En el país llevamos un buen tiempo discutiendo sobre cambios en la estructura tributaria. Desde, a lo menos, la reforma tributaria de 2014 el tema de los impuestos ha estado en el tapete público en un proceso que parece imposible de cerrar. Los debates sobre estas materias han versado tanto sobre la carga tributaria a la que se debiera apuntar como a los objetivos que se debieran alcanzar con la nueva estructura impositiva. Esto incluye no sólo el financiamiento de nuevos programas de gasto fiscal considerados importantes, sino que también tiene que ver con algunas características deseables de un sistema tributario en términos de su equidad y eficiencia.
Las diferencias sobre estas materias son, en parte técnicas y en parte normativas. Y en este último sentido ellas son plenamente legítimas. En un sistema democrático las elecciones y las votaciones en el Congreso son los mecanismos para resolver estos temas. Pero, como resultado de los ciclos político-electorales recientes, la definición de la estructura tributaria de mediano plazo sigue abierta en el país.
Esta incertidumbre no puede si no tener efectos reales sobre el comportamiento de contribuyentes y de inversionistas. Para los contribuyentes actuales, la falta de certeza respecto de sus responsabilidades tributarias puede incrementar el costo del cumplimiento oportuno de sus obligaciones. Por otro lado, parece razonable suponer que la falta de claridad sobre las reglas en materia del tratamiento tributario que podrían tener sus inversiones puede llevar a empresas y a empresarios a ser más cuidadosos en sus decisiones de inversión.
El problema, en definitiva, tiene que ver con una falta de consenso político respecto de los objetivos y características de un sistema tributario. Después del rechazo a la idea de legislar de la reforma tributaria propuesta por el ministro Marcel, el propio ministerio de Hacienda ha impulsado una serie de “Diálogos por un Pacto Tributario”. La idea de un acuerdo amplio sobre estos temas es muy bienvenida. Pero, aunque en estos diálogos se ha incluido una discusión sobre las prioridades, la eficiencia y la transparencia del gasto público, que son temas que en general han estado ausente en estos debates, ha habido críticas a su funcionamiento, tanto por su convocatoria como por algunas materias ausentes.
Como sea, junto con levantar “acuerdos y disensos que sirvan como base para los ajustes el sistema tributario” al final del día hay que hacer algo. La incertidumbre en materia tributaria no puede continuar. Finalmente, hay que volver a la política, siendo el Congreso el lugar donde se deben alcanzar acuerdos políticos. Este rol de la política como un espacio para lograr consensos, que siendo más amplios son más sostenibles en el tiempo, debe ser destacado y revalorado.
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