Hace exactamente un año, el Gobierno del Presidente Boric anunciaba a través de un desprolijo comunicado de prensa, en las vísperas de año nuevo, el otorgamiento de 13 indultos a los mal llamados “presos de la revuelta”. Los indultos, figura legal que se remonta a la antigua Roma, asociada a un gesto de compasión y clemencia, se transformaban así en pura negligencia. Horas después, conocido el prontuario de los indultados, a los que se añadió, un ex frentista condenado por un asalto a un banco, Boric tozudamente afirmaba: “estos son jóvenes que no son delincuentes”. Transcurridos exactos 12 meses desde el otorgamiento del indulto, Luis “insurrecto” Castillo, indultado directamente por Boric, figura hoy nuevamente preso en la cárcel de La Serena, imputado por secuestro extorsivo y robo con violencia.
Aunque para muchos, el Presidente había aprendido la lección tras los indultos, el año 2023, culmina de manera bastante similar al 2022. Esta vez no es el otorgamiento de indultos lo que sorprende, sino que el conocimiento del otorgamiento de pensiones de gracia a sujetos condenados por acciones delictuales durante el estallido de octubre de 2019.
La lógica del estímulo a la violencia política es una marca indeleble para este Gobierno y la generación frenteamplista. El episodio indultos pereciera no haber sido una falla aislada, sino que un diseño deliberado, donde Boric no sólo justifica, sino que retribuye pecuniariamente acciones delictuales que propiciaron un vacío de poder que posteriormente sería llenado por él, al fragor de la violencia y la destrucción.
Poder comprador de violencia
Juan Francisco Villalobos: condenado por hurto y prófugo de la justicia por delito de estafa; Andrés Fuica: condenado por hurto en un supermercado y con sentencia previa de violencia intrafamiliar tras ahorcar a su señora en presencia de su hija de 3 años; y Gabriel Allende: “manifestante” que lanzó una bomba molotov a Carabineros en pleno centro de Santiago durante las jornadas de protestas de 2019.
Cada uno de ellos, ha sido beneficiado durante este Gobierno, con pensiones de gracia vitalicias que bordean los 500 mil pesos mensuales, las que, como si fuera poco, han sido incrementadas durante el último año. Los tres, figuran dentro del listado de “personas afectadas en el contexto de las manifestaciones iniciadas en el mes de octubre de 2019” pese a que, en ninguno de estos casos, se ha logrado comprobar el perjuicio presuntamente provocado por las fuerzas de orden y seguridad.
Lo que en cualquier país medianamente civilizado sería considerado un escándalo político de proporciones, acá comienza a ser peligrosamente naturalizado. El Jefe de Estado, a quien otorgamos un amplio mandato para, entre otros asuntos, velar por la seguridad de la nación, no sólo no cumple esta función a cabalidad (por algo 9 de cada 10 chilenos vive con temor de acuerdo a la última Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana) sino que se da el lujo de premiar económicamente -y de por vida- a auténticos delincuentes.
El Presidente aplica en sentido estricto la vieja idea del poder comprador de violencia. Ésta hace referencia al método en virtud del cual un individuo, un conglomerado humano, o una institución, remunera a quienes ejercen la fuerza y la violencia con el objetivo de lograr sus metas específicas orientadas a la mantención de su dominio en el ámbito del poder.
Clemencia
En medio de este triste panorama, la oposición se muestra extraviada. Más entusiasmada con la idea de promover querellas intestinas, copando la prensa con titulares extemporáneos e improductivos donde los dirigentes frívolamente se culpan entre ellos, por el previsible revés electoral plebiscitario, en lugar de utilizar esa energía en fiscalizar con más fuerza al Gobierno de Boric.
Peor aún, en medio de una inconducente noche de cuchillos largos, se ha producido una absurda lógica de reproche interno, donde algunos cuestionan la negativa a arribar a acuerdos con un Gobierno, que en medio de escándalos como el de otorgamiento de pensiones de gracia a delincuentes, inclusive se da el lujo, de sacar al pizarrón a la oposición, interpelándolos a aprobar su mal orientada reforma de pensiones.
Al parecer, el exceso de clemencia no es de Boric al conceder indultos y otorgar pensiones a delincuentes, sino que, de la oposición, al no condenar ni exigir responsabilidades políticas por aquello, más enfáticamente.
Karma
Toda acción o causa conduce irremediablemente a un efecto. Al Presidente Boric no le resultará tan fácil desprenderse del pecado de origen suyo, y de toda su generación: haber exaltado, coqueteado y/o legitimado la violenta insurrección octubrista.
Lo que agrava la falta es que, una vez envestido con la banda presidencial, ratificó esta pulsión, concediendo indultos inmerecidos a delincuentes ocultos tras una impostada fachada de luchadores sociales. Como si fuera poco, luego, como ha quedado de manifiesto, se han otorgado suculentas pensiones de gracia vitalicias a quienes contribuyeron con una parte del trabajo sucio que pavimentó el camino de Boric a la presidencia, a través de la agitación y el socavamiento a la legitimidad de las fuerzas de orden y seguridad del país.
La lógica del indulto y la impunidad son el karma de la administración Boric, por eso, después de exactos 12 meses, seguimos hablando de lo mismo. Como si un año completo, nunca hubiera pasado.
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