el objetivo de que la población reduzca su hábito por fumar. Sin embargo, aseguran que un alza de impuestos provoca el efecto contrario, pues hace más lucrativo el contrabando y así la población de menores ingresos termina consumiendo más.
• Efectivamente, un estudio de noviembre de MIDE UC detectó que en 2022 el 37,4% del comercio de cigarrillos era ilícito, versus el 20,5% de 2021 y 21,4% de 2019.
• Ludwig Ureel, director de asuntos legales y externos de BAT para Chile y Argentina: “A partir del estudio UC, hicimos un cálculo viendo qué hubiera pasado si el 37,4% hubiera tributado a nivel de cajetilla más barata. El resultado es que el Fisco hubiese obtenido US$ 800 millones anuales. No es que de un día para el otro los fumadores se vayan a pasar de la cajetilla ilegal a la legal, pero es un punto de partida sólido”.
• Agrega: “Mediante fiscalización mayor y si se logra frenar el contrabando de cigarrillo se manera relevante, se genera más recursos fiscales”. Denuncia que en las ferias el paquete llega a mil pesos, con productos provenientes especialmente de Paraguay.

Bebidas alcohólicas. Hacienda: “Si existiera un alza de 10% en el precio de los alcoholes […,] el consumo de cerveza debería caer en 9,3%, el de vino en 7,7% y el de licores en 1,4%”.

• “Para un cambio de comportamiento, es más adecuada una estructura tributaria de impuesto específico a la cantidad de gramos de alcohol que una ad-valorem, puesto que el principal factor de daño por alcohol es la cantidad de alcohol puro en una bebida alcohólica, y no su precio ni el tipo de bebida”.
• Ximena Bravo, gerenta general de la Asociación de Cerveceros de Chile (Acechi): “Las personas con problemas de adicción representan el 5%, mientras que poco más del 20% son abstemios. La gran mayoría tiene un consumo responsable. Entonces, recaudar dinero vía impuestos para desviar el consumo de quienes tienen adicción no tiene sentido; lo que se necesita es educación […] Y como cerveceros, además, pagamos muchos más impuestos que el resto de las bebidas alcohólicas, si lo llevas a grado alcohólico”.
• Desde Vinos de Chile prefieren no opinar públicamente. Fuentes ligadas al gremio, sin embargo, sostienen que un nuevo impuesto –el anterior partió en 2014– lesiona la competitividad del sector y castiga una industria relevante del país.

Bebidas analcohólicas. Hacienda: “El exceso de consumo de azúcar tiene consecuencias negativas para la salud, y la ingesta de bebidas azucaradas contribuye a ello”.

• “Si existiera un alza de 10% en el precio de las bebidas analcohólicas, su consumo debería caer entre 6% y 12%. Al igual que en los casos anteriores, un impuesto específico a la cantidad de gramos de azúcar refleja de mejor manera que el principal daño a la salud por las bebidas analcohólicas es la cantidad de azúcar, y no su precio”.
• Desde el gremio de los alimentos y bebidas procesados, AB Chile, tampoco desean hacer comentarios oficiales en esta fase. Con todo, un ejecutivo de una firma recuerda que el sector ya experimentó un cambio con la Ley de Etiquetados cuyo objetivo era reducir la ingesta de productos altos en grasas, calorías y azúcares.

Combustibles. Hasta ahora tampoco se conocen detalles de los impuestos correctivos “verdes” que Gabriel Boric incluyó en su programa presidencial. Allí se mencionaban un aumento gradual del impuesto a las emisiones de CO², un incremento en el gravamen a los combustibles con la eliminación de exenciones al diésel, y un tributo al plástico de envases y embalajes.