Julio 4, 2023

Contraloría cuestiona a alcaldesa Emilia Ríos (RD) de Ñuñoa por usar trato directo para recibir asesoría de corporación

Jorge Poblete
La alcaldesa Emilia Ríos el 28 de septiembre de 2022 en Ñuñoa. (Diego Martin / Agencia Uno)

El 28 de junio la alcaldesa Emilia Ríos (RD) de Ñuñoa recibió copia de la resolución de Contraloría a un requerimiento presentado en enero por el concejal UDI Julio Martínez, pidiendo investigar los contratos directos suscritos para recibir asesoría jurídica de la corporación Fima —representada legalmente por el abogado Ezio Costa. La corporación tuvo figuración pública este, año ya que presentaron el proyecto “La Constitución que no fue” elaborado junto con la fundación Democracia Viva, hoy investigada por la fiscalía. Contraloría instruyó “iniciar un procedimiento de invalidación” y “ponderar la necesidad de instruir un proceso disciplinario”. La municipalidad respondió que apelarán.


Qué observar. El 11 de enero de 2023 el concejal por Ñuñoa Julio Martínez (UDI) ingresó una presentación a Contraloría pidiendo realizar una investigación especial administrativa por las contrataciones directas realizadas por la alcaldesa Emilia Ríos (RD) a la corporación Fiscalía del Medio Ambiente (Fima), para representarla en sus acciones legales contra el Mall Vivo de Ñuñoa y por Fundamenta Eco Egaña.

  • “Este proyecto se desarrollará en una zona saturada”, dijo en septiembre de 2022 sobre el Mall Vivo. “Es deber de todas y todos disponer de las herramientas posibles para que el impacto en el medioambiente y en vecinos y vecinas sea el menor posible”.
  • El proyecto de Vivocorp —que estuvo ligado al grupo Saieh, tras lo cual pasó al fondo de inversión público Asset Rentas Comerciales Vivo— contempla levantar en torno a la estación Ñuble de la línea 5 del Metro un edificio de 30 pisos para vivienda y apart hotel, ofrecer servicios como consultas médicas, preuniversitarios, oficinas y restaurantes. Su inversión proyectada es de US$ 200 millones.
  • Según explicó Martínez en la presentación, el 24 de noviembre de 2021 el municipio emitió el decreto número 1679 autorizando la contratación de una “asesoría Jurídica Especializada en materia Medioambiental para representar judicialmente a la Municipalidad de Ñuñoa ante el Tribunal Ambiental y la Corte Suprema, en razón a la impugnación de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del Proyecto Centro Comercial Mall Vivo Santiago Etapa II”.
  • El 3 de diciembre de 2021 se aprobó el “contrato de asesoría jurídica especializada en materia medioambiental”, realizado por vía directa. A esto se sumó el decreto alcaldicio 2045 del 28 de diciembre de 2022, realizado la misma modalidad, por la invalidación de la resolución que calificó favorablemente el proyecto Egaña Comunidad Sustentable.
  • El primero fue por un máximo de 150 Unidades de Fomento (UF) y el segundo por un tope de 180 UF, dependiendo del resultado. Es decir, la suma de ambos no podía superar las 330 UF (la corporación detalló que se pagaron $11,5 millones).
  • Según argumentó Martínez, la edil fundó jurídicamente los 3 decretos en el artículo 107 del Reglamento de Contratación Pública “que se refiere a la contratación de servicios personales especializados”. Sostuvo que esta fórmula regía para personas naturales y no jurídicas.
  • Destacó que en el caso del tercer decreto éste se emitió pese a que “la I. Municipalidad de Ñuñoa no contaba con disponibilidad presupuestaria para la convocatoria a la licitación pública como para el pago de la ‘contratación directa’”.
  • El 28 de junio Contraloría resolvió que la “entidad edilicia deberá iniciar un procedimiento de invalidación” y “ponderar la necesidad de instruir un proceso disciplinario con el objeto de investigar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivarse de la situación”.

El análisis de Contraloría. En su resolución del 28 de junio el contralor regional Carlos Frías envió a la alcaldesa Ríos la respuesta al requerimiento del concejal. En 5 páginas analizó las faltas en las que, según estimó el organismo, había incurrido la edil.

