La presentación. El 11 de septiembre, la Contraloría General de la República acogió a tramitación una presentación realizada por el diputado de Republicanos Cristián Araya pidiendo indagar las eventuales responsabilidades administrativas de la Municipalidad de Vitacura en lo que describió como “multas ilegales” que se cobraban por el sistema de pago con aplicación de los estacionamientos del sector de Alonso de Córdova.
La respuesta de Vitacura. “La Municipalidad de Vitacura informó, en síntesis, que, a fin de cumplir con su deber constitucional y legal de administrar los bienes públicos, existía la necesidad de arribar a una solución transitoria mientras se tramita en sede judicial la resolución del contrato de ilegalidad, derivado del término anticipado del contrato de concesión anterior”, respondió a Contraloría el municipio encabezado por Camila Merino (Evópoli).
La conclusión de Contraloría. “La Municipalidad de Vitacura no dio cumplimiento al procedimiento aplicable al efecto, toda vez que, como ya se especificó, la explotación de un sistema de parquímetros puede ser administrada directamente por el municipio o bien ser entregados a un particular, debiendo en este último caso hacerlo únicamente mediante el mecanismo de la concesión y no a través de un permiso precario como se otorgó en el caso de estudio”, consignó la resolución de Contraloría del 27 de noviembre.
Lea la resolución de Contraloría:
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Mientras los municipios del país destinaron $92.151 millones a gastos por licencias médicas en 2015, éste ítem subió a $387.981 millones en 2024: un 321% adicional, detalló Contraloría. Entre los municipios que más gastaron por este concepto el año pasado, en cifras absolutas, estuvo Santiago, que porcentualmente estuvo bajo el promedio.
La embajada de Estados Unidos anunció cuáles serán las nuevas reglas para los chilenos —y ciudadanos de otros países— que quieran obtener visa para estudiar en ese país, luego de que en mayo se suspendieran las entrevistas con postulantes.
El compendio de fiscalizaciones publicadas por Contraloría entre abril de 2024 y marzo de 2025 registró $303.056 millones objetados a los Gobiernos Regionales (Gore) y más de $12 mil millones al Ministerio de Vivienda (Minvu), protagonistas estatales del caso Convenios.
En total, Contraloría objetó $1.505.707.732.640 en un reporte que contiene las observaciones de mayor relevancia detectadas tras las auditorías e investigaciones especiales ejecutadas entre el 1 de abril de 2024 y el 31 de marzo de 2025, con irregularidades que también ocurrieron en 2023 o años anteriores. Entre los servicios más cuestionados aparecen los Gobiernos […]