Trasfondo: Daniel Andrade, fundador de Democracia Viva, se ajusta al discurso del Gobierno y trata de salvar a Catalina Pérez 

“Este es mi gobierno, el gobierno que está empujando los cambios”, dijo Daniel Andrade a Chilevisión, luego de 49 días en que guardó silencio tras destaparse el escándalo de Democracia Viva. Andrade, ex RD, se ajustó al discurso que ha entregado el Ejecutivo respecto al caso Convenios, señalando que ni el ministro Giorgio Jackson, ni la Dipres Javiera Martínez ni La Moneda sabían de lo ocurrido antes de que se la situación se conociera públicamente. Sobre la diputada Catalina Pérez, su ex pareja, sostuvo que no intervino en su favor cuando se suscribió el contrato de la fundación. El conflicto lo circunscribió al reintegro de recursos que le pide el Ministerio de Vivienda.

El problema se circunscribe a 97 millones de pesos. Durante la entrevista, Andrade evitó enfrentar al gobierno e incluso llegó a señalar que el ministro Luis Cordero -coordinador del comité de crisis del gobierno por el caso Convenios- había sido muy cuidadoso en los términos legales que había utilizado, pese a que el fin de semana sostuvo que “Democracia Viva es un caso de corrupción”.

• El ex militante de RD circunscribió el conflicto al reintegro de los recursos que le ha exigido el Ministerio de Vivienda, a partir de 3 recursos presentados por la fundación ante la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda de Antofagasta, pidiendo no devolver —por ahora— los $391 millones que la repartición le pidió restituir, señalando que existen $97 millones ya fueron gastados y rendidos conforme a la ley y al monitoreo del Serviu.

“Este es mi gobierno, el gobierno está empujando los cambios”. Durante buena parte del programa el también ex presidente de la FECH se mostró arrepentido de haber firmado el convenio, sosteniendo que fue imprudente, que no midió los riesgos políticos y que se avergonzaba de lo ocurrido, relatando que ha tenido problemas médicos a partir del escándalo, como crisis de pánico. Uno de los focos de su arrepentimiento, dijo, es el daño que ha generado a la administración Boric: “Este es mi gobierno, el gobierno que está empujando los cambios”.

• Andrade, queriéndolo o no, se ajustó al discurso que ha entregado el gobierno, parafraseando a los ministros Tohá y Montes respecto a que aquí existe un problema sistémico, relativo a la forma en que el Estado opera desde hace varios años, y negó rotundamente que se tratara de un mecanismo de financiamiento político. “Yo apoyo lo que dice el ministro Carlos Montes, de que el sistema de financiamiento de las fundaciones tiene que cambiar”.
• Pero, más importante aún, Andrade desvinculó del caso a todas las autoridades del gobierno.
• Y, al ser consultado en distintas ocasiones, sostuvo que él no alertó a La Moneda de lo que ocurría y que no sabía si aquello ocurrió.

“Yo no llamé al ministro Jackson”. En 2018, Daniel Andrade llegó a RD desde el movimiento estudiantil UNE, situándose en el ala izquierda de la colectividad. Un año después, en las elecciones que enfrentaron a Catalina Pérez y Javiera Parada por la presidencia del partido, el poderoso Giorgio Jackson logró que la facción que lideraba Andrade, ex presidente de la Fech, apoyara a la diputada, lo que para algunos fue clave en el resultado de la elección y la salida de Parada de RD. Desde entonces en el partido reconocen el vínculo de ambos.

• El fundador de Democracia Viva fue consultado en reiteradas oportunidades respecto a quién sabía del caso antes que estallara el escándalo, a lo que solo apuntó al senador Juan Ignacio Latorre, la diputada Pérez y el Ministerio de Vivienda, lo que ya era conocido públicamente.
• Al ser consultado por Jackson, de quien el 89% quiere que abandone el gabinete, de acuerdo a una encuesta Panel Ciudadano UDD, respondió: “Yo no llamé al ministro Jackson”. Más tarde diría que no cree que la diputada Pérez le haya informado y afirmó en forma tajante que no tiene ningún vínculo con el caso.

Catalina Pérez no intervino. A su ex pareja la trató siempre de diputada. Y sostuvo que, junto con el daño que le hizo al gobierno, le dolía haber perjudicado a Catalina Pérez. Andrade, al igual que ella, sostuvo que no intercedió en favor de él ni de Democracia Viva, pese a que el ex Seremi de Vivienda de la región, Carlos Contreras (ex RD), impulsó el convenio por un total de $426 millones con la Fundación, representada legalmente por Andrade. El ingeniero era pareja de la diputada Pérez, mientras que el ahora renunciado seremi fue jefe de gabinete de la misma parlamentaria.

• En el programa, Andrade sostuvo que ella se enteró mucho después del convenio que él había firmado, lo que se transformó en un momento incómodo en la entrevista, por lo difícil que le resultó explicar cómo y por qué no se lo había comentado.
• El ministro Cordero dijo el fin de semana que Democracia Viva era un caso de corrupción, como se señaló anteriormente, pero no apuntó a la diputada Pérez.

“Yo no he hablado con Javiera Martínez”. A Andrade se le consultó si había conversado del tema con la Directoria de Presupuestos Javiera Martínez, indicándosele que ella bajó la “vara” a las fundaciones y que, en medio del debate por la Ley de Presupuesto de 2023, se eliminó el requisito de 2 años que debían tener las fundaciones sin fines de lucro para adjudicarse fondos, entre otras cosas.

• “Yo no he hablado con Javiera Martínez”, respondió, señalando que solo había intercambiado hace un tiempo un par de correos electrónicos pero por asuntos personales.

Lo mismo ocurría en el gobierno de Piñera. Bajo el argumento de que Democracia Viva y el caso Convenios es un problema estructural del Estado, el ingeniero sostuvo al inicio de la entrevista que Democracia Viva se enfocó más bien en trabajos de diagnóstico participativo en Antofagasta y que todo lo relacionado con asuntos de infraestructura fueron subcontratados, lo que dijo, hacían todas las fundaciones “desde el gobierno anterior”.

• La administración Boric ha sugerido que el origen del problema en el caso Convenios comenzó en 2011, cuando la Ley de Presupuestos incluyó la partida “Programa Aldeas y Campamentos” para traspasar recursos desde el gobierno central a los municipios con el objetivo de otorgar soluciones a las familias en situación de campamentos y que la glosa presupuestaria que permitió la participación de las fundaciones comenzó a aplicarse en 2019, cuando la iniciativa pasó a llamarse “Programa de Asentamientos Precarios”.

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