  • Contrato sin especificar los motivos. “De los antecedentes tenidos a la vista, aparece que tanto en los decretos alcaldicios que autorizaron las respectivas contrataciones directas como aquellos que aprobaron los contratos con Fima no se contemplaron los motivos de la contratación, además de la verificación de la idoneidad técnica del prestador, conjuntamente con las razones por las cuales las funciones no podían ejecutarse por personal de la entidad”, dijo.
  • En la página 2 el organismo ya había planteado que “es posible recurrir a la modalidad de trato directo cuando por la naturaleza de la negociación existan circunstancias o características del contrato que hagan del todo indispensable acudir al trato directo o contratación directa o casos que señale el reglamento de esta ley”.
  • La página 3 detalló además que “la resolución que autorice esa clase de trato directo deberá expresar los motivos que lo justifican, la clasificación de una labor como especializada y las razones por las cuales esas funciones no pueden ser realizadas por personal de la propia entidad, debiendo dicho acto señalar, en tal caso, la justificación de la idoneidad técnica y la conveniencia de recurrir a este tipo de procedimiento, la que deberá publicarse en el Sistema de Información”.
  • “Asimismo, no consta que la Municipalidad de Ñuñoa haya dado cumplimiento a las exigencias previas a que se refiere el inciso tercero del artículo 107 del decreto N° 250, de 2004 del Ministerio de Hacienda, toda vez que dentro de tales antecedentes solo se observa la existencia de un documento denominado ‘requerimientos del servicio a contratar’ en relación al proyecto Egaña Comunidad Sustentable, sin que se acrediten las gestiones que indica el citado artículo respecto de ese proyecto y del Centro Comercial Mall Vivo Santiago Etapa II que motivó otro trato directo”.
  • Procedimiento de invalidación. “En consecuencia, y por lo antes explicitado, esa entidad edilicia deberá iniciar un procedimiento de invalidación conforme con lo previsto en el artículo 53, de la ley N° 19.880 y, ponderar la necesidad de instruir un proceso disciplinario con el objeto de investigar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieren derivarse de la situación objeto del presente pronunciamiento”.
  • Plazos para informar. El organismo resolvió que la respuesta de la municipalidad deberá llegar este mes, “informando documentadamente de ello a esta Contraloría Regional dentro del plazo de 20 días hábiles contado desde la fecha de recepción del presente oficio”.

El proyecto de Fima con Democracia Viva. La corporación Fiscalía del Medio Ambiente (Fima) obtuvo su personalidad jurídica en 2006 y es representada legalmente por el abogado Ezio Costa Cordella.

  • Costa fue uno de los referentes de los “eco constituyentes” en la desaparecida Convención Constitucional.
  • En septiembre de 2021 se lanzó su libro “Por una constitución ecológica”, el que fue presentado por la exconvencional Cristina Dorador y por Diego Pardow, actual ministro de Energía (Convergencia Social).
  • El 30 de mayo de este año —previo a la instalación del Consejo Constitucional tras el rechazo del texto de la Convención en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022— Fima y la fundación Democracia Viva presentaron el proyecto conjunto “La constitución que no fue”, que habían elaborado entre diciembre de 2022 y ese mes.
  • Según detallaron entonces en su sitio web “el documento, elaborado en conjunto por Democracia Viva y ONG FIMA, entrega 7 conclusiones respecto al proceso constituyente del 2019-2022 basados en entrevistas a 32 ex-convencionales de distintos sectores políticos”.
  • Democracia Viva es la fundación ligada a RD que dio origen en junio a las investigaciones de la fiscalía por contratos por vía directa con el gobierno, luego de que se adjudicaran 3 convenios por $426 millones con la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Antofagasta.

La respuesta del municipio. La Municipalidad respondió en una declaración que “como Municipalidad de Ñuñoa apelaremos a lo dicho por Contraloría ya que creemos que no tuvieron todos los antecedentes a la vista”.

  • Fima contestó, también por escrito, que “la resolución de Contraloría que señala que habría existido un problema administrativo en la contratación, esperamos las vías de solución que pueda llevar a cabo la Municipalidad mientras seguimos trabajando sin interrupciones en la defensa del medio ambiente de la comuna”.
  • Detallaron que “los trabajos contratados fueron la investigación, preparación de la estrategia jurídica y confección de documentos para llevar adelante la defensa de los intereses públicos de la Municipalidad en la protección del medio ambiente y la calidad de vida de los vecinos en casos de alta complejidad. El monto total de ambos contratos fue de $5.263.278 y $6.319.800 respectivamente, considerando todas las instancias administrativas y judiciales, con una duración aproximada de 3 años”. Es decir, $11.583.078 en total.

Lea la resolución de Contraloría:

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