¿Y luego qué? Alternativas ante el fracaso del proceso constitucional. Por Juan Pablo Orrego

Ante la eventual victoria del voto en contra en diciembre, el Congreso puede iniciar un proceso que permita aprobar el texto elaborado por la Comisión Experta, único que hasta la fecha ha suscitado el acuerdo transversal, como nueva Constitución del país

A menos de 3 meses del plebiscito del 17 de diciembre, la totalidad de sondeos de opinión dan por un amplio margen como ganador al voto “en contra” de la propuesta constitucional. Dichas encuestas han sido publicadas en el contexto de un Consejo Constitucional incapaz de construir acuerdos transversales, tendiente al sectarismo, y que ha aprobado múltiples enmiendas que suponen retrocesos en materia de derechos sociales, sexuales y reproductivos.

Las próximas votaciones a realizarse en el Consejo tampoco avizoran un escenario más optimista y no han sido pocas las voces dentro Republicanos, incluyendo la de José Antonio Kast, que han amenazado con llamar a votar “en contra” de no aprobarse sus enmiendas. A pesar de que todavía restan varias instancias, en este texto se da por sentada la necesidad de pensar ya en posibles salidas alternativas ante un eventual fracaso de este segundo proceso constitucional (mal) liderado por Republicanos.

Dos posibles alternativas aparecen como las más viables, ambas con sus respectivos beneficios y costos. Primero, ante la eventual victoria del voto en contra en diciembre, el Congreso puede iniciar un proceso que permita aprobar el texto elaborado por la Comisión Experta, único que hasta la fecha ha suscitado el acuerdo transversal, como nueva Constitución del país. Dicha alternativa permitiría darle una conclusión al proceso constitucional iniciado en respuesta al estallido social a través de un texto que consagra el Estado social de derechos, aborda parte de las falencias en el funcionamiento de nuestro sistema político y establece nuevos mecanismos de participación y de democracia directa.

No obstante, la aprobación de una nueva Constitución a través del Congreso supone un costo importante en lo que respecta a la legitimidad del texto. Por un lado, la baja confianza que despierta el Congreso y los partidos, hacen de esta alternativa la menos ideal en miras a consensuar una propuesta que genere adhesión en la ciudadanía. Por otro lado, el déficit democrático de esta alternativa en comparación a la Convención Constitucional y al actual proceso significa una crítica legítima y justificada tanto entre partidos como en la misma sociedad civil.

Finalmente, consagrar una nueva Constitución vía acuerdos parlamentarios supone volcar todos los esfuerzos institucionales en la construcción de consensos en un espacio que se ha caracterizado por el obstruccionismo y no se garantiza que durante las negociaciones aspectos esenciales del anteproyecto se pierdan por la presión de sectores reacios a cualquier reforma.

Por lo anterior, una segunda alternativa se encuentra en la profundización y expansión de la agenda de reformas ya iniciada por el gobierno. En el contexto del estallido social, los distintos sectores políticos impulsaron el proceso constitucional como un camino racional y democrático para dar respuesta a las demandas levantadas por los millones de manifestantes que llenaron las calles a finales de 2019. No obstante, mientras la nueva Constitución fue la forma para canalizar las demandas ciudadanas, su objetivo principal fue el dar una respuesta efectiva a las urgencias materiales de una ciudadanía que a grandes rasgos exigía mayor dignidad y terminar con los abusos tanto del sistema político como económico.

Por lo mismo, una agenda de reformas tanto constitucionales como a través de proyectos de ley que dé respuestas efectivas al mal funcionamiento de la institucionalidad, se haga cargo de la ausencia del Estado en la entrega de derechos sociales y consagre nuevos mecanismos de participación puede terminar dando una mejor solución (y no menos radical) al malestar acumulado que un eventual tercer proceso constitucional.

Ciertamente, esta última alternativa implica renunciar en lo inmediato a una nueva Constitución escrita en democracia. Sin embargo, este texto no tiene por propósito abogar por una renuncia permanente a la lucha por un nuevo texto constitucional. Por el contrario, aquí sólo se propone abrir el debate a las distintas alternativas disponibles y resituar la discusión en el fondo del proceso más que en sus formas, al menos en un contexto donde construir acuerdos constitucionales no es viable ante la radicalización de la derecha y ante la desafección de la ciudadanía con el proceso constitucional.

Por último, a pesar de las múltiples encuestas, el plebiscito del 17 de diciembre es un espacio de disputa y su resultado es ante todo incierto. No obstante, difícilmente el oficialismo podrá ofrecer un camino creíble a la ciudadanía en la medida que no sea capaz de acordar una alternativa más atractiva a la que actualmente ofrece Republicanos. Por lo pronto, dado el descrédito del trabajo del Consejo Constitucional, la clase política necesita buscar alternativas al camino constitucional que permitan responder a las urgencias sociales con celeridad. En resumen, priorizar el fondo por sobre las formas.

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