El problema se circunscribe a 97 millones de pesos. Durante la entrevista, Andrade evitó enfrentar al gobierno e incluso llegó a señalar que el ministro Luis Cordero -coordinador del comité de crisis del gobierno por el caso Convenios- había sido muy cuidadoso en los términos legales que había utilizado, pese a que el fin de semana sostuvo que “Democracia Viva es un caso de corrupción”.
“Este es mi gobierno, el gobierno está empujando los cambios”. Durante buena parte del programa el también ex presidente de la FECH se mostró arrepentido de haber firmado el convenio, sosteniendo que fue imprudente, que no midió los riesgos políticos y que se avergonzaba de lo ocurrido, relatando que ha tenido problemas médicos a partir del escándalo, como crisis de pánico. Uno de los focos de su arrepentimiento, dijo, es el daño que ha generado a la administración Boric: “Este es mi gobierno, el gobierno que está empujando los cambios”.
“Yo no llamé al ministro Jackson”. En 2018, Daniel Andrade llegó a RD desde el movimiento estudiantil UNE, situándose en el ala izquierda de la colectividad. Un año después, en las elecciones que enfrentaron a Catalina Pérez y Javiera Parada por la presidencia del partido, el poderoso Giorgio Jackson logró que la facción que lideraba Andrade, ex presidente de la Fech, apoyara a la diputada, lo que para algunos fue clave en el resultado de la elección y la salida de Parada de RD. Desde entonces en el partido reconocen el vínculo de ambos.
Catalina Pérez no intervino. A su ex pareja la trató siempre de diputada. Y sostuvo que, junto con el daño que le hizo al gobierno, le dolía haber perjudicado a Catalina Pérez. Andrade, al igual que ella, sostuvo que no intercedió en favor de él ni de Democracia Viva, pese a que el ex Seremi de Vivienda de la región, Carlos Contreras (ex RD), impulsó el convenio por un total de $426 millones con la Fundación, representada legalmente por Andrade. El ingeniero era pareja de la diputada Pérez, mientras que el ahora renunciado seremi fue jefe de gabinete de la misma parlamentaria.
“Yo no he hablado con Javiera Martínez”. A Andrade se le consultó si había conversado del tema con la Directoria de Presupuestos Javiera Martínez, indicándosele que ella bajó la “vara” a las fundaciones y que, en medio del debate por la Ley de Presupuesto de 2023, se eliminó el requisito de 2 años que debían tener las fundaciones sin fines de lucro para adjudicarse fondos, entre otras cosas.
Lo mismo ocurría en el gobierno de Piñera. Bajo el argumento de que Democracia Viva y el caso Convenios es un problema estructural del Estado, el ingeniero sostuvo al inicio de la entrevista que Democracia Viva se enfocó más bien en trabajos de diagnóstico participativo en Antofagasta y que todo lo relacionado con asuntos de infraestructura fueron subcontratados, lo que dijo, hacían todas las fundaciones “desde el gobierno anterior”.
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