El senador y presidente de Revolución Democrática (RD) Juan Ignacio Latorre llegó el 27 de junio al Centro de Justicia de Santiago para ingresar una querella por los convenios por $426 millones firmados entre la Fundación Democracia Viva y la Secretaría Regional (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, que la fiscalía investiga desde ese mes como eventual fraude al fisco.
“Hay sospecha de corrupción”, dijo Latorre ese día, rodeado por la directiva del partido. “Hay sospecha de una organización que se forma, que tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado, con muy amplia diversidad de temas, para sacar provecho de los recursos públicos”.
La acción penal —ingresada a nombre del partido, contra quienes resultaran responsables de “delitos contra la probidad pública”— consolidó el cambio de tono de RD, que inicialmente minimizó el caso, que involucró a integrantes de sus filas.
Tanto el presidente de Democracia Viva Daniel Andrade como el entonces seremi de Vivienda, Carlos Contreras, pertenecían a RD, partido del que luego fueron expulsados (Andrade había anunciado antes su salida). Lo mismo la diputada y expresidente de RD Catalina Pérez, entonces pareja de Andrade y ex jefa de Contreras, quien tiene su militancia suspendida.
Sin embargo, un escrito presentado el 13 de julio por el abogado Sergio Rodríguez, en representación de los querellantes y diputados de Republicanos Cristián Araya y Juan Eduardo Irarrázaval, puso en entredicho la participación de RD como querellantes.
“Vengo en solicitar que se disponga la realización de una audiencia a fin de conocer y resolver sobre la exclusión de la presente carpeta de la organización de derecho público denominada ‘Partido Político Revolución Democrática’”, decía el escrito. La solicitud fue aceptada y la audiencia se fijó para el 10 de agosto.
RD respondió con un incidente de nulidad, donde pedía dejar sin efecto la audiencia. El incidente fue rechazado este martes, generando un revés para el partido del Frente Amplio (FA).
“Teniendo presente que la mera citación a audiencia no ha generado ningún perjuicio reparable con la declaración de nulidad, que los fundamentos vertidos en la referida petición dicen relación con el debate de fondo de la incidencia a discutirse y resolverse en la audiencia de fecha 10 de agosto próximo (…), no ha lugar la incidencia de nulidad”, consignó la resolución del juez Andrés Santelices del Juzgado de Garantía de Antofagasta.
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