Algo impensable está sucediendo: La Universidad de Concepción está vetada para recibir al pleno de la Convención Constituyente.
Hace algo mas de un año, un grupo de encapuchados ingresó a la Universidad de Concepción para protestar vandalizando parte de sus dependencias e incendiando edificios de la institución, hechos que volvieron a repetirse hace algunas semanas en protesta a la querella que presentó el rector ante el primer ataque de que fue víctima la institución.
Aunque de suma gravedad estos hechos podrían considerarse parte de un caso político-policial regional, pero cuando un grupo de convencionales rechazó el que la Convención se reúna en la Universidad de Concepción, porque esta “persigue a los presos políticos del estallido social”, el tema vuelve a poner a prueba a la Convención frente al vandalismo, vuelve a presentar el dilema de si cuestionar o validar la violencia y la pone esta vez de cara a definir si solidariza con las víctimas, en este caso la Universidad, o acepta el chantaje de los violentos, claramente expresado a través de un grupo de convencionales, y decide no realizar el pleno en la Universidad.
Vetar a la Universidad de Concepción como recinto para recibir a la Convención abre un callejón sin salida para esta, como bien dijo Camilo Escalona. Equivale a rendirse ante la coacción y las amenazas de la violencia. En tal caso, irá cuesta abajo en la rodada, impotente frente a las intimidaciones.
Cabe preguntarse, ¿porqué una minoría puede imponerle a la Convención una decisión tan aberrante como vetar a la Universidad de Concepción, un espacio que ha sido un faro para el desarrollo cultural, científico y humanista de la región del Biobío, en favor de un grupo de incendiarios encapuchados?
Quizás la respuesta está en la influencia de algunos que se entretienen teorizando sobre la legitimidad de la violencia callejera, ignorando que quien está en una posición de poder -como es ser miembro de la Convención- no está allí para lucir teorías, sino para actuar con responsabilidad haciendo ver que la democracia y la violencia son incompatibles, y que mal que les pese, la única opción legítima en este caso es defender a la Universidad de cara al país.
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