Colaciones. Está en plena marcha la licitación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y Parvularia (PAP) del ciclo 2023-2026, que abastecerá de 780 mil colaciones diarias a infantes, niños y jóvenes en las regiones de Coquimbo, La Araucanía y Magallanes. También a siete comunas de la Región Metropolitana.
Adjudicación. El plazo formal para la adjudicación es el 23 de febrero, por lo que voces del mundo privado y público alertaron que sería muy difícil llegar a tiempo, con colaciones calientes, a todos los usuarios del sistema. La directora de Junaeb, Camila Rubio, reconoció que los plazos están justos, pero tanto ella como el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, plantean que existen planes de contingencia en marcha que permitirán llegar en tiempo y forma a inicios de marzo.
Plazos. Las bases de licitación plantean que, luego de cumplida la etapa de la apertura económica, el servicio tiene “hasta” 15 días para resolver la adjudicación. Por lo tanto, no habría que esperar hasta el 23 de febrero, sino que la adjudicación podría definirse tan pronto como el martes 7 o una fecha próxima a ella.
Bases. La nueva administración que llegó con el gobierno de Gabriel Boric planteó dos cambios relevantes a las bases. Por un lado, se establecieron bandas de precios con el objetivo de dar mayor flexibilidad a que no solo ganaran los oferentes con la propuesta de precio más baja.
Beneficiarios finales. De las 21 empresas oferentes cuyas propuestas fueron aprobadas por la Junaeb, siete postularon a la denominada Línea 1, que incluye comunas en las regiones de Coquimbo, La Araucanía y Magallanes. Por otra parte, catorce oferentes buscan abastecer las colaciones de siete comunas en la Región Metropolitana: Santiago, San Ramón, La Cisterna, El Bosque, Lo Prado, Estación Central y La Pintana.
Revise a continuación el detalle de cada una de las 21 empresas oferentes, cuyos datos abiertos demandados por Junaeb están disponibles en Mercado Público.
El éxito de estas modificaciones legales se juega en que su aplicación se lleve a cabo de tal forma que asegure la debida transparencia en las decisiones, que no se entorpezca la labor de este servicio público clave para el país y se resuelvan adecuadamente los conflictos de interés.
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