La presentación. El 11 de septiembre, la Contraloría General de la República acogió a tramitación una presentación realizada por el diputado de Republicanos Cristián Araya pidiendo indagar las eventuales responsabilidades administrativas de la Municipalidad de Vitacura en lo que describió como “multas ilegales” que se cobraban por el sistema de pago con aplicación de los estacionamientos del sector de Alonso de Córdova.
La respuesta de Vitacura. “La Municipalidad de Vitacura informó, en síntesis, que, a fin de cumplir con su deber constitucional y legal de administrar los bienes públicos, existía la necesidad de arribar a una solución transitoria mientras se tramita en sede judicial la resolución del contrato de ilegalidad, derivado del término anticipado del contrato de concesión anterior”, respondió a Contraloría el municipio encabezado por Camila Merino (Evópoli).
La conclusión de Contraloría. “La Municipalidad de Vitacura no dio cumplimiento al procedimiento aplicable al efecto, toda vez que, como ya se especificó, la explotación de un sistema de parquímetros puede ser administrada directamente por el municipio o bien ser entregados a un particular, debiendo en este último caso hacerlo únicamente mediante el mecanismo de la concesión y no a través de un permiso precario como se otorgó en el caso de estudio”, consignó la resolución de Contraloría del 27 de noviembre.
Lea la resolución de Contraloría:
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