Víctor Torres y solución en caso de que la ley corta de Isapres no se apruebe a tiempo: “El Ejecutivo tiene que responder, no yo”

El lunes se retoma el año legislativo y con ello la discusión de la ley corta de Isapres en la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero el contexto de la discusión será distinto comparado al del año pasado: Recién esta semana, tres de siete Isapres informaron que realizarían un alza del precio base de 7,4%, el tope establecido por la Superintendencia de Salud. En esta entrevista, el superintendente Víctor Torres aborda la crisis del sistema.

— ¿Puede complicar esta situación aún más al sistema?

—El cálculo de ICSA es un cálculo que ha permitido hace 3 años poder establecer un límite de alza. El ICSA significó que en estas 3 Isapres pudieran bajar a 7,4 y no cobrar la totalidad de la variación de costos. Y lo segundo es que la misma verificación nos permite que, las que están por debajo, no se suban hasta el ICSA.

—Pero este año se eliminó el mecanismo de contención de costos y eso permitió un alza mayor. ¿Eso podría generar una mayor fuga de afiliados? 

—Claramente va a significar eventualmente una movilidad. No podemos decir si mayor o menor porque ya hay una movilidad en el sistema. Ha habido una movilidad bastante importante en los últimos 12-18 meses del orden de los 500 mil afiliados y que eventualmente eso pudiera seguir ocurriendo. Recordemos que en noviembre, además, las personas pagaban una cantidad que fue rebajada en diciembre y con esta alza no necesariamente llegan a pagar lo que ya pagan en noviembre. O sea, van a estar por debajo todavía, al menos la gran mayoría, y eso podría ser una situación que no necesariamente genere una gran salida como en alzas anteriores.

—Las Isapres plantearon este jueves que la adecuación del precio base no es una solución a la crisis dado el cumplimiento del fallo GES. ¿Está de acuerdo?

—La crisis está provocada fundamentalmente por el mismo accionar de las propias Isapres. Que esa situación haya generado un desequilibrio en el sistema no es nuestra responsabilidad. No obstante, se han tomado medidas que lo que hacen fundamentalmente es sostener un equilibrio muy delicado: Garantizar la continuidad de las prestaciones versus no traspasarle todos los costos a las personas. Y de ahí que el reclamo sea por un lado o por otro. Para algunos es mucho, para otros es poco.

—Independiente de quién es la responsabilidad, son los afiliados y los que están en Fonasa los que se verían perjudicados ante la posibilidad de que una Isapre caiga en insolvencia o quiebre. ¿Eso está considerado?

—Evidentemente. El Gobierno ha considerado medidas que puedan sopesar eso. Siempre se ha dicho que lo que hay que evitar es que se impacte a las personas, pero tampoco le puedes traspasar la totalidad de los costos a la gente porque se generan problemas como eventualmente fugas masivas o que afecte la posibilidad de tener buenas coberturas que hoy día puedan tener muchas personas, sobre todo con preexistencias, que son las que tienen menos movilidad.

—Respecto al debate sobre la ley corta de Isapres: El oficialismo y el Gobierno consideran que la mutualización no cumple con el fallo, pero las aseguradoras plantean que sin este mecanismo es muy difícil dar cumplimiento a la sentencia. ¿Quién se hace cargo de una posible quiebra o fuga de afiliados? 

—Lo primero es que la fuga de afiliados responde a una dinámica incluso de antes de la implementación de los fallos. Lo segundo es que aquí hay situaciones que están reguladas por ley y cuando una Isapre cae bajo sus indicadores, primero las mismas Isapres tienen que establecer un plan de ajuste de contingencia, sino nosotros somos los que tenemos que designar un administrador provisional y, si aún así eso falla, es cuando se avanza en la posibilidad de, por ejemplo, vender la cartera o eventualmente licitar.

Y las personas que quedan fuera de la posibilidad de esta venta o licitación, tienen finalmente la alternativa de Fonasa. Es evidente que, tratando de tomar medidas para que eso no ocurra, hay una fórmula de poder resolver el tema.

—Pero la realidad de Fonasa es que las listas de espera sólo van en aumento. 

—Por esa razón se plantea la modalidad de cobertura complementaria, porque permitiría que la gente, manteniendo sus coberturas similares a las actuales, se siga atendiendo en el sistema privado.

—El problema es que las mismas clínicas hacen una advertencia: El cierre de una Isapre podría perjudicarlas por la deuda que tienen las aseguradoras con ellas. 

—No, claro, es un tema que por la misma razón uno busca que finalmente este problema pueda ser resuelto de la mejor forma posible. Ahora, tampoco estamos obligados a lo imposible.

—¿Cuál va a ser su rol en la tramitación de la ley corta de Isapres? Los parlamentarios del oficialismo han realizado duras críticas a la ministra Aguilera.

—Hay que ser bien enfático. La ministra Aguilera ha liderado un equipo de trabajo que nos considera tanto al director de Fonasa como a mí y yo entiendo que esa va a ser la dinámica de trabajo en la Cámara de Diputados. No veo por qué debiera ser distinto si hasta el momento ha avanzado exitosamente esa estrategia.

—Parlamentarios le han pedido al Gobierno que de manera paralela se tramite una reforma al sistema. 

—Yo creo que ya hay plena conciencia en el mundo político de que hay que avanzar a una reforma más estructural. El Gobierno ha comprometido ingresar una reforma antes de octubre de este año y eso me parece una clara señal del interés que tiene el Ejecutivo por avanzar.

—¿Es suficiente considerando que las Isapres pueden tener problemas antes de octubre?

Uno ha tratado de avanzar lo más rápido posible. Hay que entender que hay tiempos políticos que pueden ser distintos a los tiempos de interés de las propias Isapres.

—El no tramitar una reforma y la ley corta a la vez suena a como un “no se puede caminar y mascar chicle”. 

—No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con la concentración de esfuerzo que implica un proceso de reforma en uno o varios proyectos de ley. Si bien el Gobierno ha estado trabajando en esto, claramente hay elementos que requieren una discusión más profunda antes de que lleguen al Parlamento.

—¿Ha conversado con la Corte Suprema para ver si es que pueden otorgar una nueva prórroga para el cumplimiento del fallo?

—Nosotros no conversamos con la Corte Suprema. Hoy día no hay una decisión de si se va a requerir o no una nueva prórroga. Por lo tanto, se va a evaluar en su momento.

—¿Se han puesto en el escenario de que no se logre tramitar antes de mayo y que la Suprema no entregue una prórroga? 

—Uno tiene que ponerse en todos los escenarios en situaciones como esta y yo creo que el Ejecutivo lo ha hecho.

—¿Cuál sería la solución a ese escenario?

—Es algo que el Ejecutivo tiene que responder, no yo.

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